El informe judicial estuvo a cargo de la magistrada Eva Camacho Vargas y responde a la solicitud enviada por la Comisión con Potestad Plena Primera, de la Asamblea Legislativa.

Establecer que el proyecto de ley "Reforma de los artículos 109 inciso c), 112 y 113 y adición de los artículos 109 bis y 109 ter, de la Ley N° 5476, Código de Familia de Costa Rica", no incide en el funcionamiento del Poder Judicial, fue lo decidió Corte Plena.
El informe judicial estuvo a cargo de la magistrada Eva Camacho Vargas y responde a la solicitud enviada por la Comisión con Potestad Plena Primera, de la Asamblea Legislativa.
El Poder Judicial destacó que después de varios criterios emitidos sobre esta iniciativa de ley, en éste último texto sustitutivo se incorporaron las recomendaciones señaladas con anterioridad.
"En el nuevo texto se suprime la obligación de realizar la prueba de ADN a cargo de los laboratorios del Poder Judicial en caso de que medie duda sobre la filiación y la medida se sustituye por cualquier otra diligencia probatoria que despeje la duda y se atienden las observaciones realizadas con anterioridad, razón por la cual se concluye que la modificación planteada no afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial (artículo 167, Constitución Política). Cabe llamar la atención al nombre de la medida precautoria establecida en el párrafo final de la reforma propuesta al artículo 113 del Código de Familia, como de "ubicación en riesgo", que conlleva una connotación negativa. Podría sustituirse por "abrigo provisional.", determinó el criterio judicial.