La Corte Plena avaló el informe que rindió el Presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, quien participó junto a la delegación diplomática costarricense que acudió a la audiencia sobre el debido proceso penal en la Ley 8837 ante la Comisión, el pasado 25 de octubre.

Destacar los esfuerzos costarricenses para el fortalecimiento del régimen de impugnación en los procesos penales y el reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, fue lo que destacó del informe que conoció Corte Plena sobre la audiencia que sostuvieron autoridades gubernamentales y judiciales de Costa Rica ante este órgano internacional en Washington.

Los magistrados y magistradas de Corte Plena avalaron el informe que rindió el Presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, quien participó junto a la delegación diplomática costarricense que acudió a la audiencia sobre el debido proceso penal en la Ley 8837 ante la Comisión, el pasado 25 de octubre.

Según explicó Arroyo Gutiérrez, el Estado de Costa Rica participó en la audiencia ante la CIDG, en vista del seguimiento que se ha hecho a la reforma que crea los tribunales de apelación de sentencia en materia penal, que garantiza el cumplimiento del país al artículo 8.2 h de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La audiencia se realizó frente a los comisionados de la CIDH y sus equipos de apoyo, así como con la presencia de la deligación costarricense.

"Lo que fuimos a hacer fue explicar el contenido de la ley 8837, que entra a regir el 9 de diciembre del 2011. De cómo se hace un reordenamiento de competencias y se asegura el derecho al recurso a través de un recurso de apelación amplio, accesible y desformalizado y de esa manera el Estado costarricense puede estar en condiciones de defender que se está cumpliendo con esta garantiza que fue uno de los puntos que sentencia Herrera Ulloa recomendó al Estado costarricense", destacó el magistrado José Manuel Arroyo.

El Presidente de la Sala Tercera, calificó de altamente positivo, el balance general de esta actividad, pues se expuso ante la CIDH la forma en que Costa Rica, bajo el principio de buena fe y en el cumplimiento de los convenios internacionales que la vinculan, ha impulsado en los últimos años, las reformas legislativas necesarias para un pleno cumplimiento del llamado derecho al recurso que contiene el artículo 8.2. h de la Convención.

"Es claro que la Corte Interamericana cuando ordena el 22 de noviembre del 2010, el cierre del caso Herrara Ulloa, claramente, ya reconoce que Costa Rica está en estatus de cumplimiento, que se archiva el caso y se celebra los esfuerzos hechos por Costa Rica, desde el momento en que fue dictada la sentencia. Esfuerzos muy positivos que culminan con este fortalecimiento del régimen de impugnación", afirmó José Manuel Arroyo.