El informe del Alto Órgano Judicial estuvo a cargo de la magistrada instructora, Eva Camacho Vargas

Destacar la importancia que tiene una propuesta de ley, tendiente a brindarle atención psicológica a las personas agresoras, que figuran como parte procesos de todo tipo de violencia fue lo que estableció Corte Plena al remitir un criterio afirmativo.

y surge ante la solicitud remitida por la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, para que este Poder de la República emitiera su criterio sobre el proyecto de ley "Atención psicológica a las personas agresoras insertas en procesos de todo tipo de violencia", que se tramita bajo el expediente 18 035.

"Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política y en el inciso 1) del numeral 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es importante destacar que el proyecto no interfiere en la organización del Poder Judicial ni afecta mayormente lo relacionado con su funcionamiento, más que en lo referente a la emisión, por parte de la autoridad judicial correspondiente, de una medida cautelar y la ulterior notificación de esta, de manera prioritaria y expedita, a la sede del área de salud respectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social para los efectos del debido seguimiento", puntualizó el criterio de Corte Plena.

Según destacaron los magistrados y magistradas que integran Corte Plena "…la propuesta es de suma importancia, en tanto se trata de un esfuerzo por romper el círculo vicioso de la violencia, con el fin de que la persona agresora no solo sea sancionada, sino que también se evite su reincidencia en acciones similares y así procurar el bienestar, tanto de las potenciales víctimas de esa conducta, como de ellas mismas", destacaron en el documento.

El criterio judicial destaca que en la iniciativa de ley pretende establecer un mecanismo para ofrecer atención psicoterapéutica, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en coordinación con otras instituciones, a las personas que se encuentren inmersas en procesos originados en situaciones de violencia, con la finalidad de que se promueva una atención psicológica especializada para que puedan identificar, controlar y evitar las formas de violencia física, emocional, sexual y patrimonial causadas de forma dolosa o negligente.

La única recomendación que se realizó al texto del proyecto fue que en su artículo 5 se hace una indebida inclusión en la actividad, de las personas víctimas de agresión, "…lo cual va en contraposición con el título del proyecto de ley con el resto del articulado, en tanto a quienes se deben someter al proceso de psicoterapia -para efectos de esta concreta normativa- son únicamente a las personas que cometan la agresión y no a sus víctimas".