Laura Chinchilla Miranda Presidenta de la República

Estimadas señoras y señores:

Año tras año, hacemos un alto en el camino para inaugurar el Año Judicial.  Esta ceremonia constituye un espacio propicio para reafirmar nuestra adhesión a los postulados de una justicia pronta, cumplida, justa e imparcial, y para reflexionar sobre los retos pendientes que permitan hacer realidad dichos postulados.

Este acto nunca me ha sido ajeno.  Ya fuera como ministra de Estado, diputada o vicepresidenta, siempre comprendí la importancia evaluativa de esta fecha, y procuré atender a este significativo acontecimiento como un franco y abierto examen de consciencia de nuestro Poder Judicial y como una excepcional oportunidad para fortalecer el diálogo entre los Supremos Poderes del Estado. 

He sido fiel creyente de la función trascendental que desempeña la administración de justicia en una sociedad democrática.  Es en este espacio donde encuentran resolución los inevitables conflictos administrativos e interpersonales que surgen de la agitada vida en comunidad.  La paz social se basa en la confianza que los ciudadanos depositan en la honestidad e imparcialidad de nuestros tribunales de justicia, que sólo deben colocarse bajo el sometimiento exclusivo al imperio de la ley.

Al dirigirles hoy estas palabras, comprendo la trascendencia del momento histórico que vivimos y de los grandes desafíos que se levantan no sólo frente al Poder Judicial, sino frente a toda la arquitectura del Estado.  Vivimos un período de hondas mutaciones y múltiples desafíos que nos obligan a opciones legales y morales: desde la agresión incontenible contra las mujeres y los niños hasta la violación de la vida privada; desde la desigualdad y la exclusión hasta la inhumana ostentación del poder económico; desde la fractura de la alianza entre el ser humano y la naturaleza hasta el avance avasallador  de la criminalidad y el narcotráfico. La lista es amplia y demanda de quienes estamos al frente de las instituciones públicas un claro discernimiento para comprender la magnitud de los retos y un profundo sentido de urgencia para acometer las tareas pendientes.

Cada uno de estos desafíos nos obligan a mirar más allá de nuestras fronteras institucionales y a coordinar acciones eficaces entre los Poderes del Estado. Cada uno de nosotros, con sus respectivas asignaciones y competencias, somos responsables de asegurar las condiciones de justicia, paz, equidad y solidaridad que demandan y merecen los ciudadanos de nuestro país.  Estamos por lo tanto profundamente vinculados en nuestras obligaciones y en nuestras metas. 

Esta básica constatación no pretende poner en entredicho el principio democrático de la separación de poderes, ni mucho menos el sano principio de la independencia judicial.

Observo con gran preocupación algunos prejuicios que toman fuerza en nuestro medio, según los cuales cualquier diálogo entre miembros de los supremos poderes supone una perversa ingerencia en linderos prohibidos y un debilitamiento de la independencia que debe caracterizar la actitud de todo funcionario público. Contrario a estos prejuicios, considero que la correcta conducción de los asuntos de Estado demandan una fluida interlocución entre todas y cada una de las instituciones  que lo conforman.  En este diálogo, que debe ser dinámico y continuo, uno de sus interlocutores más decisivos es el Poder Judicial, por lo cual reitero hoy ante los honorables miembros de la judicatura nuestra disposición a un diálogo sin complejos, franco y abierto, respetuoso y fructífero, con la única y estricta motivación de procurar la más efectiva resolución de los problemas nacionales.

Uno de ellos, el de más urgente atención desde el punto de vista de la afectación de derechos básicos de la población, es la seguridad ciudadana.  Para ello promovimos, gracias al valioso apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la construcción de una política  integral y sostenible mediante un proceso de consulta nacional.  Esta política constituye un instrumento sin precedentes para el abordaje sostenido y balanceado del principal problema que aqueja a nuestra población y expresa los valores, principios rectores y prioridades que deben caracterizar una política nacional en esta materia. Agradezco a quienes desde el Poder Judicial participaron de este esfuerzo y les garantizo que no claudicaremos en hacer valer su legitimidad como mecanismo para orientar la acción conjunta e integral de los diferentes actores en materia de violencia y criminalidad.  

Otro aspecto que pondrá a prueba, no sólo el diálogo entre poderes públicos, sino también el diálogo político y social, es el relativo a la definición de cómo queremos seguir financiando las urgentes tareas del desarrollo. Los costarricenses somos un pueblo con una indisputable vocación a favor de la solidaridad y de la justicia social y aspiramos, en consecuencia, a mayores niveles de cobertura y mejor calidad de muchos de los servicios que hoy provee el Estado. Sin embargo, los medios para hacer realidad dichas aspiraciones son cada vez más escasos. Para el ejercicio fiscal 2011 estamos obligados a responder por un conjunto de obligaciones sin sus respectivas contrapartidas.  Sólo en destinos específicos establecidos por ley, Constitución o resoluciones de tribunales, se compromete el 70% del presupuesto nacional, sin contar las obligaciones ineludibles como remuneraciones, pensiones y amortizaciones de deuda. 

En relación con los recursos constitucionalmente garantizados al Poder Judicial, es para mí sagrado el cumplimiento de esta obligación  y la estaremos honrando. Soy consciente de las crecientes necesidades presupuestarias de la Administración de Justicia, pero también de lo poco que se comprende el costo de sus obligaciones y de la facilidad con que se cree suplir sus necesidades con decisiones legislativas que desconocen la proporción real de los problemas.  Año tras año, se han venido aprobando leyes que incrementan las obligaciones del Poder Judicial sin sus correspondientes fuentes de financiamiento.

Las distancias entre las obligaciones institucionales y los recursos disponibles resultan cada vez más grandes y sus consecuencias más graves.  Por eso no siento que me excedo en esta fecha al recordar la necesidad perentoria de una reforma tributaria, en tanto lo tributario se ha convertido en un problema de Estado, que nos atañe a todos.

Pero este momento de reflexiones es también un momento de reconocimientos.   Y es que no podemos ignorar los significativos avances que se vienen impulsando en diferentes ámbitos de nuestra Administración de Justicia. En estos últimos años, el país ha enfrentado retos sin precedentes que también han supuesto un aumento sin precedentes de la demanda judicial.  A pesar de ello, hemos visto con satisfacción como se ha avanzado   en materia de oralidad garantizando mayor agilidad e inmediatez en la forma en que se imparte justicia.  También se han adoptado con gran entusiasmo las tecnologías digitales, las cuales han permitido un cambio cualitativo en materia de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, así como mayores niveles de transparencia en la gestión judicial.  La independencia interna de los jueces se ha visto fortalecida gracias al proceso de regularización de una gran cantidad de nombramientos interinos que por muchos años arrastró nuestro Poder Judicial y que hoy cuentan con la garantía de la estabilidad laboral.

Los ciudadanos han encontrado una más efectiva respuesta ante la criminalidad gracias a los tribunales de flagrancia que ya operan en distintos puntos del país.  Pero los cambios experimentados por el Poder Judicial no se han limitado a los temas de administración y gestión, también hemos sido testigos de una de las más significativas revoluciones normativas de todos los tiempos. En estos últimos años se han aprobado diversas leyes que han reconfigurado el funcionamiento de la Administración de Justicia; entre ellas: dos Códigos Procesales, uno en materia penal y otro en materia contencioso administrativa; una Ley contra la Criminalidad Organizada y otra para la Protección de Víctimas y Testigos, así como un conjunto de reformas más puntuales que alcanzan diversos aspectos del quehacer judicial. 

Por todo ello, deseo expresar mi reconocimiento a los funcionarios del Poder Judicial, a los magistrados y magistradas y de manera muy especial a quien ha liderado este fecundo período de cambios y transformaciones: al presidente de esta honorable institución, don Luis Paulino Mora Mora.

Me siento honrada de haber sido parte de algunos capítulos de esta historia de transformaciones en favor de nuestra Administración de Justicia.  Me siento, además, entusiasmada de poder seguir ayudándola en su proceso de fortalecimiento.  Al día de hoy existe una importante agenda aún pendiente que requiere de la coordinación entre los poderes del Estado y que incluye: la aprobación del Código Procesal Laboral y la efectiva implementación de las leyes de Combate al Crimen Organizado y de Protección de Víctimas de la Violencia, entre otros. 

Una de las reformas que ha iniciado su discusión en la Asamblea Legislativa, es la que alcanza a la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Sala Constitucional ha venido representando desde su creación la mejor garantía de observancia y obediencia de todos los Poderes del Estado al espíritu y la letra de nuestra Constitución Política. Como tal, constituye un pilar fundamental de nuestro ordenamiento político y jurídico. Su ejercicio ha significado precisiones notables en nuestra vida institucional y su acceso sencillo y práctico para toda la ciudadanía representa un empoderamiento de la ley por parte de la población.  Sin embargo, al igual que toda institución humana, sujeta a una evolución siempre en construcción, diversos sectores han considerado conveniente un examen de su funcionamiento especialmente, desde la administración pública estimamos necesario y conveniente el debate en torno a la delimitación entre el recurso de amparo y el juicio contencioso administrativo: es decir, definir con más claridad la distinción entre las dos jurisdicciones, para evitar innecesarias concurrencias en la vía judicial y problemas de inseguridad jurídica para el país.

Sin embargo, en el Poder Ejecutivo hemos entendido que dicho proceso de discusión legislativa, al igual que ocurre con cualquier iniciativa que involucre al Poder Judicial, deberá conducirse de la mano de los jueces de la República  y con el único objetivo de fortalecer la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el control de constitucionalidad de las leyes y del ejercicio de poder público.

Estimadas señoras y señores:

Participo en este proceso, desde uno de los tres Poderes Supremos de la República, firmemente comprometida con la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho.  Nada es más profundo para mí, en el ejercicio de la función pública, que el respeto por el control de legalidad que ejercen los jueces de la República sobre nuestras actuaciones. Me hago presente, en este día, con el firme compromiso de contribuir de manera constructiva y respetuosa al debate que alimenta la vida institucional de una sociedad abierta y democrática. Reafirmo mi entusiasmo a seguir trabajando de manera mancomunada con el Poder Judicial en la resolución de los más importantes problemas de nuestro país, y en este sagrado recinto judicial hago mía la sentencia del gran novelista francés Víctor Hugo “no hay más que un poder: la conciencia al servicio de la justicia.”