Fernando Cruz Castro - Magistrado Sala Constitucional

La Comisión de Género, mediante acuerdo del 10 de marzo de 2008, artículo I del acta No 02-2008, consideró la necesidad de un acercamiento con la Caja Costarricense del Seguro Social, para que se ampliara el programa de suministro de antirretrovirales a víctimas del delito de violación; más allá de los ocho hospitales nacionales en los cuales dicho programa funciona actualmente.

Con base en el acuerdo citado, el día 15 de abril de 2008, las Señoras Magistradas Zarela Villanueva Monge y Anabelle León Feoli, se reunieron con el Señor Presidente de la C.C.S.S. Dr. Eduardo Doryan, con el fin de analizar el tema y establecer estrategias conjuntas.

En esa reunión se le encargó al Dr. José Manuel Rojas, director de la Dirección Desarrollo Servicios de Salud y a la coordinación del Programa VIH-SIDA, Dra. Gloria Terwes, que establecieran las acciones necesarias para el suministro de estos medicamentos y la elaboración de un protocolo nacional de atención a víctimas de violación y suministro de antirretrovirales en coordinación con la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.

Acatando las instrucciones de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y de la Comisión de Género, se conformó un equipo de trabajo, de carácter interinstitucional y transectorial representado por la Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Seguridad Pública, la Cruz Roja, el Servicio 911, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de la Mujer, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Poder Judicial. Este último con representantes del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Trabajo Social y Psicología y de la Secretaría Técnica de Género.

La Secretaría de Género del Poder Judicial junto con la Unidad de VIH SIDA de la Caja Costarricense del Seguro Social, lideraron un proceso de agrupación de las instituciones citadas que luego de un período de un año, lograron un primer instrumento de protocolo.

Posteriormente se inició un proceso de validación del documento, mediante la celebración de 4 talleres interinstitucionales, de 3 días de duración cada uno, con personal de todas las instituciones.

Esos talleres fueron inaugurados por los jerarcas de las principales instituciones involucradas: Magistrada Zarela Villanueva, el Presidente Ejecutivo de la CCSS, el Fiscal General de la República y el Director de la Policía Judicial.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, la Secretaría Técnica de Género, en los años 2008, 2009 y 2010, ha desarrollado un proyecto con UNFPA para dar a conocer en comunidades, redes de atención a víctimas y personal judicial, los protocolos para la no revictimización de víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales, así como el impulso tanto con UNFPA, como con la Caja Costarricense del Seguro Social, para que las víctimas de violación sexual, tengan acceso inmediato a medicamentos antirretrovirales para evitar transmisión de VIH-SIDA.

Con este proceso no solamente ha mejorado la atención de víctimas de violación a nivel del Poder Judicial, sino que también se ha descentralizado el suministro del medicamento, en las primeras 72 horas, de un único Hospital Nacional con un protocolo (Hospital Guardia) a 8 hospitales nacionales y 4 hospitales regionales adicionales.

Es de suma importancia resaltar que este protocolo, en su segunda versión mejorada y revisada, cuya impresión corrió por cuenta de la Unidad VIH SIDA de la CCSS y la OPS, contiene la posibilidad de anticoncepción de emergencia para las víctimas de violación. Este es otro objetivo muy importante que beneficia efectivamente a las víctimas de violación. Oportunamente se podrán identificar las metas y estrategias que este objetivo requiere.

En este momento se ha culminado el proceso de conformación del protocolo y se inicia la etapa de socialización del mismo, mediante una serie de capacitaciones a funcionarios y funcionarias relacionadas con la atención de estas víctimas.

Para esta capacitación invitado a personas del sector salud, del sector justicia y del sector de seguridad, destacados en: San José, Alajuela, San Ramón, San Carlos, Limón y Guápiles.

La complejidad y variedad de la criminalidad sexual requiere una política integral que contemple las medidas represivas, las preventivas y la atención que requiere la víctima. La cifra oscura en este tipo de delincuencias es muy alta, los problemas de prueba encierran una gran complejidad y la atención a las víctimas exige una serie de medidas que trascienden el tratamiento sicológico para el juicio y después del debate. La reducción del riesgo de adquirir una enfermedad después de una agresión sexual u otras secuelas, son asignaturas que se han mantenido pendientes por mucho tiempo. Este es un paso muy importante, su ejecución no ha sido fácil, de igual forma, se requerirá un gran esfuerzo para institucionalizar un protocolo que aminore las graves secuelas que deben afrontar las víctimas de una agresión sexual.

Estas son las labores que sólo se pueden emprender desde la visión que define el estado social, porque las víctimas de la violencia sexual exigen una respuesta solidaria; para estos casos se exige la respuesta política de un estado solidario, porque nadie más vendrá al auxilio y el apoyo que requieren las personas que han sido víctimas de agresiones sexuales. No sólo se requiere su concurso para enjuiciar a los culpables, también se deben abrir las vías para que se rehabiliten, total o parcialmente, de la grave lesión a su libertad sexual y a su dignidad.