Inauguración V Congreso Nacional de la Judicatura: "Entorno Social y Nuevos Retos" |
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En la institución se celebra y apoya la necesaria reflexión ,sobre un tema de mucha actualidad: el entorno social y los nuevos retos que enfrenta la judicatura en la sociedad costarricense. De seguro, en este Congreso se llegará a conclusiones valiosas que impulsarán soluciones para mejorar el sistema judicial. En particular, llama la atención y satisface la amplitud con que se pretende abordar este tema, que muchas veces sólo alcanza a analizarse en cuestiones puntuales. Por ello, las variadas y simultáneas actividades planeadas en estos dos días que vienen, representan un enorme esfuerzo de coordinación que debemos agradecer a quienes han gestado este V Congreso. Quiero iniciar mi intervención esta tarde refiriéndome en general a la figura de la jueza y del juez bajo una concepción moderna y democrática del sistema de administración de justicia. La jueza y el juez son un tipo especial de funcionario y funcionaria público que nace de la necesidad social de crear un sistema formal para la resolución de conflictos. Es la figura que protege los derechos, a quien se acude considerando que tiene la capacidad de darnos lo que nos pertenece. No resulta extraño entonces que vengan a ser pieza clave en un Estado Democrático de Derecho, pues funcionan como un factor de equilibrio entre quienes integran la sociedad, que pueden acudir a ella en busca de satisfacer sus peticiones que -de otro modo- tendrían que imponer a los demás mediante la fuerza, conducta contraria a toda democracia. Históricamente la concepción de la jueza, del juez y del Poder Judicial que heredamos de España y, por intermedio de ella de Francia, concebía la labor de administrar justicia como una labor cuasi-mecánica, cumplida con el mayor retiro frente a la exposición pública. La función judicial se realizaba de forma muy distinta a la de los Poderes Legislativo y Ejecutivo quienes eran visualizados como el centro de la actividad estatal, al ser ellos los encargados de proveer soluciones a los conflictos sociales y orientan el desarrollo social. Las legislaciones fueron amplias y generales, pretendiendo imponer un conjunto de reglas que virtualmente servirían para dar respuesta a todos las posibles situaciones de hecho y casos concretos e individuales que se pudieran presentar. La jueza y el juez fueron concebidos sólo como un aplicador: "el primer esclavo de la Ley", según los pensadores de la época revolucionaria francesa. Esto nos llevó a esperar de la ley una respuesta a todos nuestros posibles problemas y conflictos, lo cual produjo que la administración de justicia se entendiera esencialmente como una "aplicación mecánica de la ley". Precisamente las juezas y los jueces, como integrantes de este Poder Judicial, querían y debían ser los más conscientes de ello y los más anuentes a sostener esa posición de autoaislamiento y separación del devenir de la sociedad. Se pretendía evitar toda "contaminación" y sospecha de imparcialidad, asumiendo que cualquier involucramiento en los asuntos sociales producía una disminución en su independencia. Se creó, en resumen, por parte de las juezas y de los jueces y del Poder Judicial como institución, una reserva para relacionarse con la comunidad. Para proteger su radio de acción, su independencia, no debían exponerse a la crítica; entre más aislado esté, mejor. Este aislamiento del Poder Judicial, reforzado por los sistemas procesales de tendencia escrita e inquisitiva, originó que las juezas y los jueces se apartaran de la sociedad y, durante muchísimos años, que la sociedad y los medios de información se desentendieran tanto del actuar de las juezas y jueces como del Poder Judicial, bajo la creencia de que se trataba de una cuestión ajena al verdadero interés social y político de la sociedad. A lo sumo- tuvo interés la noticia sensacionalista de lo que ocurre en el ámbito penal. Esta actitud se veía también plasmada en la aceptación y pasividad por parte de la comunidad frente a las reglas procesales que disponían, como ya mencioné, la reserva y secreto de las actuaciones dentro de los diversos procesos judiciales, a lo cual colaboraba, sin duda el predominio de los sistemas escritos. De modo que no solamente se desconocía algún derecho a la información por parte de todos los actores, sino -y más importante para nosotros- se dejaba sin controlar la labor de los órganos de administración de justicia, por parte de la ciudadanía. Este panorama produjo, en nuestro país, una justicia formal retórica, una justicia reservada, cuasi secreta, con juezas y jueces ausentes y desconocidos. Una justicia con una mala atención a las personas usuarias no solo cuando llega al mostrador del despacho en busca de información sobre su caso, sino cuando, como muchas veces, luego de una espera considerable le indican que el expediente está "perdido" y debe volver otro día para poder imponerse del estado en que se encuentra la encuesta judicial que le interesa. Este estado de cosas, común a muchos sistemas judiciales, comienza a variar debido, por una parte, al cambio en la concepción misma de la función de administrar justicia, y por otra, a la creciente tendencia de los sistemas procesales hacia la oralidad y la publicidad. El acomodo de las fuerzas sociales, los cambios que se producen en otros poderes de la República, la búsqueda de soluciones más cercanas y útiles a los reclamos de la ciudadanía vuelven la mirada al sistema judicial. Ante esa realidad el Poder Judicial se convierte en uno de los últimos bastiones del Estado Social y Democrático de Derecho y no puede cruzarse de brazos frente a las demandas de la ciudadanía. Con el limitado presupuesto con que cuenta la Institución, que para el ejercicio económico de este año asciende a 266 mil millones de colones, debemos asumir y afrontar el reto. Para ello el Poder Judicial debe actuar al unísono y en estos momentos tan críticos para la institución jerarcas y asociaciones gremiales, como la que conforman todas y todos Ustedes, debemos estar unidos para asegurar el otorgamiento de las herramientas necesarias para llevar a cabo la labor que constitucionalmente nos ha sido encomendada. El Poder Judicial ha tomado las medidas necesarias para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Entre ellas interesa resaltar esta tarde que ha puesto a disposición de la población en general más juezas y jueces que pasaron de 18.3 por cada 100 mil habitantes en el año 2006 a 21,8 el año pasado. Asimismo, desde el año 1993, aún antes de la creación de la Asociación Costarricense de la Judicatura, estableció la Carrera Judicial dándole a las juezas y a los jueces la estabilidad necesaria para realizar su labor. Precisamente el pasado 19 de octubre la Sala Segunda en pleno realizó una encerrona con el fin de analizar el Proyecto de Ley de Carrera Judicial. Aspectos como las pruebas psicológicas; las entrevistas; la tramitación de la oferta; los avisos del concurso; la complejidad de las pruebas, entre otros, fueron abordados en aquella oportunidad. En la búsqueda de una constante mejora dentro de la Institución se tiene una tarea pendiente, en particular con la judicatura: La rendición de cuentas y la evaluación del desempeño establecida constitucionalmente desde el año 2000 con la reforma al artículo 11 de la Constitución Política y que en términos amplios sometió a toda la administración pública a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Luego de la estabilidad que se le ha dado a las juezas y a los jueces, el siguiente paso con toda naturalidad es la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño. No quiero extenderme sobre este tema, pero sí es oportuno aprovechando el grupo de trabajo sobre la Ley de Carrera Judicial, que se discuta sobre el tema. Como ya se los mencioné estoy segura que las conclusiones a que lleguen sobre el particular ayudaran a perfilar, el diseño de Carrera Judicial que tanto Magistradas y Magistrados como juezas y jueces deseamos. Hemos avanzado con la carrera judicial. Se obtuvo un sistema de nombramientos objetivo. Otro tema que quería comentarles se refiere a la búsqueda de una mayor democratización del proceso por la vía de la participación de la sociedad y por supuesto, de los medios de información, al menos en calidad de observadores. Ambos van a asegurarse de una correcta y pareja aplicación de la ley para todas y todos, y también han de velar por la corrección en las actuaciones, constituyéndose así en fiscales de la actuación de las juezas y los jueces. Es necesario crear una cultura de transparencia, la ciudadanía debe tener vista de lo que hacemos. Esta nueva manera de entender la labor de administrar justicia con la consiguiente apertura y posibilidad de revisión y escrutinio por parte de los medios de comunicación y la sociedad, producen inevitablemente una serie de problemas y choques de intereses que apenas estamos comenzando a abordar. De allí que resulta muy acertada la segunda mesa redonda sobre "Influencia de los Medios de Comunicación en la Institucionalidad y el Estado de Derecho". En el mismo sentido, el Poder Judicial constantemente hace un ejercicio de auto evaluación de cara a la sociedad costarricense y la percepción que ella tiene de la Institución con el fin de determinar en qué estamos fallando y adoptar los correctivos necesarios. Así por ejemplo, en cuanto al Índice de Confianza Judicial a enero de este año se eleva a un 62%, porcentaje que se ha mantenido constante desde enero del año pasado. Sin embargo, las personas que han utilizado los servicios del Poder Judicial, exhiben un Índice de Confianza Judicial menor que las que nunca lo han hecho. A enero de este año un 45% califica el funcionamiento del Poder Judicial como bueno mientras que un 20% como malo. No quiero pasar esta tarde dándoles más datos estadísticos por lo que nada simplemente les insto a que en estos días reflexionen sobre cómo, desde la función de juezas y jueces, podríamos llegar a mejorar esas cifras. Para ir concluyendo, la parte central de nuestro servicio público, es la respuesta de la jueza y del juez, frente a la ciudadanía. Por eso es indispensable orientar la cultura organizacional hacia un concepto de la jueza o del juez, como un aliado de la sociedad, como garante de los derechos de la ciudadanía, que busque la solución del conflicto por encima de excusas burocráticas, consciente de que su rol en la sociedad es determinante para las relaciones familiares, económicas, sociales, comerciales, con el Estado, en fin, para la convivencia pacífica en general. Cualquier innovación tecnológica procedimental o de cualquier naturaleza no es para facilitarnos el trabajo, es para hacerlo mejor y cumplir nuestra finalidad. Este rumbo, producto de la evolución democrática, define la justicia como un servicio público, con la persona usuaria y no como eje central de su actuación. Este cambio de actitud y mentalidad en la jueza y el juez debe reflejarse en un compromiso con las condiciones de la justicia democrática: Accesible, igual en el trato a las personas usuarias, independiente, transparente, previsible, comprometida con la solución del conflicto y el desarrollo social, económico y político vistos, estos también, como fines del sistema de justicia. Una justicia sin dilaciones indebidas, una justicia oportuna; eficiente y efectiva. A quienes participan en este Congreso, mi reconocimiento por su compromiso, espero que la experiencia recogida durante estos dos días les signifique un aporte valioso en el desempeño de una función tan noble e importante como es la de ser juez o jueza de la República. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
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