Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda - Presidenta Consejo Directivo Escuela Judicial

En la sociedad actual, la justicia es un elemento consustancial de la democracia, al punto que válidamente puede plantearse que sin justicia no existe la democracia, y sin democracia no puede existir verdadera justicia. El tema va más allá cuando consideramos modernos desarrollos que nos refieren al concepto de la «democracia insuficiente», situación a la que nos enfrentamos no pocos países occidentales, y que en muchas realidades nacionales ha dado lugar a insatisfacciones populares respecto de la democracia como régimen político. Dentro de aquel marco de relación intrínseca entre democracia y justicia, en el surgimiento y desarrollo de esta noción de la «democracia insuficiente» tiene un papel destacado el concepto que la sociedad tiene de la justicia como sistema.

En este ámbito entran en juego también diferentes factores relacionados tanto con la estructura y organización de la justicia, como de las personas encomendadas para administrarla. Esto por cuanto, en definitiva, es ante la administración de justicia, que las personas perciben y entienden si sus derechos se encuentran responsable y plenamente protegidos, o si, por el contrario, la defensa de sus derechos fundamentales se encuentra condenada al fracaso.

De ahí la importancia de contar con funcionarios administradores de justicia competentes y probos, comprometidos con su quehacer, entendidos de sus responsabilidades, e involucrados con la defensa efectiva de los derechos.

Para ello, resulta impropio que la administración de justicia se conforme con la preparación académica de nuestras escuelas de derecho. No se trata de demeritar por ningún concepto la preparación de los profesionales en derecho; por el contrario, se trata de reconocer que el ejercicio de la función judicial, requiere una preparación especializada si se pretende el ejercicio ágil, efectivo y eficiente de la función. Se trata de reconocer el ámbito de las especialidades formativas. Los procesos habituales de formación contenidos en el currículo de nuestras casas de enseñanza superior, son contundentes en preparar a los estudiantes, ávidos de ello, en técnicas y estrategias de litigio, pero regularmente también, algo ajenos a la comprensión de la función judicial. Es por esta razón, y partiendo de la necesaria diferenciación que puede apreciarse entre el académico, el litigante, el activista, el fiscal, el defensor, el consejero y el consultor, que el Poder Judicial ha pretendido complementar la preparación general de los profesionales en derecho, mediante estrategias educativas que permitan la debida asunción no sólo de conocimientos teórico-prácticos sobre determinadas áreas del conocimiento jurídico, sino también, especialmente, del uso, manejo y practicidad que a esas mismas áreas se les reconoce y otorga en el ejercicio de la función judicial. Esta preparación se ha abordado históricamente mediante estrategias diferenciadas en dos niveles: preparación en servicio y preparación de nuevo ingreso. La primera, destinada a la actualización profesional de quienes ya ejercen la judicatura; la segunda, dirigida a formar a aquellos profesionales ya graduados que deseen optar por el ingreso a la función judicial como administradores de justicia, y que permita al propio Poder Judicial, procurarse el recurso humano competente de acuerdo a su propia necesidad de servicio, con la orientación clara de lo requerido, y con los contenidos académico-profesionales apropiados para el ejercicio de la función judicial en un momento determinado.

Al igual que ha sucedido tradicionalmente en otros países, el Poder Judicial de Costa Rica inicialmente centró sus esfuerzos en la preparación en servicio, pero en los últimos años ha ido invirtiendo de manera paulatina en este último concepto de preparación para el nuevo ingreso, asegurando primero la formulación de un currículo básico que debía ser aprobado por los aspirantes a la judicatura únicamente a modo de evaluación –los exámenes que se realizan para determinados puestos y áreas del conocimiento-, para luego dar inicio al programa del que hoy ustedes forman parte, el programa de preparación inicial de jueces y juezas. Es por esta razón que hace un año, al inaugurar este programa de formación especial para aspirantes a la judicatura, mostré mi más profundo interés y compromiso, a la vez que una gran expectativa, por la marcha de esta iniciativa que marca un hito en la formación y capacitación de nuestros jueces. Hoy, superado este primer período, aprecio con agradecimiento e ilusión, que el programa camina sanamente por senderos que, necesariamente, conducirán al fortalecimiento de nuestro sistema institucional.

Ustedes, como parte de este programa, representan la apuesta de futuro del Poder Judicial; son ustedes los llamados a ejercer la judicatura con empeño y probidad. Han recibido las herramientas básicas para comprender ese ejercicio de la función judicial dentro del andamiaje del Estado Democrático de Derecho, de manera que al ponerlas en práctica en el ejercicio de sus labores, puedan contribuir de manera cierta y efectiva en dar la suficiencia democrática que nuestro país requiere para evitar una caída hacia aquél concepto de la «democracia insuficiente».

Serán ustedes los garantes finales para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de este país; serán ustedes quienes deban, con eficiencia y conocimiento, dar seguridad jurídica y resolver los conflictos bajo la égida de la justicia. Serán ustedes, bajo este concepto, quienes resolviendo los conflictos internos, pueden dar lustro al Poder Judicial y a la justicia, o bien, comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Y será en ustedes sobre quienes descanse, en definitiva, el desarrollo de nuestro sistema de justicia, de la democracia, y de la paz social.

Muchas gracias.