Dr. Luis Paulino Mora Mora Presidente Corte Suprema de Justicia

Señoras y señores:

Quiero agradecer a mi amigo e ilustre jurista Elías Carranza por la invitación que me cursara para participar en la inauguración de este Curso Regional de Formación Especializada en Justicia Juvenil Restaurativa.

El Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, ILANUD, ha sido un excelente socio y compañero de batallas del Poder Judicial costarricense, nuestra relación goza de una excelente salud que dura ya muchos años y de la que ambas partes hemos podido obtener mucho provecho. Por ello no dude en aceptar acompañarlos esta mañana en la inauguración de este componente de un proyecto mucho más ambicioso como lo es el Desarrollo de Políticas e iniciativas a nivel regional a favor de jóvenes en riesgo social y en conflicto con la ley en Centroamérica, proyecto del cual nos veremos todos beneficiados.

A las delegaciones de los distintos países centroamericanos que nos acompañan durante estos tres días, les doy la más calurosa bienvenida y sepan que Costa Rica también es su país.

El proyecto que nos reúne esta mañana plantea la promoción y adopción de las prácticas de justicia restaurativa en el sistema ordinario de justicia penal juvenil, la cual representa un modelo de intervención en la gestión de conflictos, caracterizado por el uso de prácticas que promueven la reparación del daño causado por un hecho delictivo y la reconciliación entre el autor y la víctima.

En ese sentido, la justicia restaurativa es un proceso que involucra a las personas afectadas de forma más directa por un delito o infracción, en la determinación de la mejor manera de reparar el daño causado. Es un modelo de justicia que considera como actores primarios al infractor o delincuente y su víctima, quienes en una relación justa y apoyados por su comunidad, buscan restaurar las relaciones rotas y reparar el daño hecho a quien lo sufrió directamente y al entorno que padece las consecuencias de esta fractura social. Se trata sin duda de un cambio de paradigma: eliminar la violencia para contrarrestar la violencia, nada fácil después de dos mil años o más de utilizar otra  fórmula, por cierto muy poco exitosa para devolver la paz a nuestras sociedades.

Un sistema de justicia penal que solamente imparte castigos a los culpables y excluye a las víctimas, no encara las necesidades emocionales y relacionales de aquellas personas que se vieron afectadas por el delito. En un mundo donde las personas se sienten cada vez más alienadas, la justicia restaurativa restablece y desarrolla sentimientos y relaciones positivas. Un sistema restaurativo de justicia penal apunta no sólo a reducir la cantidad de delitos, sino también a disminuir el impacto de los mismos.

La capacidad de la justicia restaurativa de tratar estas necesidades emocionales y relacionales y de comprometer a los ciudadanos en el proceso es la clave para lograr y mantener una sociedad civil sana.

Por otro lado, lamentablemente la justicia penal juvenil es un escenario donde se constata una marcada tendencia hacia la violencia en todas sus manifestaciones, que se ha vuelto corriente en nuestra sociedad y que se nos presenta como un producto social propio de un conglomerado cada día más complicado, desarticulado e insensible al que hay que poner suma atención.

Por estas razones celebro la iniciativa del ILANUD de ofrecer a los principales actores dentro del proceso penal en nuestros países un mayor acercamiento con la justicia restaurativa.

Desde hace tiempo está demostrado que la detención, el juzgamiento e incluso condena del imputado no traen necesariamente la paz social. Con frecuencia la amargura de la víctima persiste mientras que del condenado brota un resentimiento que crece a medida que avanza su reclusión. Está claro entonces que en el sistema actual la solución jurídica de un conflicto no necesariamente va de la mano con la solución humana del mismo y que la justicia retributiva siempre va a tener un efecto revictimizador de sobra conocido.

Sí quiero llamar la atención, aunque sea de manera breve, que me parece que frente a delitos en los que ha mediado violencia o frente a delitos sexuales, la justicia restaurativa tiene algunas limitaciones. En el caso de los delitos sexuales, en otros países como Nueva Zelanda y Australia, un sector de académicos ha denunciado que durante las sesiones la víctima ha sido muchas veces expuesta a presiones indebidas y  revictimizada a efectos de llegar a un acuerdo con el imputado. Asimismo, los delitos de mucha violencia o impacto social, tienen un interés más allá de la víctima y por lo tanto es difícil que la sociedad pueda renunciar en todos los casos, a la sanción como respuesta.  El tema no es fácil de resolver para llegar a una conclusión válida para todos los casos, uno a uno debe ser analizado para establecer si la justicia retributiva es la llamada a solucionar el conflicto, o si puede utilizarse en su lugar la restaurativa.

Sin embargo, para delitos menores y delitos cometidos por jóvenes en conflicto con la ley, como es el tema que nos ocupará estos días,  existen experiencias muy interesantes y conmovedoras que sin duda serán comentadas durante este encuentro. Conozco el relato de una historia en un suburbio de Minnesota en el que un matrimonio vivió la angustia de llegar a su casa y encontrarla virtualmente destruida. Tres adolescentes ebrios destruyeron todo lo que encontraron. Prácticamente no pudo rescatarse nada. Los más aterrados con la dantesca escena fueron sus dos pequeños hijos. La sentencia condenatoria contra el adolescente de 14 años recomendó, aparte de la pena, un diálogo entre él y las víctimas.

Estas reconocieron que veían al joven como un monstruo que no tuvo escrúpulos en destruir hasta sus posesiones más íntimas. Sin embargo, al encontrarse con él –luego de un proceso de mediación- vieron que no era más que un niño, en cuyos ojos vieron sincero arrepentimiento. La ira de la pareja se transformó en perdón, y los niños, al ver que el monstruo era sólo un menor atemorizado, sintieron que el miedo acumulado desapareció. El joven se rehabilitó y no ha vuelto a delinquir.

Estoy completamente a favor de introducir una nueva cultura de paz en nuestras sociedades que tienen tantos rasgos en común. Ese es un trabajo que, como todo cambio cultural, debe comenzar en las escuelas, pues no puede limitarse a las salas de juicio. Claro está que en los distintos Poderes Judiciales de la región nuestra capacidad para influir en las políticas de prevención es muy limitada, pero como integrantes del sistema de administración de justicia, debemos tener siempre claro que en este tema lo más relevante no es encarcelar a los jóvenes en conflicto con la ley, sino mantener a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y colegios,  fuera de las cárceles y con oportunidades de desarrollo.

Por esa razón, es justo en la justicia juvenil donde debe estar más presente un mayor compromiso del Estado con la protección y educación de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, pues de otra forma, la inseguridad ciudadana y la violencia social seguirán siendo el pan de cada día de nuestra sociedad.

Después de más 40 años de ser juez y de haber trabajado la mayor parte de mi carrera en el área penal, incluidos los años en que me desempeñé en Limón como Juez Tutelar de Menores, soy el primero en reconocer las serias limitaciones que tiene el sistema retributivo actual para servir de solución a la creciente violencia social. Soy un fiel creyente que debemos abrirnos a nuevas formas de resolver los conflictos, y que el poder punitivo del Estado debe tomar en cuenta a la víctima e incorporarla como la parte más importante del proceso. Hasta hace poco la víctima en Costa Rica, no pasaba de tener un interés meramente procesal, utilitario y aún en muchos casos sigue siendo así. Es decir, se le atiende en la medida que es el testigo principal y servía a los fines del proceso, pero al sistema poco o nada le importa su condición humana, las secuelas del delito, su proceso de sanación. El Estado dirige en casi todos los casos el proceso, le da una participación limitada, utilitaria y punto. No es sino hasta hace poco que puede participar dentro del proceso para discutir las actuaciones y se le da algún tipo de atención por medio de la oficina de atención a la víctima, pero estoy consciente que estos esfuerzos tan sólo son el primer paso para tener una verdadera política criminal capaz de restaurar de alguna manera aquello que la violencia social ha roto.

Felicito a los organizadores de este curso y les agradezco el interés a quienes nos acompañan como expertos y participantes, nacionales y extranjeros, por ayudarnos a incorporar este paradigma en la justicia y en la restauración de nuestra sociedad frente a la violencia que nos aqueja.

Finalmente, no quiero dejar pasar esta oportunidad para insistir y recordarles la importancia que tiene, una visión amplia y humanista de la administración de justicia, con mayor razón en el tema de los jóvenes en conflicto con la ley.

Muchas gracias.