Dr. Luis Paulino Mora Mora Presidente Corte Suprema de Justicia

Agradezco a la organización la invitación que me cursara para participar en la inauguración del IX Seminario de Gestión Judicial, Seminario que constituye, al igual que los que le han precedido, en un esfuerzo del CEJA por poner a disposición de los Poderes Judiciales del área, información actualizada sobre como lograr un mejor desempeño de la justicia en nuestro continente. Quiero, primero que todo, expresar mi reconocimiento al magnífico esfuerzo que a través de varios años ha realizado la organización de este evento y que cada vez logra reunir a más juristas de una excelente calidad. Para mí es un placer y un honor estar aquí con Ustedes en este acto representativo del constante esfuerzo y compromiso del Poder Judicial costarricense en la búsqueda de soluciones para una mejor administración de justicia. Se me ha pedido les hable de cuál es mi visión de un poder judicial democrático en tiempos de cambio, lo haré teniendo como base la reforma del Poder Judicial costarricense en los últimos años, con la que hacemos esfuerzos por cambiar la estructura y los procedimientos para cumplir con las exigencias propias de esa forma de vida.

La opción democrática adaptada en el Continente conlleva que debamos ajustar las instituciones del Estado a los principios que informan esa forma de manifestación política, la búsqueda del bien común, la persona humana como centro del sistema, la administración de justicia no está fuera de esa obligación, la que debe constituirse en un medio efectivo de garantía de los derechos de las personas que no se cumple de forma cabal en un sistema que aún conserva las características del que nos fue impuesto en la Colonia. Justicia que según la describe el autor español Alejandro Nieto, es: jerarquizada, autoritaria, inquisitiva, conservadora, lejana, no comprometida con la solución del conflicto social, lenta, ineficiente e ineficaz, desigual, no transparente, escrita y su función es la defensa del statu quo.

Los Poderes Judiciales de América han estado desde hace bastante tiempo preocupados por su accionar, buscando cambiar los viejos moldes por otros propias del sistema político por el que optó el constituyente. Se acepta que el sistema tiene signos claros de agotamiento y no da respuesta a las nuevas exigencias que una población más conocedora de sus derechos le demanda. Entre otras criticas, se les señala que son lentos, poco transparentes, en no pocas veces corruptos, ineficientes e ineficaces.

La opción democrática que han tomado los países del área, la mayor educación de la población, el crecimiento de esa población y en consecuencia de las transacciones comerciales, la existencia de mayores conflictos sociales, el uso del Internet, entre otros factores, hacen que el nivel de demanda haya aumentado, sin haberse logrado una organización que pueda resolver oportunamente el conflicto social, sometido a su conocimiento.

Estamos en tiempos de cambio y ya le llegó la hora a los Poderes Judiciales por buscar cómo adaptar su estructura y funcionamiento a las exigencias de esa población más conocedora de sus derechos.

Bajo este panorama, mi intervención esta mañana va a girar en torno a los siguientes puntos: el cambio conceptual de ver a la justicia como servicio público, dentro de un ambiento democrático. El uso de oralidad para disminuir la burocracia judicial y lograr, a su vez, una mejor comunicación entre las partes y los jueces. Finalmente, la transparencia como uno de los atributos esenciales de la democracia frente a otras formas de gobierno; transparencia que los Poderes Judiciales no están exentos de cumplimiento.

Para hacer frente a los mencionados desafíos, lo primero que necesitábamos era un cambio en la percepción de la función que cumple el Poder Judicial. Desde hace unos pocos años y conforme hemos ido desarrollándonos como sociedad, se ha venido gestado un enfoque aún más ambicioso del papel del Poder Judicial en la sociedad, en el que el juez se constituya en un verdadero productor de paz social, de solucionador de los conflictos del habitante con sus congéneres y con el Estado, en el que sea un verdadero garante del ejercicio de los derechos humanos de los habitantes. Esta perspectiva parece ser el paso natural hacia adelante en relación con las concepciones anteriores. Es decir, no basta ya con delinear en el papel los derechos de las personas y las figuras de protección de los ciudadanos o deslinde de derechos; es necesario ahora que se pongan en práctica y que lo hagan bien. Se avanza con ello hacia la redefinición del Poder Judicial pero ya no más como un Poder en sí mismo, sino como un servicio público, con la persona -el ser humano que acude al juez- como eje central de su actuación, de modo que las obligaciones de quien ejerce la administración de justicia con la sociedad no se agotan en el cumplimiento de papeles sociales, sino que, como consecuencia de la evolución hacia una democracia realmente participativa, se le comienza a exigir que los cumpla a plena satisfacción de la ciudadanía que entra a participar y opinar sobre el servicio de justicia que recibe.

El fundamento para ello es el reconocimiento de que no hay más poder soberano que el que le corresponde al pueblo: cualquier otro poder es delegado y sujeto a rendición de cuentas, incluido por supuesto el entregado al Poder Judicial, de modo que es el ciudadano quien debe ser el eje y el fin de las acciones del órgano.

Estas ideas encuentran abrigo en la noción de "calidad de la democracia" que en los últimos tiempos ha entrado a fungir como parámetro para medir el verdadero grado de libertad y equidad en las sociedades, y dentro del cual la "calidad de la justicia" y su confiabilidad ocupan un puesto determinante. Se trata de la confirmación de que la justicia juega un rol fundamental en la construcción de una verdadera democracia, pues ella resulta pieza clave para el éxito, por ejemplo, en la construcción de un sistema económico seguro y fluido, o en el desarrollo de las políticas públicas encaminadas a fortalecer las áreas sociales, como la protección de la infancia, la familia, la mujer, el anciano desvalido, entre otras.

Del desarrollo y puesta en práctica de esta concepción de la justicia como servicio público se han delineado ya algunos indicadores o parámetros adecuados en esta labor de valoración como son los siguientes: En primer lugar el grado de acceso que tenga la población al sistema de administración de justicia o Poder Judicial; en segundo, la eficiencia y rapidez en la resolución de los procesos; el tercero, el costo tanto para los particulares en los casos concretos, como el que le representa a la sociedad el funcionamiento del órgano y, por, último, el grado de independencia.

Sea una justicia:
Con acceso garantizado sin exclusiones.
Con jueces capacitados y honestos.
Con procedimientos comprensibles para los justiciables.
Que resuelva el conflicto bien y prontamente.
Con buena atención para el usuario.
Transparente en su actuar.
Que entienda cuál es su rol en democracia.

Un aspecto que va muy ligado al sistema de justicia como servicio público, es el uso de la oralidad en las distintas materias. No tenemos que perder de vista en este sentido, que no se trata simplemente de "oralizar la escritura" como lamentablemente fue el caso en mi país y de varios del área durante buena parte de nuestra temprana experiencia con sistemas pretendidamente orales desde mediados de los años setenta del siglo pasado. En aquel momento pudimos por ejemplo hacer frente a las exigencias del nuevo sistema de juicios orales penales sin cambiar mayormente nuestra cultura y preparación, por la simple razón de que en vez de adaptarnos al cambio, adaptamos el sistema a nuestra formación profesional predominantemente escrituraria. Con lo que no se lograron las bondades de la oralidad y se consolidó más lo que quería superarse, las falencias de la escritura, sobre todo la tardanza en la solución del caso sometido a conocimiento del juez, pues a la etapa escrita que ya se tenía, se le incluyó una deficiente actuación y representación oral, en la que se debía de repetir lo actuado en un expediente.

Detrás del establecimiento de la oralidad como mecanismo primario de comunicación e intercambio de información entre las partes y el juez, se encuentra la necesidad de aprender y reaprender incluso las distintas dinámicas de los procesos de cognición. También jueces y partes deberán razonar de diferente forma frente a las situaciones que estaban acostumbrados a enfrentar bajo moldes escritos. La oralidad requiere una acción inmediata, una reacción conforme se van desarrollando los hechos y una destreza especial en el razonamiento.

Sin embargo, no debemos olvidar que la oralidad también puede presentar y presenta de hecho, limitaciones como medio de comunicación y que como se ha planteado en algún momento, existirán cuestiones que el medio escrito hace más comprensibles. Pero esas posibles limitaciones no ensombrecen en absoluto lo que para mí es la mayor característica de los sistemas orales y ella es su calidad democrática, en tanto permiten a los jueces y ciudadanos acercarse y oírse mutuamente, lo cual a su vez obliga a los funcionarios a buscar la calidad y excelencia para poder legitimarse ante la comunidad. Para mí, la afirmación de que lo anterior es saludable para una democracia está fuera todo cuestionamiento.

En Costa Rica distintas materias cada vez más buscan y se interesan en sacar la mayor ventaja del ejercicio de la oralidad en la administración de justicia. En materia penal hemos dado una profundización a la oralidad en todos los niveles del trámite, incluido por supuesto la fase plenaria del debate, y cuyo registro se facilita con la tecnología de videograbación. Igualmente intentamos un cambio radical en materia contenciosa con un rediseño del proceso para llevarlo hacia el concepto del proceso por audiencias con mayor agilidad y posibilidades de negociación y conciliación. Hemos implementado la oralidad en materia laboral entre otros Despachos en el más grande del país y se hacen importantes experiencias en pensiones alimentarias, agrario y cobratorios.

Esta claro que ninguna sociedad puede mantener su estabilidad política y tranquilidad, si no existe la confianza de que el ejercicio del poder se lleva a cabo, sino con eficiencia, al menos con rectitud. El Poder Judicial como parte del esquema tripartito de poder, está obligado también -y yo diría que doblemente por la naturaleza de su función-, a transparentar sus actos.

En el pasado bastaba para cumplir con las exigencias de la democracia, que los jueces fuéramos buenos técnicos en derecho. No había, al menos en Costa Rica, mayor exigencia, la gente aceptaba de buena fe lo que dictaban los tribunales de justicia -aún así no estuvieran de acuerdo en todos sus fallos-, que eran como torres de marfil, impenetrables para la mirada de la ciudadanía.

En la actualidad se dan muchas variables que nos obligan a replantearnos todo el esquema de administrar justicia frente a la ciudadanía. La primera de ellas y tal vez la más relevante es que la gente no confía en la justicia y esa desconfianza no es gratuita. Recordemos que para empezar la justicia no se legitima por medio del voto popular. Los jueces dependen de la confianza pública para poder realizar sus tareas. Esta confianza debe recaer en los dos elementos que definen la actividad judicial: la independencia y la imparcialidad. La persona que juzga debe ser considerada por las personas como independiente e imparcial. La existencia de esta creencia es la que legitima las decisiones judiciales. Por eso los jueces debemos tener comportamientos que para un observador razonable sean y parezcan irreprochables.

Existe una crisis de legitimidad del poder que también afecta al Poder Judicial, aunque no queramos. Por el sólo hecho de ser parte del esquema de poder del Estado estamos metidos en el mismo saco y esta crisis tiene que ver con la crisis política que enfrenta toda América Latina, agravada por la desigualdad y la corrupción rampante de nuestras sociedades. En estas circunstancias, no es fácil creer en la Ley, ni en los tribunales, porque recordemos que la eficacia del derecho depende en mucho de la eficacia de los tribunales, son dos caras de una misma moneda, por eso si se quiere construir una democracia que tome en serio la ley, para que ella sirva de instrumento para compensar y allanar las desigualdades sociales, entonces se deberá también tener una política de igual característica frente a los sistemas judiciales.

Como si fuera poco, los Poderes Judiciales se han convertido en espacios de lucha política. La inoperancia del sistema político o la incapacidad de este para tomar decisiones, hacen que temas trascendentes terminen siendo definidos en el Poder Judicial, que ahora ya no aparece como un poder tan neutro e inofensivo, circunstancia que para algunos sectores contamina su neutralidad.

Todas estas circunstancias ponen a la justicia en un lugar protagónico en el escenario político, donde hoy más que nunca, los ojos de la ciudadanía están volcados sobre la actuación de las juezas y los jueces. Ello nos obliga a tener exigencias muy altas para lograr en estas circunstancias tan difíciles una gestión transparente que sea percibida por la ciudadanía como confiable.

Nuestro desafío consiste entonces en emprender cambios profundos a la organización y funcionamiento de nuestros Poderes Judiciales que garanticen tanto que contaremos jueces éticamente irreprochables como con un servicio público comprometido con la transparencia.

El alto índice de desconfianza que padecen los Poderes Judiciales de nuestra América Indiana obedece principalmente al retardo judicial, a la ineficiencia e ineficacia de la justicia para la solución del conflicto social en un plazo razonable, a la incomprensión del enmarañado procedimiento establecido para la actuación de los jueces, a la mala atención del usuario en el mostrador, entre otras causas. Hasta este momento los Poderes Judiciales han tratado de dar solución a esos problemas con reformas legislativas, principalmente en los procedimientos, pero ese método está absolutamente agotado. Ahora se debe dar un nuevo aliento a la reforma, enfrentar los problemas con un verdadero diseño de política pública de la justicia, pensada y planificada debidamente, con visión de largo alcance, en donde la satisfacción del usuario sea una de las condiciones a cumplir.

Deben las cúpulas judiciales preocuparse por estructurar debidamente esa política, con participación de todos los involucrados y con la debida asesoría de otras profesiones más allá del derecho: administradores, planificadores, ingenieros de sistemas, informáticos, estadísticos, son sólo algunos de los legitimados para actuar en ese diseño y llevarlo a la práctica. Los cambios que afectan más profundamente un saber, por regla general no surgen de la misma área, vienen con una alta ayuda de fuera, de otras ideas que generalmente provocan resistencia; la administración de justicia no es la excepción, en su rediseño, reitero, es necesario contar con la debida asesoría de otras profesiones más allá del derecho.

El despacho judicial debe ser rediseñado, para cambiar el artesanal que nos fue heredado por la Corona española, a uno debidamente administrado, en donde las actuaciones estén debidamente gerenciadas, al igual que la tramitación del caso a conocer por los jueces.

Las funciones de los jueces deben también ser revisadas, para especializarlos por materia y por función, logrando que ellos sólo realicen lo que sólo ellos pueden realizar, dejando para otros las restantes labores no jurisdiccionales que son necesario ejecutar para lograr que el conflicto sea resuelto con oportunidad y debidamente.

La legislación procesal y la organizacional deben ser actualizadas, suprimiendo en las primeras todos los pasos innecesarios que retrasan la toma de decisiones y aceptando nuevas formas de hacer las cosas y las segundas remozando la organización para darle eficiencia al engranaje. Los Poderes Judiciales de América no tienen cultura organizacional, se carece de valores, estilos y dinámicas de trabajo tendentes a lograr resultados. Se mantiene en el tiempo las formas de organización y desempeño (más de lo mismo), con el rechazo de intromisiones extrañas que vengan a demostrar la necesidad del cambio y nuevas modalidades de lograr una justicia más eficiente y eficaz. La estructura judicial se ha mantenido inalterada en América, manteniendo los moldes que nos legaron de Europa hace ya 500 años.

Las nuevas tecnologías deben ser utilizadas debidamente, si han demostrado que en otras áreas del quehacer humano han dado buenos resultados para el manejo de la información, mejorar las comunicaciones, poner información a disposición de los interesados, supervisar la actuación de los involucrados, etc, ¿por qué no utilizarlas como medio para imprimir celeridad y eficiencia a la justicia?, me pregunto.

Todo ese cambio tiene un eje transversal de marcada importancia, el cambio cultural de los usuarios del sistema, tanto internos como externos, que deben visualizar la justicia como un servicio público que debe ser cumplido con altos márgenes de calidad. Se trata este del reto más difícil, cambiar paradigmas en el ser humano no es tarea fácil. El siempre se ha hecho así resulta ser mucho más fuerte que la necesidad del cambio, sobre todo cuando ésta no está debidamente demostrada y apoyada.

La justicia como servicio público, la oralidad y la transparencia se han constituido en la base fundamental de la Gestión Judicial, pero sólo con ellos no logramos nada. Debemos recordar que siempre habrá un ser humanos detrás de la acción de esas herramientas, un ser humano que necesita conocerlas y desempeñarse debidamente con ellas. Por ello es necesario capacitar a ese ser humano a desempeñarse debidamente para hacer que nuestra administración de justicia sea un servicio público de calidad.

La justicia debe ser eficiente y eficaz para satisfacer una exigencia democrática (solución de los conflictos sociales, para lograr la paz y patrocinar el desarrollo social, político y económico.
La reforma no debe perseguir popularidad sin prestigio, sino credibilidad. Todo debe tender a lograr una justicia más célere, más cercana al ciudadano, más comprensible, que se aprecie como un servicio público de calidad y que efectivamente resuelva el conflicto en un plazo razonable, en la que el juez esté directamente relacionado con los justiciables y comprenda plenamente el conflicto que se le plantea.

A los invitados extranjeros, que nos hacen el honor de visitarnos y coadyuvar en nuestros esfuerzos, les extiendo mi más caluroso agradecimiento y abrazo fraternal, por la desinteresada labor en la búsqueda de soluciones en el mundo del derecho, que de seguro se reflejaran en hacer posible una normalización de la convivencia social. Espero que los anfitriones no solamente les programaran actividades de trabajo, sino que les den oportunidad de conocer algunas de las bellezas naturales que tiene nuestro pequeño país.

No me cabe la menor duda de que serán tres días agitados e intensos en el que de seguro llegarán a conclusiones muy interesantes lo que debe redundar inequívocamente no solo en un mejoramiento permanente en la calidad de los profesionales en Derecho que nos acompañan, sino también en soluciones a la administración de justicia de los países que conforman nuestro círculo de cultura jurídica, para que cumplan plenamente con las exigencias que le impone el sistema democrático por el que hemos optado como programa político de convivencia.

Muchas gracias.