Se contó con la participación de Héctor Amoretti Orozco, juez del Tribunal de Familia, Frania Rojas Vindas, Coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica de Hatillo, Marielena Gómez Cortes, Coordinadora de la Comisión Permanente, Zarella Villanueva Monge, Vicepresidenta de la Corte, Alba Gutiérrez Villalobos, del Departamento de Trabajo Social y Psicología y Ramón Zamora Montes, juez de Familia del II Circuito Judicial de San José.

Espacios para el análisis y discusión de cara a la implementación de la reforma a la Ley de Violencia Doméstica, es lo que realizan las autoridades judiciales, con la participación de jueces y juezas especializados en la materia.
"Toda reforma surge con el fin de mejorar y avanzar y esta no es la excepción, pues en el tema de violencia doméstica lo que procura en su esencia es visualizar una problemática y enfrentarla como sociedad en temas puntuales como la liberación de las agendas de los juzgados especializados en materia de violencia doméstica y la ejecución y seguimiento de las medidas de protección de las víctimas, que son temas medulares en la reforma", explicó la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, Zarella Villanueva Monge.
La magistrada Villanueva Monge determinó la importancia que esta modificación legal brinda al seguimiento de las medidas de protección, con el fin de proteger la integridad de las víctimas y éstas no queden en el papel. Además destacó la importancia que tiene la creación de un registro de ofensores, que permitirá a las autoridades judiciales contar con antecedentes y medir la peligrosidad de estas personas, lo que constituye un elemento adicional a los informes y pruebas que se aportan al expediente, lo que permitirá una comunicación más estrecha entre los diversos despachos judiciales.
La mesa redonda denominada "Los principales desafíos de cara a la Reforma de la Ley contra la Violencia Doméstica",

Participaron jueces y juezas destacados en la materia de Familia y Violencia Doméstica.

forma parte de una serie de actividades académicas que organiza la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, en coordinación con la Escuela Judicial. Lo que contemplará una serie de mesas redondas y foros virtuales durante todo el año, que servirán como espacios de reflexión para quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia en esta materia.
La actividad se realizó en el Salón "Al buen servidor o servidora judicial " y contó con la participación de Héctor Amoretti Orozco, juez del Tribunal de Familia; Frania Rojas Vindas, Coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica de Hatillo; María Elena Gómez Cortés, Coordinadora de la Comisión Permanente; Zarella Villanueva Monge, Vicepresidenta de la Corte; Alba Gutiérrez Villalobos, del Departamento de Trabajo Social y Psicología y Ramón Zamora Montes, juez de Familia del II Circuito Judicial de San José.
En esta oportunidad se analizaron diversos aspectos puntuales que contempla la modificación legal 8925, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 2 de marzo del 2011.
La reforma de Ley contempla una serie de cambios sobre las medidas de protección como lo son el testimonio de piezas al Ministerio Público para que se siga el juzgamiento por el delito de incumplimiento de una medida de protección, además se determina que su duración será de un año, mientras no sean levantadas o modificadas con anterioridad por resolución judicial en firme.
Además, se establece la obligación del Poder Judicial de "… crear un registro con los nombres y la información de las personas a las que se les haya impuesto medidas de protección; para ello, los despachos que conocen la materia estarán obligados a enviar al registro copia de las resoluciones que ordenen, modifique o cesen dichas medidas. El registro deberá ser consultado, necesariamente, por la jueza o el juez que deba resolver un asunto puesto en su conocimiento y que guarde relación con los hechos registrados".
El texto de la Ley 8925 contempla cambios relacionados con el cese de las medidas de protección, la competencia, la ejecución de las medidas; así como la delimitación de las competencias relacionadas con las autoridades policiales.
Uno de los aspectos fundamentales que señala su artículo 2 tiene que ver con el contenido presupuestario, donde se señala que en el presupuesto nacional, "…el Poder Judicial deberá incluir las partidas correspondientes con el propósito de dar contenido económico para la creación y el mantenimiento del registro de personas agresoras que establece el artículo 4 de la Ley. Su fuente de financiamiento se contemplará como recursos adiciones a los que constitucionalmente se le asigna a este Poder".