Andrea Marín Mena
Periodista
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| Corte Plena estableció una contención del gasto para el 2012 de aproximadamente ¢47 mil millones. |
Frente a la situación económica que enfrenta el país y el compromiso del Poder Judicial de contribuir con la contención del gasto, en la propuesta presupuestaria para el año 2012, las autoridades judiciales se limitarán a atender las prioridades en materia de justicia.
Pese a que las necesidades para el próximo año, se estimaron en cerca de ¢340 mil millones de colones, que representarían un 28% de incremento para el próximo año, ya se registran dos importantes recortes como parte de la política nacional de contención presupuestaria.
Esto generó que la propuesta presupuestaria judicial llegue a ¢292 834 000 000, para el 2012, monto que actualmente se revisa en la Asamblea Legislativa.
La primera reducción comprendió un importante recorte en plazas nuevas ordinarias y extraordinarias, que se requieren por la naturaleza de servicio que tiene la institución; asimismo se redujeron ¢27.007.781.394 que obligó la suspensión de proyectos prioritarios como la construcción de los Tribunales de Hatillo, Siquirres, Sarapiquí, Ciudad Cortés y el reforzamiento del Edificio de la Corte Suprema de Justicia. A esto se suman ¢295.390.000 del equipo para el Laboratorio de Ciencias Forenses.
Estos esfuerzos de contención permitieron llegar a una propuesta de ¢303 833 371 591, sin embargo las autoridades del Ministerio de Hacienda señalaron la necesidad de propiciar una mayor reducción.
En atención a la situación económica nacional, el Poder Judicial aplicó un segundo recorte de recursos para el 2012, que implicó reducciones importantes en programas en materia de seguridad ciudadana y el área social, que implicará que nuevos servicios se presten a partir del segundo semestre del próximo año. En total el rebajo alcanzó en esta segunda oportunidad ¢11 mil millones.
Prioridades
El fortalecimiento de los servicios judiciales en materia de seguridad ciudadana y lo social, serán las prioridades para el próximo año; sin embargo, solo algunos programas se implementarán durante todo el 2012 y la mayoría iniciará su ejecución a partir del segundo semestre del próximo año.
Es así como en materia de Familia, el programa para la implementación del modelo oral-electrónico, que en principio estaba previsto para seis despachos especializados en pensiones alimentarias, solo se implementará en cuatro de ellos, como lo son I y II Circuito Judicial de San José, Desamparados y Heredia, de los cuales, únicamente el modelo de Goicoechea se desarrollará por los 12 meses del año, los otros tres iniciarán trabajo con recursos presupuestados para el segundo semestre. Situación que dejó pendiente la puesta en marcha de este servicio en Puntarenas y Limón.
Otros programas que se podrán ejecutar por la contención presupuestaria, hasta el segundo semestre del próximo año es la atención y asesoría jurídica por parte de la Defensa Pública en procesos en materia de Familia (4 plazas), que en este caso en específico se procura el cumplimiento del mandato constitucional que así lo estipula y en la jurisdicción Laboral (2 plazas), que corresponden a puestos para defensor o defensora pública.
De igual manera, la entrada en funcionamiento de un Juzgado Penal, una Fiscalía y Defensa Pública en La Fortuna en San Carlos, estará por seis meses, a partir de julio del 2012.
Lo mismo ocurrirá con la implementación de la Unidad de Medicina Legal en Liberia.
En la parte de seguridad ciudadana, la propuesta para la implementación de Flagrancias en el Primer Circuito Judicial de San José, se ejecutará hasta el segundo semestre del próximo año, cuyo costo presupuestario anual es de ¢1 218 mil millones.
La preocupación institucional por tener mayor seguridad en las salas de juicio, frente a la complejidad de muchos de los debates que a diario se desarrollan en sede judicial, llevó a reforzar dicha seguridad con una inversión de ¢233 millones que contemplan 18 plazas.
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| El 14 de setiembre el Presidente de la Corte, Luis Paulino Mora Mora compareció ante la Comisión de Hacendarios para explicar el presupuesto judicial para el 2012. |
Cumplimientos legales
La obligación de la Corte Suprema de Justicia de cumplir con las leyes de reciente aprobación y que al no contar con contenido económico con su creación, representan una carga adicional al presupuesto judicial, son también prioridad para este Poder de la República para el 2012.
Tal es el caso de la puesta en ejecución de la ley 8837, para la atención de las apelaciones en materia penal, a través de la creación de Tribunales de Apelación en materia penal, que representa un costo para la institución de ¢2 256 mil millones, en un servicio de administración de justicia que debe asumir la institución, en cumplimiento a una resolución internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como consecuencia dio una reforma legal aprobada por la Asamblea Legislativa. Frente la reducción del gasto, se suprimió la apertura de las secciones en San Ramón y San José.
De igual manera, el dar contenido económico para fortalecer la ley sobre protección y atención de víctimas y testigos comprenderá una carga presupuestaria adicional para el 2012 de ¢ 1 744 millones. El total de este programa presupuestario es de ¢6 318 546 000.
Mayor Contención
La responsabilidad que asumió la Corte Suprema de Justicia, frente a la situación económica del país, comprendió una fuerte contención presupuestaria en los proyectos antes descritos, los cuales en su mayoría estarán en funcionamiento a partir del segundo semestre del 2012. El recorte en plazas nuevas, así como el ajuste en los recursos destinados a las suplencias alcanza los ¢9.307 millones.
Adicionalmente, se rebajó proporcionalmente en todos los programas presupuestarios referentes a la compra de vehículos nuevos que representan un total de ¢1.084 millones.
También en la subpartida de Capacitación se realizó un ajuste de ¢28,9 millones, en todos los programas presupuestarios.
A esto también se suma el rebajo de ¢27.007 millones relacionada con la subpartida de Edificios, eliminando proyectos como la construcción de los Tribunales de Hatillo, Siquirres, Sarapiquí, Ciudad Cortés y el reforzamiento del edificio de la Corte.
Igualmente, ajustes relacionados con equipo informático, el aporte a la Asociación Solidarista, eliminación de otras plazas y el retrasar el inicio de proyecto para el segundo semestre, suman cerca de ¢10.000 millones.
Cabe destacar que el monto total de la contención del gasto del Poder Judicial para el 2012 alcanzó los ¢47 000 000 000.
PARTIDAS IMPORTANTES PARA FUNCIONAMIENTO JUDICIAL
· Señalan importancia de mantener recursos, cuyo recorte, podrían afectar directamente procesos judiciales.
Las autoridades judiciales señalaron la necesidad de procurar un análisis cuidadoso de las partidas del presupuesto, pues se deben resguardar muchos de los programas vitales para el efectivo funcionamiento de los despachos judiciales.
Tal es el caso de la partida 10499 Otros Servicios, que reúne en su mayoría los recursos destinados para la contratación de los peritajes requeridos en los diversos procesos judiciales y que en la propuesta presupuestaria registra un incremento de un 12,03% (¢497.226.431).
En el caso de lo presupuestado para el tema de capacitación el incremento fue de apenas un 3,69%(¢500 millones) con respecto al presente año, donde destacan las necesidades de formación del Ministerio Público destinadas a ejecutar la Escuela de la Fiscalía, que impartirá la capacitación de inducción a las personas que aprobaron los exámenes para el puesto de Fiscal Auxiliar. A esto se suma la formación del programa de protección a víctimas y testigos.
Con respecto a los gastos confidenciales, se clarificó que lo presupuestado únicamente compete al funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que es la única que maneja este tipo de partidas y cuyo gasto se divide en dos proyectos, como lo son las labores propias de la entidad y el programa de protección de víctimas y testigos.
En cuanto a los viajes y viáticos al exterior, ambos rubros registraron un decrecimiento con respecto al 2011, acompañadas de una política restrictiva de aprobación de los mismos, con el fin de se atiendan según la conveniencia institucional.
De esta manera, en el caso de los viajes al exterior la partida se redujo en un 18,8% con respecto al presente año, presupuestándose únicamente ¢68.721.439 y en el caso de los viáticos se registró una disminución del 13,08%, donde se establecieron un total de ¢64.102.969.
Estos montos se acompañan de la fiscalización del Consejo Superior, alto Órgano Administrativo del Poder Judicial, que tendrá la responsabilidad de aprobar o no, las respectivas solicitudes de viajes y utilización de dichos recursos, donde se analizará exhaustivamente la justificación de cada viaje y la conveniencia para la institución.
Estos esfuerzos son parte de las acciones que emprendió el Poder Judicial para contribuir con la política nacional de contención del gasto para el 2012.
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