36 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE COSTA RICA | ||
No obstante, he querido participar y dirigirles unas breves palabras en este acto, fundamentalmente para dejar constancia de la satisfacción que sentimos al poder celebrar un año más de trabajo del Ministerio Público y acentuar igualmente la relevancia que este órgano tiene para el Poder Judicial costarricense. Es esta igualmente una excelente oportunidad que se ha aprovechado con gran tino, para rendir cuentas sobre el trabajo realizado durante el año por este órgano, y para establecer líneas de trabajo, metas y objetivos a cumplir, de modo que es una buena oportunidad tanto para la celebración como para la reflexión y debe aprovecharse entonces para acentuar los temas importantes. En lo que a mí concierne, me interesa en esta ocasión poner el énfasis en un par de temas que a mi entender merecen destacarse el día de hoy: En primer término es justo reconocer la labor que día a día realizan los servidores del Ministerio Público, la cual resulta ser un elemento clave en el esfuerzo que debe hacer el Estado para ordenar las relaciones de los ciudadanos de este país, sancionando penalmente a aquéllos que cometen hechos que el legislador ha tipificado como delitos. El Ministerio Público colabora en la sanción de conductas que la sociedad ha considerado más nocivas y desde tal perspectiva es un importante colaborador para lograr la tan ansiada seguridad y tranquilidad públicas, que son las cuestiones respecto de las que, a este momento, los ciudadanos se encuentran más inconformes, debido –según me parece- al deterioro de una serie de valores y prácticas sociales, sumados al incuestionable hecho de que nuestro país, por su ubicación geográfica, sufre particularmente por la actividad de las organizaciones delictivas que se dedican al tráfico de drogas y al tráfico y la explotación de personas, así como todas sus actividades relacionadas con el crimen organizado. Esto hace entonces que tanto Fiscales, como policía y jueces, tengamos que trabajar de manera muy coordinada y conjunta para lograr una acción eficaz que permita reprimir los actos delictuosos que realizan esas personas y organizaciones. Es esa nuestra obligación, y debemos hacer lo necesario para cumplirla lo mejor que se pueda, lo cual significa –como dije- una constante comunicación y colaboración, pero también, y sobre todo, una conciencia muy clara del papel que a cada uno le toca cumplir en esta labor. Al respecto, no podemos olvidarnos que los principios que animan nuestras instituciones son los que corresponden a un Estado de Derecho y precisamente esto debemos tenerlo siempre en mente, cuando actuamos en nombre del Estado y con toda su fuerza. Entiendo y acepto que seamos cada uno muy celosos de nuestras funciones específicas y nuestros deberes, pero debemos comprender que ello es así también para todos los demás funcionarios. A cada uno nos corresponde una competencia distinta en la labor de represión y sanción y precisamente, es obligación del juez tener una perspectiva diferente de la del Fiscal y de la Policía, como también comprender que éstos tienen sus propias y muy respetables obligaciones y deberes que él no puede sustituir. Creo que afortunadamente hasta la fecha, con treinta y seis años de labor, esta noción ha sido bien comprendida por parte del Ministerio Público y que sus Fiscales han actuado en respeto y resguardo del Estado de Derecho, pero el tema que ahora planteo no sobra nunca tenerlo presente, porque como indique, estamos frente a condiciones inéditas en nuestra sociedad, de modo que el difícil trabajo que realizamos debe tener esa doble cualidad de ser plenamente coordinado pero a la vez respetuoso del papel constitucional y legal que a cada uno le ha correspondido. El segundo tema que me interesaba tocar tiene relación con lo anterior por cuanto se refiere justamente a la forma en que nos comunicamos y coordinamos entre nosotros, los actores del sistema penal costarricense. En este punto, tenemos que comprender que los tiempos han cambiado y que en la realización de nuestro trabajo intervienen ahora factores ajenos al Estado, que quiérase o no, debemos tener en cuenta; en particular, me refiero a la participación de los medios de comunicación cuyas acciones responden tanto al ejercicio del derecho de expresión, opinión e información, como a la satisfacción de los intereses empresariales de las personas que poseen y dirigen tales organizaciones. Es esta una realidad que no podemos desconocer y que en algunas ocasiones les lleva a ellos a prácticas reñidas con la ética o con principios básicos como lo son el respeto de la dignidad, la compasión y la solidaridad humanas, y ello con el agravante de que no se les puede obligar –como a nosotros– a que sean imparciales, objetivos o que respeten las reglas del Estado de Derecho o los valores compartidos que –en cambio– nos cubren y obligan a todos nosotros, policía, Fiscalía y Jueces. Así pues, lo menos que podemos hacer nosotros es estar muy atentos y no propiciar y menos aún participar en estas confrontaciones mediáticas por la audiencia, cuyos beneficiarios no serán seguramente la administración de justicia, ni menos aún los ciudadanos a quienes su buena fe les hace muchas veces víctimas fáciles de informaciones incompletas, subjetivas o simplemente erróneas. En mi criterio, si nosotros logramos sustraernos de ese torbellino, habremos ganado en calma y tranquilidad para hacer mejor nuestras respectivas funciones, a pesar del ruido que amenace perturbarnos. Con este acto de conmemoración se nos presenta una buena oportunidad para reconocer públicamente que el Ministerio Público costarricense es sin duda una institución clave de nuestro país y que, sin ninguna duda, los costarricenses debemos sentirnos orgullosos de este órgano cuya relevante condición y respeto se ha ganado con el trabajo honrado y serio de Fiscales y demás funcionarios y funcionarias que son y han sido parte de él. A todos ellos les brindo mi reconocimiento, los felicito y les pido que continúen por ese camino de seriedad y entrega, de sacrificio e integridad que los ha caracterizado. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
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