La Nación
JUEVES 7 DE ABRIL DEL 2011

Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se apartó del tradicional talante de los discursos de apertura del Año Judicial para ofrecer al país una reflexión profunda sobre los retos de la Administración de Justicia y las indebidas exigencias puestas sobre sus hombros por la demagogia y el oportunismo electoral. No lo dijo con esas palabras, pero estuvo cerca.

El país debe hacer consciencia –dijo– sobre la necesidad de abandonar la práctica de ganar votos mediante la concesión de derechos ayunos de los recursos económicos necesarios para hacerlos valer. “Después de todo, los derechos valen en tanto y en cuanto se puedan hacer efectivos.Lo demás es papel”, sentenció el magistrado.

En nuestro país, la extensión de los derechos, en ausencia de una estructura estatal capaz de darles contenido material, se suma a la facilidad de acceso a la justicia para crear “una trampa mortal”, capaz de amenazar el sistema democrático. Ni el sistema judicial puede atender tanta demanda, ni el Ejecutivo puede evitar que se produzca, porque carece de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los mandatos legislativos.

En Costa Rica se legisla para crear derechos cuyo destino es convertirse en expectativas insatisfechas. Hace años, los diputados tuvieron la intención de repartir entre diversas causas más del cien por ciento de un impuesto determinado. Es un imposible, pero así cerraba la suma de los porcentajes asignados a fines específicos.

En estos momentos, el Poder Ejecutivo y un sector de los legisladores engolosinan a las municipalidades con el traslado del 10% del Presupuesto Nacional, equivalente a la mitad del monto disponible para la operación del Gobierno Central, luego de restar las partidas presupuestarias intocables que dan rigidez al plan de gastos, como es el caso del dinero destinado a pensiones y servicio de la deuda.

Hace años, el Fondo de Subsidios de Vivienda se quedó en espera del 3% del Presupuesto Nacional para enriquecer sus arcas como la ley mandaba.

Los ejemplos abundan y basta señalar que en la década de los noventa y los primeros años de este siglo, entre el 50% y el 70% de la legislación sustantiva aprobada por el Congreso creaba nuevos derechos, los ampliaba o reconocía nuevas obligaciones del Estado con los ciudadanos. De esa legislación, apenas entre el 10% y el 20%, dependiendo del año, señalaba una fuente de financiamiento.

Como resultado, el Estado costarricense es el principal infractor de la ley, y el ciudadano, con pleno acceso a las instancias judiciales, acude a ellas en procura de satisfacer expectativas que los jueces no pueden llenar. El círculo vicioso de la insatisfacción y la frustración se completa, entonces, a las puertas de la institución presidida por don Luis Paulino.

En consecuencia, el Poder Judicial se ve arrastrado a un indeseable protagonismo en la arena política, otra de las quejas fundamentales contenidas en el discurso de apertura del Año Judicial: “Otra marcada tendencia que afecta a nuestro sistema de justicia es la alta judicialización de los temas políticos ('). Se trata de conflictos políticos y sociales que terminan siendo resueltos por los jueces en distintas instancias, algunas veces penales, pero mayoritariamente constitucionales y contencioso-administrativas”.

Según el magistrado, la gestión de temas políticos y sociales mediante procesos judiciales y no por intervención de los órganos estatales directamente encargados, se acentúa porque el marco constitucional y los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica otorgan derechos en todas las materias, “muchos de los cuales ni los países desarrollados logran satisfacer”.

“Nuestro país se caracteriza por su proclividad a suscribir compromisos internacionales, sin contar muchas veces con el sustento económico o la estructura estatal” necesarios para cumplir, y así hemos adquirido compromisos que van desde los problemas de accesibilidad, género y ambiente hasta los derechos laborales, “sin que se hayan tomado las previsiones económicas y estructurales necesarias para darles sustento”.

“El resultado de todo lo anterior es que lo que no se obtiene en la arena política o por medio de las luchas sectoriales, termina siendo discutido y reclamado en estrados judiciales.

Esto causa un protagonismo inusual –inédito históricamente– del sistema de justicia costarricense en el balance de poderes, si reparamos en que estas características se presentan apenas en los últimos 20 años de nuestros casi dos siglos de existencia como país”.

La llamada de atención está bien documentada en estudios del Programa Estado de la Nación y no debe ser desoída, porque las malas prácticas siguen gozando de buena salud.

El primer paso no es plantearnos qué hacer con los errores del pasado, aunque en algún momento será necesario hacerlo. El primer paso es dejar de cometer los mismos errores.