El informe estuvo a cargo de la magistrada instructora Julia Varela Araya.

Señalar la importancia que los legisladores y legisladores analicen la inversión económica que representaría la aplicación de lo que propone el proyecto de "Ley para prevenir y sancionar el hostigamiento laboral en las relaciones de empleo público y privado", fue lo que indicó el informe que emitió Corte Plena.

El Alto Órgano Judicial remitió su criterio ante la consulta que solicitó la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa. El informe estuvo a cargo de la magistrada instructora Julia Varela Araya.

Las recomendaciones de los magistrados y magistrados que integran Corte Plena, giran en torno a los artículos 10 y 15 que propone la iniciativa de ley, los cuales señalan al empleador como la instancia que debe conocer y resolver la denuncia, independientemente de si se trata de un asunto laboral público o privado.

Y en lo que interesa a Corte, destacan que el texto propone la competencia de los juzgados de trabajo para conocer de las denuncias de hostigamiento laboral, "cuando no se den las condiciones dentro de la empresa o lugar de trabajo para realizar la investigación (a elección del trabajador, porque podría ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, artículo 10 segundo párrafo); o cuando, aunque habiendo terminado el procedimiento interno en el centro de trabajo, la persona acosada considere que la misma no se ha resuelto (ordinal 15)".

De ahí la preocupación porque "tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Poder Judicial, se verán obligados a prever recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura, etc., para atender esa nueva demanda. También repercutirá a lo interno de este Poder en cuanto a la aplicación de la ley (en caso de que el proyecto se convierta en tal), pues todo empleador deberá poner en práctica una política respecto al acoso laboral, la que incluye la existencia de un procedimiento para su atención y resolución", destaca el órgano judicial.