| APERTURA AÑO JUDICIAL 2012 | ||
Nuestro objetivo es exponer los principales esfuerzos emprendidos en las distintas áreas que conforman la administración de justicia para que sirvan a la ciudadanía de insumo para evaluar nuestra labor y a nosotros como un retrato del desempeño institucional y apoyo a la toma de decisiones del gobierno judicial. Este momento resulta ser –además- el más propicio para agradecer y reconocer a todos los jerarcas de los distintos ámbitos por la colaboración prestada para hacer de esta rendición de cuentas un acto significativo y por sus claros esfuerzos por superar los retos que nos plantea la sociedad, con mucho compromiso y mística a pesar de las limitaciones que la crisis presupuestaria nos impone. Con la lectura del mismo, podrán detallar en la labor realizada en el año que recién ha transcurrido y notar la gran cantidad de esfuerzos novedosos, dirigidos a intentar nuevas formas de afrontar el trabajo y de brindarle un mejor servicio a nuestros usuarios. Las dificultades económicas por las que atraviesa el país, de las que el Poder Judicial no es ajeno, conllevan a que debamos proponer iniciativas para que con los recursos humanos y materiales con que contamos, podamos salir adelante con el compromiso de darle a la comunidad una justicia de calidad, que contribuya a lograr la paz social y el desarrollo económico, social y político de nuestra sociedad. Naturalmente no todas las ideas y pruebas se concretarán como políticas institucionales, ya que diferentes razones harán que algunas sean poco practicables –algunas veces por razones de costo-, pero es muy valioso observar en el informe, una valiosa proliferación de ideas puestas en práctica para elevar la calidad del servicio que se presta. Toda esta actividad revela un gran compromiso y también una masa crítica que permanentemente evalúa e innova en la producción de ideas, todo en beneficio de la labor judicial. El informe nos revela claramente una institución que hace ingentes esfuerzos para producir mayores y mejores resultados con los recursos que han sido puestos a su disposición y nos habla de una creciente demanda de servicios judiciales por parte de una población cada vez más exigente de los derechos que durante décadas se han concedido, no siempre con el análisis de la capacidad económica y estructural del Estado para cumplir estas obligaciones. Se trata en este último caso, de una tónica que difícilmente va a variar en los años que vienen, de modo que los enfoques críticos, las salidas innovadoras, y hasta los ajustes radicales cuando sean necesarios, son las mejores herramientas para sacar adelante nuestra tarea. El Poder Judicial costarricense se acerca a los ciento noventa años de existencia al servicio de la sociedad y durante todos esos años le ha tocado ser testigo -y muchas veces protagonista- de los numerosos cambios sucedidos tanto al seno del Estado costarricense como –principalmente los que han afectado a nuestra sociedad.- La actualidad no es en absoluto la excepción esta tendencia y -como país- cruzamos hoy por una época que parece caracterizarse tanto por la amenaza permanente de crisis económica como por una zozobra ideológica y un decaimiento moral que se viene afincando en las personas, de manera que –como es obvio- las instituciones estatales no hacen sino reflejar ese estado de cosas que define a la sociedad costarricense de nuestro tiempo. La respuesta que como comunidad hemos intentado hasta ahora ha sido apostarlo todo al valor de las leyes y del ordenamiento jurídico, así como a la obligación de los operadores jurídicos de aplicar la ley y resolver todos los problemas que nuestras conductas y actitudes provocan. Hemos entrado en una dinámica que pretende resolverlo todo con normas jurídicas y por esto mismo nos hemos convertido en una sociedad altamente litigiosa en la cual –por necesaria consecuencia- se hipertrofia el papel de la administración de justicia a la cual se le plantean todos los conflictos grandes y pequeños, los de importancia estatal o relevancia doméstica y se le exige por supuesto que lo resuelva a favor de los reclamantes.- Todo lo anterior ha hecho que la ciudadanía espere del Poder Judicial muchísimo más de lo que éste puede dar con su estructura y organización actuales, las que, en buena parte, son el producto y reflejo de un noción de sociedad y de Estado que desde hace tiempo solo encontramos en los libros de historia. Ahora bien, nadie que esté medianamente informado puede dejar de reconocer que a lo interno del Poder Judicial hemos entendido lo anterior y ello ha hecho que se hayan tomado por parte de quienes gobernamos la institución una gran cantidad de medidas dirigidas a reorientar en la medida de lo posible el trabajo judicial y proveernos de los instrumentos adecuados para asumir esas nuevas exigencias. En este sentido es muy encomiable la actitud asumida por las compañeras magistradas y compañeros magistrados para sumar a sus labores jurisdiccionales normales, un tenaz liderazgo en los cambios y reformas planteadas para intentar que el Poder Judicial mantenga el paso frente a los requerimientos de la población. Producto de estas iniciativas –y al igual que en años anteriores- hemos visto cristalizar esfuerzos en distintas áreas como la atención de poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables; la consolidación de los proyectos de flagrancia -cuya efectividad se ha demostrado-, la ampliación de la oralidad a distintos despachos y materias así como la exitosa puesta en funcionamiento de programas de justicia restaurativa con un enfoque diferente del papel de la justicia en materia penal. También resultan satisfactorios en este mismo sentido, el impulso que se ha dado a los juzgados electrónicos y sin papeles que se han puesto a funcionar y el apoyo que la Corte ha reconocido al Programa de Gestión de la Calidad, que pone el acento en la mejora de la calidad de la administración de justicia a través de la organización del trabajo del despacho, la normalización de actividades y la medición de sus resultados; todo ello, por supuesto, sin perder la continuidad que hemos logrado darle a cuestiones de igual importancia, como son los temas de género, los de valores y la transparencia en nuestras actividades. Resalta en el informe el interés que ha puesto la institución por atender las jurisdicciones con alto contenido social, pues es innegable que la crisis por la que atraviesa nuestro país, afecta en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, lo cual nos ha llevado a prestar especial atención a los temas de pensiones alimentarias, laboral, penal juvenil, violencia doméstica, agrario, jurisdicciones que han ocupado la especial atención de compañeras y compañeros en busca de soluciones a los problemas que tradicionalmente han presentado y que conllevan a que esa justicia no sea ni pronta ni cumplida, en los que se han encontrado medios que nos permiten dar un mejor servicio en ellas. Ahora el esfuerzo debemos centrarlo en lograr extender las buenas experiencias a otros lugares para extenderlas en todo el territorio nacional. En estos temas y en una buena cantidad de otros, siempre habrá voces disidentes, pero lo cierto es que no puede negarse el avance logrado, gracias a la guía y valioso apoyo de todas las compañeras y los compañeros Magistrados y Magistrados a quienes resulta oportuno hacer un reconocimiento en esta oportunidad. Así, encontramos entonces un Poder Judicial que se ha enfrentado con resolución a la necesidad acomodarse a las nuevas contingencias sociales y esto nos ha venido mostrando claramente que no vamos a poder avanzar mayormente sin abordar un tema clave en nuestra organización, cual es sin duda la apropiada gestión de los despachos judiciales, en tanto son ellos las unidades básicas del trabajo judicial por lo que su eficaz organización y funcionamiento eficiente serán al final lo que marque la diferencia entre el éxito o el fracaso de nuestros planteamientos. Lo que sí está claro es que debemos abandonar ya la organización artesanal del despacho judicial que nos fue legada en la Colonia, para ir a un centro de trabajo debidamente gerenciado, con metas y objetivos claros, en el que la eficacia y eficiencia marquen su actuar y en el que el uso inteligente de las nuevas tecnologías sea una herramienta que aporte soluciones y no conlleve a fortalecer las malas prácticas que debemos y queremos superar. Sin embargo, conforme la sociedad va evolucionando aceleradamente, cada día que pasa nos resulta más claro que ningún esfuerzo exclusivamente interno será suficiente y que la modernización y adaptación del Poder Judicial a los nuevos requerimientos, tendrá un alcance limitado si nuestra organización no se incorpora como un elemento integrante y un protagonista real de las políticas públicas del Estado costarricense. Y no hablo evidentemente aquí poner en juego las condiciones de independencia en que los jueces de la República deben ejercer su labor de impartir justicia, sino todo lo contrario, es decir, tenemos como sociedad que reconocer que la especial labor del juez no se da en el vació sino que su labor modela la sociedad para la cual administra justicia y es a su vez influida de muchas maneras por el entorno y las condiciones sociales y de trabajo. Sobre esta línea, debemos plantearnos por ejemplo el tema general del gobierno del judicial y sus políticas respecto a la carrera judicial y los estímulos para reclutar servidores de calidad. E igualmente –ahora que por la excesiva judicialización del quehacer político, el Poder Judicial se ha convertido en objetivo político- habrá que abrir un amplio debate sobre las medidas a tomar para fortalecer la independencia judicial frente a esta realidad y a la vez que la labor del poder judicial se engarce con las políticas públicas en pro del desarrollo nacional. También debemos discutir seriamente como país la cuestión del costo económico que implica lograr una sentencia estimatoria que luego no pueda materializarse por la insuficiencia o la inoperancia de los medios estatales establecidos para hacerla realidad o bien la tendencia a asignar nuevas responsabilidades al trabajo al Poder Judicial, para luego escamotear los recursos necesarios para llevarlas a la realidad por los jueces en el ejercicio de su competencia. En todas estas y otras cuestiones similares, estamos llegando ya al límite de lo que nosotros a lo interno podemos hacer y me parece que ya no resulta posible ir mucho más allá sin dar el salto para integrarnos plenamente dentro del quehacer estatal a través del adecuado reparto de funciones y tareas, así como mediante la convergencia en una sola estrategia nacional en la amplia materia de la justicia. Puedo comprender que este tema quizá pueda provocar temores y recelos en algunos de quienes integramos el Poder Judicial, principalmente porque en nuestro entorno las cuestiones de política judicial del Estado han sido dejadas por los gobiernos en las exclusivas manos de la Corte Suprema el Justicia y la mejor prueba de ello está en revisar los planes nacionales de desarrollo y constatar la ausencia de estrategias y políticas para el sector de la administración de justicia, así como en la poca atención que se le presta a la modificación legislativa para adaptar los procedimientos y la organización judiciales a los requerimientos de la época actual. Son ya muchos los años de espera a una respuesta a las muchas iniciativas legislativas que se han presentado, algunas de ellas ya en el archivo de nuestro Poder Legislativo. No obstante, vale la penar recordar que en otras latitudes muchos países exitosos en materia de administración de justicia, tienen bien clara la división de poderes y por ello existen órganos gubernamentales que mantienen a su cargo los temas de política judicial por entender que se trata de cuestiones de gobierno que- como debe ser una democracia- tiene que ser decidida de forma abierta por los órganos más legitimados democráticamente. Sin duda, como país tuvimos buenas razones para no adoptar tales sistemas y podemos decir incluso que nuestro sistema de recargar al Poder Judicial las labores de gobierno y de política judicial funcionó bien cuando la demanda de servicios era limitada, pero nuestra capacidad de atender los distintos requerimientos está muy cerca de agotarse tanto por la cantidad de nuevos derechos que involucran prestaciones del Estado y la marejada de litigios de todo tipo que su desatención produce, como por la apertura de nuevas jurisdicciones correspondientes a nuevas tareas asignadas al Poder Judicial y el fuerte crecimiento y mayor complicación en el trabajo de los órganos adscritos como el Ministerio Público, la Policía Judicial y la Defensa Pública. A manera de ejemplo, la lucha contra las organizaciones delincuenciales y los intentos de mejora de la seguridad ciudadana, ya no pueden atenderse por parcelas y sin manejar una política coordinada entre los distintos actores estatales involucrados.- No hay necesidad de renunciar a las competencias que la Constitución nos entrega para aportar nuestro punto de vista junto con el resto del Estado costarricense en el diseño de políticas públicas y en la coordinación y realización de actividades en las cuales solo una actuación conjunta tiene posibilidades de éxito. En resumen, entiendo que ha llegado el momento en que nosotros como institución y el resto de las autoridades estatales como necesaria contraparte, debemos compartir ideas y responsabilidades en lo que se refiere a la administración de justicia costarricense y ello solo puede hacerse si partimos de una afirmación de principio: la administración de justicia tiene un importante papel que jugar y un compromiso con el desarrollo de este país, y ello solo puede realizarse de buena forma si se nos logran asignan, sistemáticamente objetivos, metas y recursos como parte del plan de desarrollo, para que nuestra contribución a la mejora del sistema tenga una base cierta y responda realmente a lo que los costarricenses decidan que hace falta.- Algunos de ustedes podrían pensar a esta altura, que este planteamiento viene motivado por un agotamiento de la energía interna del Poder Judicial que ahora busca apoyarse en la estructura estatal para intentar salir adelante con su trabajo; pero ello sería totalmente alejado de la verdad.- Como lo indiqué al principio más bien nuestra organización viene presentando una saludable efervescencia en lo que se refiere a ideas y proyectos y justamente la interacción y coordinación que planteo lo que tiende es a buscar una mayor legitimación para nuestras actuaciones frente a una sociedad en la que están cambiando radicalmente las reglas del juego de la actividad estatal y en donde –como dije- una institución no puede ya contentarse con decir, "hice lo que me correspondía y punto".- Más aún, la vitalidad de nuestra organización queda demostrada cuando examinamos las iniciativas que tenemos pendientes de analizar por parte de la Corte Plena respecto al trabajo judicial y en particular cuando recordamos que tenemos en ciernes la discusión la reforma del capítulo constitucional relacionado con el Poder Judicial, las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Ministerio Público y Defensa Pública y otras que son relevantes para nuestra labor y en las que se plantean profundas innovaciones y ajustes a la forma de actual de trabajar. Creo que todos estamos de acuerdo en que las labores y la organización judiciales deben encaminarse con claridad hacia la democratización y hacia la concreción de un modelo de administración de justicia plenamente compatible con las nuevas concepciones democráticas y con sus principios fundamentales y es sobre ello que resulta imperativo abrir una discusión sincera y abierta, que muestre lo mejor de nuestras capacidades para intentar plasmar un sistema duradero.- No se me escapa el hecho de que puede resultar muy tentador, muy cómodo y muy humano tratar de lograr y conservar espacios de poder, en la creencia de que ellos nos pueden servir para plasmar de mejor manera nuestros ideales respecto de la institución. Igualmente, tengo claro que una labor de rediseño tan profunda como la que pretendemos con los proyectos que vamos a someter a discusión tocará una multiplicidad de intereses y puede provocar malos entendidos y tergiversaciones en diferentes sectores de la comunidad, tal y como ya lo hemos visto últimamente con el tratamiento que se ha dado a algunos de los temas de fondo.- Pero soy optimista y confío en que -por encima de actitudes negativas que pudieran surgir- en la discusión de las difíciles cuestiones que vamos a abordar privarán la calidad y el altruismo de miras que existe en todos los miembros de esta Corte.- Tengo la certeza en que el resultado de este arduo trabajo permitirá ofrecer a los costarricenses y a las autoridades del gobierno, una propuesta de reorientación de la administración de justicia ajustada a las nuevas realidades, necesidades e inquietudes de la Costa Rica de este nuevo siglo. Los costarricenses estamos viviendo tiempos intranquilos: son muchas las cosas que han cambiado en nuestro país, y han cambiado además de manera sumamente radical y esto hace que quienes encabezamos instituciones públicas nos encontremos casi de un día para otro con la necesidad de ajustarnos a tales variaciones muchas veces súbitas e impactantes, todo para tratar de estar a la altura de las exigencias y expectativas de los ciudadanos que han confiado en nosotros. El Poder Judicial costarricense ha tenido la capacidad de enfrentar los retos en cada momento que la patria así lo ha demandado, para constituirse en garantía de nuestro compromiso democrático y ahora no será la excepción, se que mis compañeras y compañeros de dirección de este Poder de la República tienen la capacidad y voluntad para aunar esfuerzos para cumplir nuestro mandato constitucional. También conozco el compromiso de la inmensa mayoría de servidores judiciales, que cumplen debidamente su obligación de servidores públicos, en ellos cifro mi esperanza para que juntos podamos continuar garantizando la paz social a nuestro pueblo. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
Diseño Gráfico: Iván Pacheco Leon
Poder Judicial de la República de Costa Rica, ® Derechos Reservados 2012