De empresarios contra Ley que exige igualdad de género | ||
SALA IV ESTUDIA ACCIÓN POR COMPOSICIÓN EN DIRECTIVAS | ||
La Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en contra de la obligación de tener equidad de género en juntas directivas. La cúpula empresarial presentó dicha acción desde el pasado 25 de enero, en la cual se cuestiona las limitaciones impuestas a la libertad de asociación, consagrada en nuestra Constitución Política, pues le exige a organizaciones formadas exclusivamente por mujeres u hombres que salgan a buscar personas para rellenar sus juntas directivas. La Uccaep se mostró complacida por la decisión de los magistrados de la Sala Constitucional de acoger la inconstitucionalidad que esta organización presentó contra la ley sobre la paridad. "Estamos sumamente agradecidos con la resolución de la Sala IV de acoger para análisis nuestro recurso de inconstitucionalidad, y le pedimos a los señores magistrados una pronta resolución pues esta Ley ya está perjudicando a un sinnúmero de organizaciones, entre ellas a los comedores escolares, muchos de los cuales dejaron de operar dejando a miles de niños sin sus alimentos", señaló Manuel H. Rodríguez, presidente de Uccaep. Rodríguez agregó que el sector empresarial cree en la importancia y necesidad de que las mujeres participen de manera activa en las distintas actividades productivas, pero no de la forma en que esta Ley impuso. La acción de inconstitucionalidad interpuesta, indica que la ley de paridad estaría violentando el principio de libertad, pues está imponiendo la forma en que deben organizarse estos grupos, cuando en muchos casos resulta imposible cumplir con esa equidad de género por el giro de actividad o porque los ciudadanos deciden agruparse con un solo género por los fines propios de la asociación. Ejemplo de ello es que en el Registro Nacional existen más de 100 asociaciones exclusivas de mujeres. Para la Uccaep, la normativa lesionaría además los principios de libertad, razonabilidad y proporcionalidad y convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). |
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