Dr. Luis Paulino Mora Mora Presidente Corte Suprema de Justicia

Agradezco al Director de la Escuela Judicial la invitación que me extendiera participar con una breve motivación en la clausura de la Primera Promoción del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura. Como Ustedes recordarán el catorce de octubre del año pasado en este mismo Auditorio dábamos el banderazo de salida al Programa que hoy culmina en su Primera Promoción. Para mí es un placer estar aquí con Ustedes en este acto que tiene un gran simbolismo, porque es representativo del constante esfuerzo y compromiso del Poder Judicial en la búsqueda de una mejor administración de justicia.
Como se los comenté en aquella oportunidad, la figura del juez que buscamos en el Poder Judicial costarricense es el que mejor represente la concepción moderna y democrática del sistema de administración de justicia.
Ese juez es un tipo especial de funcionario público que nace de la necesidad social de poner a funcionar un sistema formal para la resolución de cierta clase de conflictos. Aparece como aquel funcionario estatal que puede protegernos en nuestros derechos, a quien acudimos porque consideramos que tiene la capacidad de darnos lo que nos pertenece. No resulta extraño entonces que estos servidores vengan a ser pieza clave en un estado democrático de derecho, pues funcionan como un factor de equilibrio entre los integrantes de la sociedad, que pueden acudir a él en busca de satisfacer sus peticiones que -de otro modo- tendrían que imponer a los demás mediante la fuerza, concepto este último totalmente contrario a la idea de democracia.
Lamentablemente diferentes circunstancias han hecho que en países como el nuestro los jueces perdamos a veces el rumbo y nos convirtamos en obstáculos a la democracia y no en sus valedores. Debido a la herencia de los sistemas francés y español es común escuchar la caracterización que se hacía de los jueces como "la boca de la ley", para dar a entender que en realidad ellos eran simples aplicadores del catálogo de respuestas que el cuerpo legislativo había decidido promulgar para su aplicación general; sin atención a la persona o conflicto social que hay detrás. Esos jueces no resuelven el conflicto planteado ante ellos, sino que se limitan a proveer una solución a nivel del expediente sin preocuparse mucho ni poco por la realidad subyacente; a esto contribuyen el acentuado formalismo de los sistemas procesales y la predominancia de la escritura en ellos, que hacen que las partes pierdan el papel protagónico para cederlo a los llamados "expedientes".
Vemos así como el ciudadano, luego de invertir recursos y tiempo en el litigio, puede encontrarse con un juez frío, distante, desconectado de la realidad social, renuente al cambio, y sin ninguna conciencia sobre su verdadero rol en una sociedad democrática, un juez que prefiere resolver sobre un expediente que enfrentarse al conflicto que lo origina y resolverlo.
Este panorama, bastante desalentador, produjo en nuestro país una justicia ineficiente, ineficaz, insuficiente; una justicia desesperadamente escrita, formal retórica, ausente; una justicia reservada cuasi secreta, con jueces ausentes y desconocidos; burocratizada, desorganizada. Una justicia con una mala atención al usuario no solo cuando llega al mostrador del despacho en busca de información sobre su caso sino cuando, como muchas veces, luego de una espera considerable le indican que el expediente está "perdido" y debe volver otro día para poder imponerse del estado en que se encuentra la encuesta judicial que le interesa.
Para hacer frente a estos obstáculos necesitamos jueces con una mentalidad abierta, conscientes de su función en la sociedad y con espíritu de servicio. El perfil de un juez en un Estado que busque calidad en su justicia y en su sistema democrático, exige personas honestas, independientes, pero a la vez con la apertura mental necesaria para discernir en armonía y con respeto. No podemos darnos el lujo de tener jueces autoritarios, prepotentes con las partes y hasta con sus mismos compañeros, individualistas y prejuiciados, cuando pretendemos lograr una sociedad fundada en los principios de tolerancia y respeto. El juez de la administración de justicia que el mundo actual demanda debe promoverse en el deber de estar más cerca del caso y las partes.
Indudablemente, la parte central de nuestro servicio, es la respuesta del juez, frente al ciudadano y por eso es indispensable, orientar la cultura organizacional, hacia un concepto del juez, como aliado de la sociedad, como garante de los derechos ciudadanos, que busque la solución del conflicto por encima de excusas burocráticas, consciente de que su rol en la sociedad es determinante para las relaciones familiares, económicas, sociales, comerciales, con el Estado, en fin, para la convivencia pacífica en general. Este nuevo rumbo, producto de la evolución democrática, define la justicia como un servicio público, con la persona –el ser humano que acude al juez y no el juez en si mismo-, como eje central de su actuación.