La Ley sobre Simplificación de Trámites para la Instalación de Marinas y Atracaderos Turísticos sufrió un cuarto tropiezo -los opositores esperan que el último- en la Sala Constitucional.

El proyecto fue rechazado por lesionar el principio de progresividad de los derechos humanos en materia ambiental y por no incluir varias categorías de manejo para las áreas silvestres protegidas en la prohibición de marinas.

Anteriormente había sido refutado por la forma, pero esta vez fue por el fondo.

Además se señala ausencia de regulaciones en cuestiones migratorias, sanitarias y aduanales.

El diputado José María Villalta considera que esta sentencia constituye "un entierro definitivo de esta iniciativa, de nefastas consecuencias ambientales y económicas, promovida por intereses puramente mercantiles, sin conciencia social".

Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana, añadió que "la iniciativa lo que buscaba era limitar el poder de los gobiernos locales porque propone que estarán obligados a tramitar los permisos y se limita ejercer el control, además disminuye el estudio de impacto ambiental".

La liberacionista Agnes Gómez indicó que revisarán los motivos señalados por la Sala Constitucional para pronunciarse en contra y de ser posible retomarán el proyecto. La última consulta de constitucionalidad fue impulsada por las fracciones de los partidos Frente Amplio, Acción Ciudadana y Accesibilidad Sin Exclusión.