| PRESENTACIÓN PLAN PILOTOPLATAFORMA INTEGRADA DE SERIVICOS A VÍCTIMAS (PISAV) |
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Para las Naciones Unidas, organización de la que formamos parte, la violencia contra las mujeres afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades de educación y de desarrollo personal. Se considera que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo humano, con consecuencias sociales, culturales y también en las economías de los países. Sin duda, este tipo de violencia es un problema de derechos humanos, de salud pública y de seguridad ciudadana. Las estadísticas, revelan que hasta el 70 % de las mujeres son víctimas de violencia física o sexual por parte de un hombre a lo largo de sus vidas. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre 24.000 mujeres de 10 países encontró que la prevalencia de violencia física y/o sexual ejercida por un compañero íntimo varía entre el 15 por ciento en áreas urbanas de Japón hasta un 71 por ciento en áreas rurales de Etiopía, y en la mayoría de las zonas el porcentaje oscila entre el 30 y el 60 por ciento. La violación y la violencia doméstica representan un riesgo más alto que el cáncer para las mujeres entre 15 y 44 años, es más alto que los accidentes de tránsito y la malaria. También se ha convertido en un arma de guerra. En Ruanda, hasta medio millón de mujeres fueron violadas durante el genocidio de 1994. 140 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido sometidas a la mutilación genital femenina. En Costa Rica hemos recorrido un camino importante, pero falta mucho que hacer, tenemos estadísticas: anualmente se presentan 30 femicidios, 49,000 solicitudes de medidas de protección en los Juzgados de Violencia Doméstica y las 17,000 denuncias en el marco de la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres en el Ministerio Público. La campaña del Secretario General Ban Ki-moon ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres es una iniciativa, diseñada para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todas partes del mundo. Reúne a gobiernos, agencias y oficinas de las Naciones Unidas para prevenir, y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo la convocatoria de aplicación de las leyes nacionales para juzgar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, la implementación de planes de acción nacionales destinados a poner fin a la violencia, el fortalecimiento de la recopilación y también el aumentar la conciencia pública y la movilización social sobre el tema. Sin duda es un problema que le incumbe a toda la sociedad. El Estado Costarricense se ha unido a la campaña de las Naciones Unidas para combatir la violencia contra las mujeres. Particularmente el Poder Judicial reconoce los avances de esta lucha y valorara medios y posibilidades para reforzarlos, por un lado; y por el otro, dar una mirada crítica a las dificultades e identificar oportunidades para avanzar más y mejor en la erradicación de la violencia contra la mujer. Éstas son las ideas-fuerza que dan sentido a la convocatoria de este encuentro. La institución ha dado pasos importantes en la implementación de la ley contra la violencia doméstica, y la Ley de Penalización. Destaco en este trabajo la labor incansable de la jueza y Magistrada Suplente María Elena Gómez Cortés, que desde hace más de quince años ha venido coordinando y monitoreando acciones. De conformidad con los enfoques de equidad de género y derechos humanos que orientan nuestro accionar como Poder Judicial, y acorde con la conciencia del valor que tiene el aprendizaje social con otras personas y organizaciones, ante este fenómeno de la violencia contra la mujer en este día, deseamos dar a conocer la Plataforma Integrada de Servicios a víctimas de delitos. Consciente de que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, tal y como reconocen los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y todos los marcos constitucionales de la Región, el Poder Judicial ha asumido la obligación de garantizar la existencia de un sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona, sin ningún tipo de discriminación, pueda acudir para exigir la reparación de sus derechos vulnerados. El acceso efectivo a la justicia no se materializa con el reconocimiento legislativo de los derechos, sino, que requiere además, de implementar procedimientos que faciliten el ejercicio del derecho, por diferentes medios facilitando la tramitología, tiempos de atención, aplicando modelos de atención que eviten la revictimización. El proyecto "Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima" (PISAV) pretende minimizar el impacto emocional, personal y de su entorno que sufre la víctima de violencia La idea fundamental es analizar la estructura interna de la administración de justicia, para brindar una solución integral a un único problema de la persona usuaria, y así evitar revictimizar y propiciar una tramitación expedita y oportuna. La plataforma, busca, en primer término, centralizar los servicios brindados por el Poder Judicial procurando evitar el traslado de la víctima a diferentes instancias judiciales y en una segunda etapa del proyecto, incorporar los servicios que prestan otras Instituciones públicas, para ofrecer una respuesta estatal única creando las facilidades y coordinaciones, ubicando, en la medida de lo posible, todos los servicios en un mismo espacio físico. Y en caso de que los asuntos se deban trasladar a las instancias de Familia y Penal, se pretende que las víctimas sean debidamente asesoradas y representadas por los asesores jurídicos en caso de requerirse. Dentro de esta plataforma de servicios, se plantea la opción de establecer un Juzgado Integral a Víctimas de Delitos y Agresiones, para ofrecer a las víctimas una respuesta rápida, e integral. Se proyecta la plataforma para que en una sola área se reúnan la parte jurisdiccional en la cual se atiendan las materias de Violencia Doméstica, Pensiones Alimentarias y en otra área se integren Fiscales/as, personal encargado de asesores jurídicos, Defensores/as Públicas, Trabajadores/as Sociales y Psicólogos/as. Para la realización de ese proyecto se llevó a cabo un estudio a cargo del Departamento de Planificación analizando el ingreso de procesos en el año 2010 y se definió que en la zona de Pavas, el denominado Juzgado de Pavas ocupa el primer lugar en cuanto a la cantidad total de asuntos entrados (1823). También, es importante destacar que representa el primer lugar en cuanto a la entrada de casos en Materia de Pensiones Alimentarias (852), y tiene el segundo en cuanto a la entrada de asuntos de Violencia Doméstica (971). Cabe resaltar que en todos los despachos homólogos se reciben más casos de Violencia Doméstica que de Pensiones Alimentarias. La Plataforma es un proceso y desafío de trabajo, una forma de pensar y de proceder para abordar la realidad de las víctimas de violencia doméstica, que busca la implementación de un modelo que dé respuesta a las víctimas de hogar, a las poblaciones en condición de vulnerabilidad de la comunidad de Pavas, que procura ponerse en los zapatos de las mujeres que recurren a la administración de justicia. No puedo dejar de resaltar, que es parte del esfuerzo por garantizar los derechos de las víctimas en el proceso penal. La situación ha sido visibilizada tardíamente y pretende avanzar en el derecho a ser oídas y convencidas en juicio. Quiero destacar en este esfuerzo institucional la labor de Nancy Hernández, directora del Despacho de la Presidencia, de don Róger Mata de la Oficina de Atención a Víctimas, y como parte de la labor del ministerio Público y de la Secretaria de Género Jeannette Arias Meza. Su compromiso diario y su convicción de que son posibles los cambios para avanzar en el respeto a los derechos de las personas nos permiten hoy ver resultados. No puedo finalizar sin expresar una reflexión, por la cercanía que tiene este acto, con la celebración en nuestro país del día de las madres. ¡Que mejor ocasión para preguntarnos si es posible vivir en democracia, vivir en paz, hablar de desarrollo, si no tenemos respeto a todas las personas que integran un hogar, una familia y si corren peligro, en sus propias casas! |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
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