Según explicó Román Solís Zelaya, Magistrado de la Sala Primera, se atendió a una propuesta para orientar la mayor cantidad de recursos procedentes de la inversión presupuestaria del Poder Judicial, para el próximo año en estos temas.

Orientar al máximo la inversión presupuestaria del Poder Judicial para el 2012 en dos temas fundamentales, seguridad ciudadana y el área social, fue lo que acordaron el pasado 7 de junio, los magistrados y magistradas de Corte Plena, con la aprobación del proyecto de presupuesto 2012 que se remitirá al Ministerio de Hacienda para su respectivo aval.
La necesidad de dirigir poco más del 70% de los recursos de inversión judicial para el próximo año en estos temas fundamentales, surge ante la demanda ciudadana de mejorar el servicio de administración de justicia en sectores tan sensibles como seguridad ciudadana y el sector social.
"Hemos definido un apoyo presupuestario fuerte en materia de Familia, para dar una respuesta necesaria y abarcar los modelos de desarrollo gerencial en los procesos de pensiones alimentarias que significan un servicio más rápido y que fomenta la conciliación, dando prioridad en los despachos de Goicoechea, Desamparados, San José, Heredia, Puntarenas y Limón, a través de 85 plazas, que incluyen defensores públicos, pues tenemos que incrementar el servicio de asistencia técnica gratuita", explicó la Magistrada de la Sala Segunda y Coordinadora de la Comisión de Familia, Eva Camacho Vargas.
Según explicó Román Solís Zelaya, Magistrado de la Sala Primera, se atendió a una propuesta para orientar la mayor cantidad de recursos procedentes de la inversión presupuestaria del Poder Judicial para el próximo año en estos temas, "que alcanzan casi un 70%, para fortalecer y ampliar los alcances de los Tribunales de Flagrancia, algunas jurisdicciones penales, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, donde se requieren nuevas plazas y así dar una respuesta efectiva en el tema de seguridad ciudadana".
Sobre este tema, el Presidente de la Sala Tercera, Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez indicó que el presupuesto judicial 2012 se focalizó en tres ejes fundamentales para la materia penal.
"Uno de estos componentes es el cumplimiento por obligación legal que nos señaló la Asamblea Legislativa, para la implementación de la nueva Ley que crea las apelaciones de la sentencia penal, que entra a regir en el mes de diciembre y deberá entrar en vigencia con todos los requerimientos presupuestarios que la reforma legal supone", explicó Arroyo Gutiérrez.
Un total de 63 plazas nuevas se dirigirían a esta Ley 8837 sobre apelaciones.
El fortalecimiento del programa de flagrancia, comprende una inversión de 54 plazas nuevas distribuidas para jueces, Defensa Pública, Ministerio Público y el OIJ, "pues existe una necesidad de desconcentrar el servicio de flagrancia que se brinda en el II Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea. Y con la creación del Tribunal de Flagrancia de San José la atención de estos casos se daría de lunes a viernes en un horario vespertino, con cobertura los fines de semana, para dar apoyo al trabajo de turno extraordinario", indicó José Manuel Arroyo.
También se adicionaron 41 plazas para reforzar el Proyecto de Protección a Víctimas y Testigos.
Para el Director Ejecutivo del Poder Judicial, Alfredo Jones León, la Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión trascendente al proponer la apertura del Tribunal de Flagrancias de San José, por los resultados notorios de este programa, así como el fortalecimiento de la materia de Familia, a través del apoyo a los procesos de pensiones alimentarias, al ser temas fundamentales que la ciudadanía demanda al Poder Judicial.