| PROYECTO PISAV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA MARZO 2011 | ||
En el marco de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, el Poder Judicial costarricense consideró importante impulsar el desarrollo de un proyecto dirigido a fortalecer LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMAS que a la vez, recupere la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, a través de acciones que garanticen el respeto a sus derechos y la disminución de la revictimización. Las corrientes procesales penales y penales sustantivas que han sido impulsadas en toda América Latina, han centrado su preocupación en las garantías de los imputados. La situación de la víctima ha sido revisada tardíamente. Se han introducido reformas legales para lograr algunos cambios en su consideración como persona igualmente importante, pero sigue existiendo una gran desventaja en el ejercicio efectivo de sus derechos dentro del proceso penal. Es impostergable implementar acciones que permitan pasar del simple enunciado legal de los derechos de la víctima a su ejercicio efectivo.
En las últimas décadas, corrientes criminológicas y victimológicas han impulsado de manera importante, la visibilización del tema. La reforma procesal penal de los años 90 se planteó como uno de sus ejes principales: la reinvindicación de los derechos de las víctimas, su participación activa como parte procesal, su derecho a la restitución y su derecho a la no revictimización. Esa preocupación doctrinaria ha sido recogida a nivel legislativo. Sin embargo, no puede negarse que el sistema judicial es cuestionado hoy por la ciudadanía, particularmente por su gestión en la administración de justicia penal. La problemática de seguridad ciudadana ocupa la agenda pública de todos los países del área. La confiabilidad y la credibilidad en los sistemas de administración de justicia lleva indiscutiblemente al análisis de los resultados del aparato judicial en cuanto a la materia penal. En esta línea, un dato relevante es el promedio latinoamericano de confianza en la Justicia, que en el 2009, fue tan solo de 29%, según el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad de ese año. También es importante mencionar los informes de seguimiento e informes comparativos sobre los procesos de reforma judicial en América Latina efectuados por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Estos informes revelan de manera consistente, que en la región prevalece la aplicación de “mecanismos de descongestión del sistema” como lo son la desestimación y el archivo fiscal, lo cual se ve reflejado en números que, conservadoramente, rondan en más de un 60% de casos desestimados o con archivo fiscal. A estos porcentajes podemos adicionar las afirmaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sostenido que “la impunidad es uno de los serios problemas concernientes a la administración de justicia en el Hemisferio”. (Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003). Mientras se identifiquen los intereses del Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal pública, con los intereses de éstas el paradigma que obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas continuará plenamente vigente en relación con la existencia de importantes desequilibrios procesales. Para garantizarle a la víctima su derecho de acceso efectivo a la justicia se requiere proveerle de representación legal efectiva y gratuita durante todo el proceso, de tal forma que pueda ser oída y convencida en juicio. La implementación de los derechos de las víctimas, en el transcurso del proceso, es el objetivo de la Plataforma de Servicios que hoy presentamos. No pretende revertir el tipo de terminación de los procesos sino que busca que en el transcurso del proceso, las víctimas puedan ejercer a cabalidad sus derechos, en todas y cada una de las etapas. Parte de que, en un Estado democrático de derecho, un proceso penal debe ser un espacio donde se respeten los derechos fundamentales de todas las partes que intervienen. Esto es indispensable, no solo para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas víctimas de delitos; sino también para que las administraciones de justicia y especialmente la justicia penal, logren revertir el camino de la crisis de legitimación que desafortunadamente parece profundizarse en toda nuestra región.
LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS HAN SIDO RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE Y CONSTITUYEN BASE FUNDAMENTAL PARA UN EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA El cambio de paradigma, ante el cual nos encontramos, ha generado el reconocimiento de los derechos de la víctima al máximo nivel del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos. La política criminal oficial de un Estado democrático y pluralista, tiene por misión no solo, ni principalmente, imponer a quien delinque una sanción adecuada al principio de proporcionalidad, que permita restablecer el orden jurídico violado. CON IGUAL IMPORTANCIA debe propiciar que la víctima reciba seguridad del ordenamiento jurídico, representación legal gratuita, asistencia desde campos interdisciplinarios e interinstitucionales, reparación de los perjuicios sufridos, y recuperación de su integridad física y emocional. Hoy se formula una nueva exigencia social y humana: el ser víctima no se considera un hecho individual sino un problema de política social, un problema de derechos fundamentales. A manera de resumen, aquí podrán ver los instrumentos internacionales más relevantes en esta materia:
EFECTIVIDAD DEL ACCESO A LA JUSTICIA Ahora bien, si el reconocimiento a nivel jurídico internacional es amplio, es imperativo pasar de una JUSTICIA DE IURE a una JUSTICIA DE FACTO. No es suficiente el reconocimiento formal de derechos. Se trata de pasar del enunciado teórico a las acciones prácticas. Los sistemas penales nacionales deben desarrollar mecanismos para operativizar los derechos de las víctimas, para hacerlos eficaces y efectivos. Se requiere la ejecución de acciones concretas que permitan a las diferentes poblaciones en condiciones de vulnerabilidad acceder a la justicia. Es necesario desarrollar instrumentos para visibilizar sus necesidades específicas y generar programas con respuestas para abordar esas necesidades de manera diferenciada. Hay que revisar el diseño y la estructura del proceso penal, en todas sus etapas; de tal forma que los derechos de las víctimas no se perciban únicamente como la posibilidad de participación, sino que su presencia sea garantía indispensable para el ejercicio de sus derechos.
PLATAFORMA INTEGRAL DE SERVICIOS INTEGRADOS A VÍCTIMAS Sin perjuicio de las reformas legales que sean procedentes, el sistema de administración de justicia debe asumir los cambios necesarios para hacer operativos los derechos ya previstos en el ordenamiento legal. Este es el objetivo que pretende la PISAV. Es fundamental romper con los patrones culturales que permean la actividad de quienes operan el sistema penal: la víctima es un fin en sí mismo, no un medio para la obtención de prueba. La Plataforma de Servicios se convierte así en un mecanismo práctico para hacer realidad los derechos de las víctimas de delitos, en el marco de las Reglas de de Brasilia de Acceso a la Justicia de Poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, permitiendo visibilizar las necesidades particulares de la población migrante, de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres víctimas de violencia, y población indígena, entre muchas otras. La Plataforma de Servicios a Víctimas que presentamos como proyecto a esta Cumbre, estructura el servicio con base en el reconocimiento de los siguientes derechos:
Se propicia, desde la Administración de Justicia, una política pública para la atención de víctimas, cuyos principios rectores son:
Con la Plataforma se deben ofrecer servicios jurisdiccionales de manera integral y concentrada, que eliminen el peregrinar de la víctima por diversas instancias; y reúnan y coordinen servicios interinstitucionales, ágiles e inmediatos, como atención médica, psicológica y de protección. No se pretende que todos los servicios sean dados por la Administración de Justicia. Se busca la coordinación institucional e interinstitucional para que la respuesta estatal sea única. Los procesos que puedan suscitarse ante un hecho delicitivo no deben exigirle a la victima ir de jurisdicción en jurisdicción, sino que un mismo hecho debe ser resuelto con un servicio judicial unificado, integral y concentrado. Un claro ejemplo de ello es el abordaje en casos de violencia doméstica que generan procesos judiciales paralelos en el ámbito penal, en la jurisdicción de de Pensiones Alimentarias, procesos de Familia y procesos especializados de la jurisdicción de Violencia; además de la necesidad de servicios requeridos a diversas instituciones estatales.
JUSTICIA RESTAURATIVA El proyecto PISAV incluye un componente de Justicia Restaurativa que asegure a la víctima acceso efectivo a la reparación del daño. El delito causa daño a las personas: al delincuente, a la víctima y a la comunidad. Para que exista una verdadera justicia debe producirse la mayor reparación de ese daño. Las prácticas restaurativas ponen su acento en la persona perjudicada, en sus necesidades e involucran a la comunidad. Los imputados u ofensores, a quienes se les encuentra culpable, deben asumir su responsabilidad activamente, reparando el daño:
Esta propuesta es acorde con las nuevas corrientes doctrinales del Derecho Penal en las que se resalta el comportamiento postdelictivo, orientado a la reparación del daño o a la superación de las consecuencias del hecho ilícito.
GENERALIDADES DEL PROYECTO El Proyecto modelo que se está desarrollando en Costa Rica, es coordinado por el Fiscal de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Lic. Róger Mata Brenes; con el apoyo de la Secretaría Técnica de Género, Licda. Jeannette Arias Meza. Esta plataforma es un insumo para crear protocolos y lineamientos de política pública para la atención a víctimas. Pretendemos que sea enriquecido con el aporte y experiencia de todos los países, de manera que permita crear un modelo de atención para la región. Para la implementación del modelo a nivel nacional, con base en un diagnóstico efectuado se seleccionó la zona de Pavas, en razón de sus características de región urbano marginal. Esta zona está ubicada en el Cantón Central de San José. Aquí radican grupos de poblaciones en condición de vulnerabilidad: mujeres en condición de pobreza víctimas de violencia, población migrante, madres adolescentes, entre otras. El diagnóstico revisó también, la naturaleza jurídica de las causas tramitadas en la zona, con el fin de hacer un mapeo de la criminalidad y de los requerimientos por jurisdicción. Una vez seleccionada la zona y las áreas de competencia, procede diseñar un Modelo de Atención Integral que contemple instrumentos de denuncia única, de recolección de información y de referencia; de coordinación intersectorial e interinstitucional para las diferentes áreas involucradas, estableciendo los convenios que sean necesarios entre las diferentes instituciones involucradas. La gestión de la Plataforma incorporará las Políticas institucionales de cero papel y de oralidad, que se utilizarán como mecanismos para garantizar a la víctima el ejercicio de sus derechos. El modelo será formulado de conformidad con las Políticas de Equidad de Género y Accesibilidad. La evolución del proyecto se evaluará en el lapso de tres a seis meses luego del inicio de operaciones de la Plataforma, con el objetivo de valorar el impacto en los servicios de atención a las víctimas.
CONCLUSIONES Es importante señalar que la Plataforma de Servicios es tan solo un esfuerzo, el cambio debe ser estructural, en cuanto cambio procesal. La Plataforma significa un avance, mediante la identificación y ejecución de lineamientos y parámetros básicos que puedan implementarse en toda la región. Es también, una oportunidad para que los Estados que han recorrido caminos importantes en este campo, compartan sus buenas prácticas, lecciones aprendidas y esfuerzos. Permite la construcción conjunta de un documento regional, como marco de referencia que siente las guías para el abordaje de la atención a las víctimas; de la mano con la generación de acciones concretas para hacer realidad los derechos reconocidos. A simple vista no parece que el tema de víctimas esté acorde con esta Cumbre, cuyo eje central es la “Calidad en la Administración de Justicia”. Qué es un justicia de calidad? La calidad no puede definirse con criterios exclusivos de eficiencia. Sacar del sistema las causas, sin tomar en cuenta indicadores cualitativos, no coadyuva al abordaje del conflicto social. La calidad debe ir indisolublemente vinculada a dar una respuesta a las necesidades de quienes acuden al sistema para hacer efectivos sus derechos violados. No puede hablarse de calidad en la Administración de Justicia Penal, sin considerar a la víctima, garantizándole a ella, la efectividad de sus derechos. No quisiera concluir, sin expresar mi firme convicción, de que es nuestra obligación legal hacer efectivos los derechos de todas las personas. Tenemos el compromiso ético, de contribuir a la solución del problema social que se nos plantea en cada investigación penal. Esto nos dará como resultado, la posibilidad de un proceso más humano, logrando ver más allá del expediente, y así, proveer a la víctima no sólo de justicia pronta y cumplida, sino también de alivio a su sufrimiento en un momento de especial vulnerabilidad. Es necesaria una estructura adecuada al nuevo paradigma de desarrollo establecido por Naciones Unidas para este nuevo siglo: un desarrollo económico respetuoso de los derechos fundamentales que mira hacia la incorporación efectiva y equitativa de todos los seres humanos, en todas las actividades de la sociedad, como medio para atacar la pobreza y la concentración desproporcionada de los recursos. Contribuir al acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilida, es contribuir al desarrollo de la comunidad, de la sociedad y de la región. Permitirle a la víctima del delito ejercer su derecho de acceso a la justicia es permitirle hacer efectivos todos sus demás derechos. MUCHAS GRACIAS. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Diseño Gráfico: Iván Pacheco León
Montaje: Licda. Karen Quirós Fumero
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