Marta Iris Muñoz Cascante. Directora Defensa Pública.

Recientemente trascendió en la prensa el caso de José Marcos Zamora, maestro acusado injustamente de cometer delitos sexuales en contra de algunas de sus alumnas. En este caso, asistido por la Defensa Pública, durante el juicio quedó demostrado que el maestro fue denunciado falsamente porque familiares de alumnas/os de una Escuela ubicada en el Cantón de Upala no lo querían a pesar de que reunía todos los requisitos para ocupar la plaza. Preferían se nombrara a una maestra que se encontraba laborando en ese centro educativo hacía ya por bastante tiempo. A pesar de que don José Marcos poseía mejor derecho sobre esta plaza como educador, no contaba con el favor de muchos padres de familia, esta situación trajo como consecuencia,  con el fin de removerlo y de reinstalar en el puesto a la antigua maestra, presentar una denuncia infundada en su contra.

 La persecución que sufrió este maestro es digna de ser catalogado como una "cacería de brujas". No se puede obviar el sufrimiento de don José Marcos en dicho proceso. Como él mismo lo relató al momento de declarar en juicio, padeció de una depresión gravísima que lo hizo terminar en un centro de salud, sufrió una prisión preventiva injusta por tres meses, perdió credibilidad ante sus semejantes, perdió su trabajo, fue estigmatizado por la sociedad, sufrió pérdidas económicas y su familia se vio expuesta a un calvario durante los años que duró este proceso iniciado en el 2007.

Similar situación se presentó en la misma localidad de Upala, con otro educador, de apellido Somarribas quien también fue acusado falsamente por delitos sexuales, por padres de familia del centro educativo, del cual también fungía como director. En este caso, con la prueba aportada por la Defensa Pública del encartado, se demostraron serias contradicciones de las supuestas ofendidas, incluso una de ellas afirmó ser alumna de este educador en un período de tiempo en que él no era su maestro, además de que la motivación de los padres de familia era sacarlo de la escuela, por razones tan inverosímiles como la filiación religiosa diferente a la de ellos. Lamentablemente en este caso, esta persona también sufrió injustamente tres meses de prisión preventiva, posteriormente tuvo que trasladarse a vivir y trabajar a otra parte con un salario menor al que percibía, pasaron 9 años para obtener una sentencia absolutoria, sufriendo en este tiempo el daño moral y familiar que una acusación falsa y una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva pueden acarrear.

Estos dos casos nos dejan varias enseñanzas: no todas las personas sometidas a juicio son culpables, debemos respetar y creer en el principio de inocencia y confiar en el sistema de justicia y en los jueces.

Estos casos además deben servir como reflexión a la opinión pública y a los órganos que administran justicia, ya que es triste constatar que hayan personas que utilicen el proceso penal como un arma dirigida a liquidar a personas con las cuales tengan alguna diferencia, dañar su imagen y su honor, someterlas a un proceso penal y a juicios mediáticos, que las hacen víctimas de nuestro propio sistema.

Dichosamente, aun y cuando estas personas sufrieron mucho tiempo, una vez más se constata la importante labor que ejercen los jueces y juezas de la República, quienes amparados a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, realizan un análisis de las pruebas y procesos que son sometidos a su conocimiento, con total observancia de los derechos y garantías procesales, como lo es la presunción de inocencia en el proceso penal y la utilización de la prisión preventiva como excepción y no la regla.