Dr. Luis Paulino Mora Mora Presidente Corte Suprema de Justicia Apertura Año Judicial Auditorio Plaza de la Justicia 2 p.m.

Sean todos Ustedes bienvenidos a este tradicional acto de apertura del Año Judicial, que tiene un significado profundamente democrático como rendición de cuentas a la ciudadanía.  Tengo el honor de hacerlo en presencia de distinguidos  invitados especiales de países amigos y ante la grata presencia de todos ustedes, señoras y señores que engalanan este simbólico acto.

Este año, nos acompañan los participantes del Taller Preparatorio para la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, Taller que hemos organizado y llevado adelante en estos días con gran éxito.- Ellos representan 20  países de iberoamérica y nos acompañan hoy luego de haber brindado sus aportes a la agenda de la justicia iberoamericana, sobre distintos temas durante los últimos tres días.-   A todos ellos les doy las gracias por su contribución  y espero que sepan que siempre son bienvenidos en nuestro país y especialmente en esta su casa.

Como es usual,  esta actividad gira alrededor de la formal entrega de un informe anual de labores del último año por parte de la administración de justicia y los demás órganos que en nuestro país están adscritos al Poder Judicial.- Tanto por su volumen como por la variedad y detalle de su contenido, hace ya tiempo que hemos optado por un formato más ágil e igualmente menos costoso de rendirlo,  desde el punto de vista ambiental y monetario.-  Así,  -fieles a nuestra promesa de años anteriores-  también este año hemos logrado reducir el uso de papel de manera que el informe estará disponible en formato digital y por excepción en un reducido número de folletos que pretendemos enviar a diversos lugares del país que no cuenten con tecnología para consultarlo en su versión electrónica.-

También  -como ha sido la costumbre-    encontrarán en esas versiones los resultados concretos de nuestros empeños y desvelos en el año 2010, así como de la forma en que se han invertido los recursos que la sociedad costarricense puso en nuestras manos para el cumplimiento de nuestros objetivos.-

En nuestro caso, este acto de rendición de cuentas, tiene un acento mayor si tomamos en cuenta que, contrario a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, nuestro trabajo no se realiza por delegación del voto popular, sino por encargo del constituyente como máximo representante de la voluntad popular, de manera que no se renueva cada cuatro años como lo hace permanentemente la clase política. De allí que el  escrutinio de la administración de justicia es necesario que se de, pero bajo un  tamiz diferente, según las especiales circunstancias del servicio que presta. Con ello quiero acentuar que el Poder Judicial está obligado a rendir cuentas, no solo para dar razón al pueblo soberano sobre el encargo confiado, sino que también está obligado por el hecho de que ese pueblo no tiene la posibilidad de hacer el mismo control, que hace de los demás poderes, por medio de la renovación democrática de sus estructuras. De tal forma que la presentación del informe de labores resulta un acto de gran significado dentro de la vocación democrática que todo sistema de justicia debe tener. 

También aprovechamos esta ocasión para premiar a nuestros funcionarios y resaltar su ejemplo y excelencia frente a la comunidad nacional. De allí que también hemos buscado rodear a esta actividad de un ambiente festivo porque pensamos que siempre son necesarios momentos de pausa y reflexión para valorar lo que tenemos y  compartir lo que tenemos pensado hacer e incluso para hablar de lo que soñamos con que alguna vez se logre.- Eso resulta lo normal entre nosotros, los servidores judiciales costarricenses, que nos sentimos profundamente ligados a esta institución por la que profesamos un profundo afecto.-

Y es esta actitud de entrega y aprecio lo que queda demostrado hoy de forma cristalina con los premios que hemos entregado a los servidores del Poder Judicial, a Doña Teresita Rodriguez Arroyo,  Premio Fernando Coto Albán al  buen juez, a Don Álvaro Burgos Mata, Premio Ulises Odio Santos por sus distinguidos aportes a la investigación jurídica, a Doña Lena White Curling, Premio al Buen Profesional,  así como también a Don Jorge Rivera Ramírez, premio al buen servidor judicial. Todos ellos son una guía para nosotros,  por su calidad personal, excelencia en su trabajo, probidad y su amor por esta institución. A todos ellos me une un aprecio personal que me hace sentirme doblemente orgulloso.

En nombre propio y de la Corte Suprema de Justicia quiero felicitarlos por la distinción que hoy reciben, así como a sus parientes y amigos aquí presentes.- Se la merecen plenamente y les pido que la tomen como un incentivo más para que sigan aportando al Poder Judicial costarricense con su ejemplo de servicio.- 

Aprovecho para agradecer a tantos otros funcionarios y servidores que día a día ponen su mayor empeño por mejorar el servicio público a nuestro encargo y que llevan con orgullo su distinción de desempeñarse en la administración de justicia. Este año quisimos visibilizar tantos aportes tan diversos a lo ancho y largo del país, con nuestro lema de este año judicial “Deje su huella: usted hace la diferencia” por lo que pusimos una aplicación en intranet para que cada uno exprese qué significa ser funcionario judicial y cómo deja su huella.

La verdad que ha sido impresionante la participación y con mensajes como los que voy a leer y que tan sólo son una muestra representativa, se evidencia ese sello de orgullo que llevamos todos en el trabajo diario.

Y hay cientos de mensajes como estos que pueden ver en la página web que nos llenan de inspiración y orgullo de ser servidores judiciales.

Señora Presidenta, señoras y señores es un honor servir al lado de personas tan comprometidas, especialmente en momentos que como voy a expresar hoy con toda sinceridad, pasamos por una época de grandes retos y desafíos. Es un gran aliento saber que existe esta mística y talento capaces de vencer toda dificultad.

En esta oportunidad deseo aprovechar esta ocasión, para alejarme del detalle del informe y hacer una reflexión sobre las perspectivas presentes y futuras del sistema de justicia, ejercicio que encuentro propicio como complemento a la rendición de cuentas. Aclaro que es una visión particular, propia de la reflexión personal de 42 años de servicio al Poder judicial y de mi experiencia como Presidente de la Corte, de modo que no necesariamente representa la visión de la Corte Suprema de Justicia. El detalle del informe como tal lo dejo al escrutinio de ustedes.

Lo primero que deseo reconocer es que la década pasada nos revela una administración de justicia caracterizada por un constante cambio, de la mano sin duda, de la situación del país  y el mundo, los cuales necesariamente influyen de manera directa en el sistema de justicia y concretamente, en la administración de justicia como parte de él.

Sin duda alguna, la actualidad nos revela una enorme demanda en los servicios judiciales, tendencia que parece mantenerse año con año, debido a varios factores sociales y económicos en los últimos tiempos.  Ha aumentado la violencia social en todas sus formas, y ese mayor conflicto social se ha traducido indudablemente, en un aumento en la litigiosidad y demanda de los servicios judiciales.

Como respuesta, hemos destinado esfuerzos importantes para allegar recursos adicionales, así como promover importantes reformas legales y procesales durante esta última década. Para mencionar algunos ejemplos, hemos impulsado legislación en violencia doméstica, derechos de las víctimas, crimen organizado, flagrancia, material laboral, penal, contencioso administrativo, procesal civil, para mencionar sólo algunas.

Asimismo, se ha logrado aumentar la asignación presupuestaria del Poder Judicial y una de las áreas en las que más se ha invertido ha sido en materia penal,  a tal punto que actualmente dedicamos más del  40% de nuestro presupuesto a esa materia. Hemos buscado también atender el aumento en la litigiosidad por medio de una amplia inversión en tecnología que nos permita maximizar nuestra eficiencia, con los mismos recursos humanos.-

Lo anterior se acompañó de reformas en la organización de los despachos para maximizar la utilización de recursos y separar las funciones del juez con las de la administración, para que aquél  pudiera dedicar más de su tiempo a los casos, dejando todo el quehacer administrativo a otras disciplinas. Esto último, por cierto, se hizo a solicitud de los propios jueces en los congresos de modernización de la justicia de los años noventa.

Pero también las diversas crisis económicas que han afectado al mundo entero, en distintos momentos en los últimos 10 o 15 años, han tenido un impacto directo en la demanda de servicios,  en este caso por razones económicas, más que por el aumento en la violencia. Tales coyunturas producen una distorsión en el comportamiento normal de los despidos en la economía costarricense y con inciden en las demandas en pensiones alimentarias y los reclamos en materias como civil y laboral.

A ello tenemos además que sumar las tendencias mundiales actuales que ejercen una enorme presión sobre los recursos naturales  -cada vez más escasos-  así como sobre los bienes y servicios, pues el nivel de consumo aumenta rápidamente.- El mundo tiene actualmente 6,8 billones de habitantes y sigue creciendo. Ya no hay fronteras  por lo que la demanda por agua, comida y los problemas de salud humana son  actualmente -y seguirán siendo- compartidos por toda la humanidad. Y agregado a ello, esa misma globalización produce a su vez otra tendencia que necesariamente afecta el entorno en que se mueven los sistemas de justicia, ya que acelerado desarrollo de la tecnología permite anticipar una mayor invasión de la privacidad de las personas, manipulación de datos, y nuevas formas de criminalidad que van a extenderse al calor de esa innovación tecnológica, con lo cual se abren nuevos retos en protección de derechos y bienes para la población.   Todos estos factores aumentan la cantidad de conflictos sociales y económicos que llegan a los Tribunales y terminan afectando todos los indicadores de justicia.-

Otra marcada tendencia que afecta  nuestros sistemas de justicia actualmente es la alta judicialización de temas políticos. Se trata de otro factor que -aparte de las mencionadas previamente- ha tenido un impacto significativo sobre nuestra administración de justicia. En este caso las repercusiones van más allá del mero manejo de casos o de números.  Se trata de conflictos políticos y sociales que terminan siendo resueltos por los jueces en distintas instancias, algunas veces penales, pero mayoritariamente constitucionales y contencioso-administrativos.  Este último fenómeno –el de la judicialización de temas políticos-  no es exclusivo de nuestro país sino de varios sistemas de justicia en el mundo, y en especial de aquellos que tienen Tribunales o Salas Constitucionales consolidadas, con amplios poderes de intervención.

En el caso costarricense la cuestión de gestionar temas político-sociales por medio de expedientes judiciales y no a través de los órganos del Estado encargados, se ve acentuado porque nuestro marco normativo a nivel constitucional e internacional,  es tan amplio que otorga derechos en todas las materias a las personas, muchos de los cuales ni los países desarrollados logran satisfacer. Tenemos en nuestro país, reglas y tratados para una buena cantidad de temas, desde accesibilidad, género, ambiente o derechos laborales y la verdad es que nuestro país se caracteriza por su proclividad para suscribir compromisos internacionales, sin contar muchas veces con el sustento económico o estructura estatal que se requiere para cumplirlos, tal y como ya demostró el Proyecto del Estado de la Nación en informes pasados, en donde hizo estudios sobre la cantidad de leyes que otorgan derechos, sin que se hayan tomado las previsiones económicas y estructurales necesarias para darles sustento.   Esta forma de actuar  es preocupante si le sumamos la existencia de un sistema de administración de justicia con amplia posibilidad de acceso y con fuertes herramientas para garantizar la tutela judicial efectiva en tiempo razonable.

El resultado de todo lo anterior es que lo que no se obtiene en la arena política o por medio de las luchas sectoriales, termina siendo discutido y reclamado en estrados judiciales. Esto ha causado un protagonismo inusual -inédito históricamente-  del sistema de justicia costarricense en el balance de poderes, si reparamos en que estas características se presentan apenas en los últimos 20 años de nuestros casi dos siglos de existencia, como país.

Existe entonces una enorme distorsión en la estructura estatal y una disfuncionalidad de la sociedad que hace que los muchos derechos que las personas no logran satisfacer por medio de las entidades estatales encargadas de garantizar ciertos bienes jurídicos indispensables para la sana convivencia, terminan siendo reclamado ante los jueces. La consecuencia inmediata de este fenómeno -muy marcado recientemente en nuestro país-, es que los Poderes Judiciales aparecen erróneamente como órganos solitarios en el Estado, encargados de dar eficacia real a la Constitución Política y al proyecto de estado social, que es un rol para el cual nunca fueron concebidos y han terminando asumiendo tareas que –en un sano ejercicio democrático-, le corresponden a otros poderes del Estado quienes por múltiples razones, no se ocupan o no se han podido ocupar de ellas.

En resumidas cuentas los jueces terminan llevando sobre sus espaldas el peso de dar eficacia al compromiso democrático, sin tener los medios materiales para hacerlo efectivamente, entre ellos el desarrollo de la equidad social.

Según mi perspectiva, en cualquier Estado de Derecho el papel del Poder Judicial debiera ser el de constituirse como la garantía última de resolución para las controversias surgidas en la aplicación de la ley.  La gran cantidad de temas que terminan en las distintas sedes del Poder Judicial, pero que no debieran salir del acontecer político,  causa efectos realmente perniciosos sobre la administración de justicia y el sistema en general, pues ha colocado a los Tribunales de Justicia en general y los constitucionales y contenciosos en particular, como objetivos (blancos) políticos por excelencia, y esa es una tendencia que en las circunstancias actuales se va a acentuar en el futuro, pues la crisis fiscal por la que atraviesa el mundo y también nuestro país, no permite al Estado tener las armas necesarias para reaccionar oportunamente y resolver los problemas sociales que conllevan a la ciudadanía a recurrir a la justicia como último medio para hacer efectivas las promesas que se le hicieron.    

Indudablemente los factores mencionados, generan grandes retos y peligros para la independencia y credibilidad del sistema judicial  y constituyen un fuerte remesón para el Poder Judicial, quien, como Poder Estatal, estuvo acostumbrado a permanecer al margen, durante casi 175 años de los 184 que tiene de existencia. Todos los cambios radicales del sistema que se han dado en los últimos 20 años -y más dramáticamente en los últimos 10-, son sin duda espejo de lo que acontece en el entorno nacional y también mundial.

Tenemos que reconocer con toda honestidad que los grandes esfuerzos emprendidos en los sistemas judiciales –el nuestro incluido- han sido insuficientes para satisfacer las expectativas de la ciudadanía sobre el sistema de justicia. Hemos intentado todo: aumentar recursos económicos;  nombrar mas jueces y funcionarios;  cambiar leyes y estructuras organizacionales;  invertir en tecnología; dar una mayor capacitación;  buscar la simplificación de procesos y la introducción de la oralidad en todas las materias, así como la resolución alternativa de conflictos; mejorar los niveles de acceso; establecer estándares éticos y de calidad y  promover la participación ciudadana, solo para mencionar algunas de las ideas puestas en práctica.

Para cada uno de estos temas tenemos una comisión, oficina o grupo de trabajo dedicado con esmero y trabajo profesional para dar una solución y puedo dar fe de que no existe Magistrada o Magistrado de esta Corte que aparte de sus quehaceres de juez, no esté involucrado de lleno en los temas del gobierno judicial en alguna de sus formas. Pero todo eso ha resultado insuficiente para tener una verdadera justicia acorde a nuestros tiempos, en donde la solución del conflicto social pueda asegurarse que se dará en un plazo razonable.

No sobra decir que muchos de los esfuerzos emprendidos en nuestro país, han sido reconocidos a nivel iberoamericano, talvez porque muchos países amigos comparten los mismos retos y procuran soluciones para sus recargados sistemas judiciales. Sin embargo como el mal de muchos no debe ser excusa, debemos redoblar esfuerzos si queremos que los sistemas de justicia dejen su papel de administrar crisis y apagar incendios y logren trascender y constituirse en verdaderas respuestas a los problemas actuales de nuestras cambiantes sociedades.  Actualmente, nada de lo que se intenta parece suficiente. Simplemente no se logra satisfacer la demanda de servicio y las expectativas ciudadanas no se ven plenamente satisfechas, especialmente cuando se trata de la materia de seguridad ciudadana.

Entonces, si buscamos dar respuestas a las personas, vamos a tener que empezar a trascender la administración de la crisis, que es lo que inevitablemente nos ha consumido los últimos 20 años y nos ha llevado de intento en intento  para proyectar desde ahora, las necesidades presentes y futuras a 10 y 20 años plazo, comprendiendo que el entorno que va a marcar nuestro actuar tanto  a nivel mundial como nacional, se presenta hostil y marcado por una constante inestabilidad.

Creo sinceramente que las necesidades actuales no pueden abordarse seriamente con la actuación aislada o desarticulada de los sistemas de justicia y sin el acompañamiento del resto del Estado, por lo que el camino hacia un sistema de justicia eficiente, comienza definitivamente por darle  a la administración de justicia el papel relevante que debe tener como pieza clave de cualquier política de desarrollo nacional. Si queremos tener una administración de justicia sólida, capaz de contribuir al desarrollo nacional y a la paz social, no podemos dejar de tomar en cuenta que serán la magnitud y el efecto de las tendencias mundiales y  las de nuestro propio país, las que nos marquen la demanda de servicios de justicia a futuro.

En esa tarea deberán tener una posición importante los esfuerzos que hagamos por contribuir al tema de la seguridad ciudadana, minimizados por algunos y satanizados por otros, no sólo con legislación, sino con recursos y creación de nuevos tribunales, como los de flagrancia que han dado excelentes resultados.

De hecho, nunca antes en la historia de este país, se habían dictado tantas prisiones preventivas y sentencias condenatorias como en el presente y tampoco, nunca antes se había emitido una ley que regulara el tema de los derechos de las víctimas y su abordaje integral. Sin embargo estos esfuerzos son percibidos como insuficientes, y reconozco que en particular en el tema de las víctimas existe una deuda de hacer las cosas mejor, deuda que estimo es compartida con los otros Poderes del Estado. Sin duda alguna, de mantenerse los índices actuales de criminalidad y violencia social, desafortunadamente, en el futuro, podemos esperar más delincuencia y más víctimas, como tendencias que deberá enfrentar nuestro sistema judicial.

De allí que si pensamos a 10 o 20 años plazo, sobre cuál es el rol que deberían tener los sistemas de justicia en entornos mundiales y nacionales tan cambiantes y amenazantes como los que nos ha tocado enfrentar en las últimas décadas y sobre las posible soluciones viables que satisfagan las exigencia sociales, nos damos cuenta que estamos en una encrucijada histórica, en un entorno mundial y nacional de tal complejidad que reta todos los esquemas tradicionales que se han venido aplicando a los sistemas de justicia hasta este momento.  No quiero decir con esto que todo lo actuado ha sido en vano; estoy convencido de que de no haberse tomado las múltiples medidas adoptadas en distintos campos en los últimos años,  el Poder Judicial estaría totalmente colapsado.

Pero aún dentro de este mar de dificultades que hemos debido enfrentar y de la creciente avalancha de litigios que ahogan la administración de justicia, y que realmente no podemos resolver en el plazo que quisiéramos,  considero que el panorama de la justicia costarricense ha sido bastante positivo, una vez que nos salimos del análisis meramente numérico.

Existe otro campo en el que se desempeñan los Poderes Judiciales, y que raramente se destaca, pero que tiene profundos aportes al sistema democrático por lo que vale la pena resaltarlo.  Me refiero a su rol de promotores y defensores de valores como el respeto a la ley y el estado de derecho,  el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y la defensa de las libertades ciudadanas en general.

En éstas últimas décadas y especialmente en la última, hemos dado enormes pasos hacia un sistema de justicia más transparente, accesible y orientado a la atención de las poblaciones más vulnerabilizadas, que ha marcado el intento serio de transitar de un modelo de justicia liberal orientado a la defensa de capitales e intereses económicos, hacia otro cuya filosofía entona con la promoción del estado social de derecho recogido en nuestra Constitución Política y que nos obliga a situar al ser humano como eje central de actuación.

Es un mérito indiscutible de los Magistrados y Magistradas que en estos últimos años han conformado la Corte, tener una visión clara de la diferencia entre una justicia que se preocupa exclusivamente por asegurar la igualdad formal de las personas ante la ley, y otra, más nueva y comprometida, que  ve mucho más allá de los expedientes a los seres humanos de carne y hueso con sus limitaciones reales para la defensa de sus derechos.- De ese modo, y en consonancia con las más valiosas tendencias internacionales, hemos formado parte, por ejemplo, de los Poderes Judiciales que han aprobado las reglas de Brasilia sobre accesibilidad y acceso real al sistema de justicia, tema que hemos tomado muy seriamente como cualquier persona objetiva puede comprobar.-

Y en igual sentido, la preocupación por la víctima, por la persona de escasos recursos, por los grupos vulnerabilizados y por el género, entre otros,  deja ver sin lugar a dudas nuestro compromiso para actualizar la justicia con valores y principios que avanzan más allá de un simple Estado de Derecho en el que todos tienen la posibilidad de defender sus derechos pero solo en el papel.-  Esto adelanto es, a mi juicio, una de las más ambiciosas y radicales modificaciones que estamos enfrentando en nuestro sistema de justicia, y que requerirá esencialmente una radical modificación de muchos de nuestros actuales modos de pensar la justicia.

Estamos muy interesados en trabajar a la par de las personas en la construcción de soluciones y por ello estamos desarrollando espacios cada vez más relevantes para la participación ciudadana.- La razón para ello es evidente:  un modelo judicial acorde con principios democráticos y orientado socialmente no puede construirse en una oficina cerrada y en aislamiento.- Por el contrario, hay que salir a las comunidades, oír a las personas, educarlas y enseñarlas a participar de manera productiva en la búsqueda de soluciones y no simplemente a producir críticas sin fundamento ni finalidad útil. Eso es lo que estamos haciendo por medio de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Con ello estamos seguros de lograr no solamente una justicia más familiar para las personas, sino además nos garantizamos una ganancia en transparencia y claridad en la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos.-Todos estos procesos no pueden estar al margen del fortalecimiento de los valores y de sistemas que aseguren la calidad del servicio, temas en los que hemos hecho avances importantes a través de proyectos muy concretos, cuidadosamente diseñados y bien desarrollados.-  No cabe duda de la presencia de importantes valores éticos en el servicio de la justicia es esencial a este momento, en que el respeto a ellos en la comunidad ha venido a menos.  Sólo con un Poder Judicial comprometido seriamente en el cumplimiento de esos valores, se puede rescatar la credibilidad que se hecha de menos en los sistemas estatales de solución de conflictos.

Pero no debemos perder de vista que estos esfuerzos no son suficientes si no vienen acompañados de un compromiso nacional por el fortalecimiento del sistema de justicia. Si queremos brindar soluciones reales a la ciudadanía y seguir siendo un pilar fundamental para el desarrollo y la democracia costarricense, el sistema de justicia debe ser tomado en serio y ocupar un lugar relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional. También, debe abandonarse la idea de que a través de los sistemas de justicia se puede resolver todo, y  más bien debemos construir un sistema de justicia integrado, lo cual comienza por una política integral de desarrollo nacional que esté contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, tal y como debe ser, en razón del rol preponderante de la justicia para el desarrollo económico y estabilidad social de nuestra sociedad. Está claro que no puede existir un Estado ni mercado eficiente, con una justicia lenta, burocratizada y desfasada de las necesidades de la sociedad en la que está inmersa. Haber hecho de la justicia la ‘cenicienta’ de los procesos de reforma del estado y de los planes nacionales de desarrollo, cuando todos sabemos que la justicia y la seguridad son quizás las más básicas de las responsabilidades del Estado, demuestra sin duda cuánto debemos corregir para mejorar.

Un país, que no tiene siquiera la previsión de tomar en serio el sistema de justicia en el Plan Nacional de Desarrollo, y que la reduce al tema de la seguridad ciudadana, desde un enfoque parcial, no estará en posición de responderle a la ciudadanía en los temas actuales, ni en el entorno que se avecina. Definitivamente ningún país que pretenda mantener su estabilidad social y alcanzar niveles de desarrollo, puede darse el lujo de no tener al sistema de justicia entre la primera de sus prioridades. El esfuerzo que se hizo por tomar en cuenta la administración de justicia en el plan de seguridad ciudadana,  que debo reconocer se debe principalmente por la cercanía y conocimiento que la señora Presidenta tiene en relación con el Poder Judicial, dando una visión de respuesta integral del Estado al problema, debe hacerse en todas y cada una de las áreas del sistema.

Es un mito pretender que los problemas de la justicia se resuelvan solo desde el Poder Judicial porque sobrepasan nuestras competencias y la  capacidad instalada de nuestra institución.- Es necesario que el Estado como un todo esté totalmente articulado en temas de justicia, a partir de un Plan Nacional del Sector Justicia, que incluya  como mínimo un abordaje integral de atención a la víctima, políticas de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico para resolver la maraña legal que ahoga nuestra gobernabilidad, una política de seguridad integrada cuya base puede partir de los esfuerzos ya hechos, pero que incluya una verdadera política criminal y penitenciaria, y un abordaje específico de la problemática de la población penal juvenil.  Hago una atenta instancia al Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, para que traslade a conocimiento de ella, nuestra solicitud para que se le preste atención a los proyectos que, tendentes a acelerar y simplificar los procesos jurisdiccionales, se encuentran desde hace ya varios años en trámite legislativo.

Desde luego es necesario continuar con los esfuerzos por democratizar aún más las estructuras internas de poder, para garantizar una independencia mayor de la judicatura. Los jueces deben pasar a ser quienes nombren y disciplinen a sus pares a partir de órganos colegiados democráticamente estructurados. Las estructuras verticales son propicias para el autoritarismo y el sometimiento de los jueces. La historia latinoamericana está llena de estos ejemplos. Nuestro país no está vacunado de estos males y por ello es necesario pensar con visión de futuro y remozar nuestra estructura interna, no pensando en el ahora, sino en el mañana. Dentro de estas reformas las discusiones que hemos postergado sobre la necesidad de reformar y mejorar la carrera judicial son imperativas.  Es mejor contar con sistemas exigentes, confiables y depurados de nombramiento de los jueces, para garantizar que quienes se nombren serán fieles a las promesas de acción ética y dedicada que han jurado cumplir.  Solo la Constitución y la Ley deben ser los nortes de los jueces, su acción debe estar protegida contra cualquier injerencia indebida y ahora sobre todo la que ya ha dejado ver sus tentáculos, la del crimen organizado, que siempre tiene en miras el apoderarse del sistema de justicia.

Todos estos cambios, sin embargo, serían inocuos si el país no hace consciencia sobre la necesidad de dejar de allegar votos concediendo derechos, con el fin de obtener réditos electorales, pero sin que exista el acompañamiento económico necesario para hacerlos valer. Después de todo, los derechos valen en tanto y en cuanto se puedan hacer efectivos.  Lo demás es papel. Una formula país, donde el marco de derechos y acceso a la justicia es de los más amplios del mundo, sin una estructura estatal capaz de darles contenido material, es una trampa mortal para el sistema.

Si no superamos este entorno de insuficiencia de recursos para satisfacer la demanda actual y continuamos con una visión atomizada del abordaje de temas de la justicia, estamos condenados  a seguir sacando agua del bote, y a consolarnos con planes piloto por doquier en variedad de temas.  Si bien los planes piloto han dado excelentes resultados en distintas partes del territorio nacional, en la actualidad no tenemos capacidad de darles sostenibilidad ni integrarlos como verdaderas políticas judiciales nacionales. El resultado es que tenemos entonces unos circuitos judiciales con una calidad excelente en pensiones alimentarias y otros con excesiva lentitud y burocracia con una escasa diferencia de distancia entre unos y otros. Contamos en algunos casos con oficinas judiciales acreditadas en gestión de calidad y en cambio hay otras que no tienen idea del concepto; hay despachos judiciales de cero papel y electrónicos y otros que están con los sistemas de principios del siglo pasado.

En esta línea, y por necesidad, nos hemos convertido en una justicia llena de ideas e iniciativas capaces de transformar realmente el sistema de justicia, pero que se hacen en micro, por falta de recursos. No se puede hacer una reforma judicial integrada a base de planes piloto y tampoco se puede dejar de proponer e innovar, solo esperando a que algún día los derechos de las personas se tomen en serio, como parte de una verdadera política estatal.  Estamos poniendo nuestro mayor empeño para salir adelante con los recursos humanos y materiales con que cuenta la institución.  Sabemos de la grave crisis fiscal por la que atraviesa el país.  Nos comprometemos a disponer de la mejor forma posible los dineros que el Estado pone a disposición de la justicia, pero llegó la hora de pensar en nuevas formas de financiamiento.  El timbre fiscal a los litigios con acento patrimonial, es una forma de participar en ello, ¿por qué no prestarle la atención debida al proyecto legislativo presentado a ese efecto?.

Señora Presidenta, en estos días le he solicitado al Ministro de Hacienda su aval, para solicitar al Banco Mundial su cooperación técnica y financiera para  hacer realidad la sostenibilidad y concreción de muchas de estas ideas, que sin esos esfuerzos estarían condenadas, igual que la justicia, a soluciones dispersas y pequeñas. Le pido su apoyo para darnos la oportunidad de soñar con una justicia a la altura de las necesidades del país, tan grande como las necesidades y retos del presente y futuro.

Otra tendencia que también debe cambiar si queremos tener como sociedad un sistema de administración de justicia de calidad, tiene que ver con la falta de espacio e interés que tradicionalmente ha tenido la agenda de la justicia en el Poder Legislativo. Los proyectos de ley pasan años de años sin ser prioridad, al igual que los nombramientos de las vacantes de Magistrados y Magistradas y sus suplentes, y muchas de las reelecciones se hacen en forma automática como una muestra de la falta de prioridad que tienen los temas de la justicia costarricense. Por el contrario existe un pasatiempo de perseguir Magistrados y Magistradas porque no piensan como éste o aquél grupo quiere. Por ese camino cavamos la tumba a la oportunidad de buscar verdaderas soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía.

 Y otro error que debemos corregir cuando antes es el de satanizar las necesarias relaciones de Estado que deben existir entre los Poderes de la República. Lejos de no hablarnos, es nuestra obligación hacerlo y escucharnos cada día más, y caminar juntos en forma constructiva en la articulación de soluciones verdaderas para la sociedad costarricense. Esa sería una actitud madura, digna de las aspiraciones de nuestro pueblo. En la justicia del futuro no tiene cabida un autismo y desarticulación en ningún tema con el resto del Estado costarricense, especialmente tomando en cuenta que el peso de los poderes judiciales  será cada vez mayor en la dinámica social y política del país.

La noción de justicia puede llegar a ser un concepto tan amplio que no diga nada, pero en cambio podemos como sociedad definir el conjunto de valores básicos, sobre los cuales se edifica la convivencia y los sistemas de valores para resolver los distintos conflictos de intereses que se presentan y de diferentes formulas para resolverlos. Para comenzar, el concepto de dignidad humana, debe ser rector de todo el sistema de justicia entendido en su sentido amplio, de igual forma que los valores de libertad e igualdad. En torno a ellos y a los derechos fundamentales han de construirse las instituciones básicas que deben hacerlos efectivos y eso solo puede hacerse a partir de una concertación social sobre los temas de justicia que quede plasmado como mencioné en un plan nacional, integral sobre el sistema de justicia.
Señoras y señores. 

La justicia de este siglo veintiuno, no se puede construir con más de lo mismo, es decir, más presupuesto, más jueces y más policías.  Debe dar paso a una justicia verdaderamente integrada, transparente y abierta, que tenga la capacidad de adaptarse a las exigencias que conlleva una cuidadosa consideración de las reales necesidades de las personas en el tema de la protección y reivindicación de sus derechos, una justicia debidamente gerenciada, en la que la acción de los jueces no encuentre obstáculo alguno para ser brindada en plazos razonables y con altos estándares de calidad.-

Creo que hemos avanzado mucho y con gran esfuerzo, procurado mejorar al mismo tiempo los valores democráticos de la justicia y los indicadores meramente materiales y numéricos. A pesar de las dificultades y amenazas del entorno, tenemos la mejor de todas las armas que es un capital humano comprometido en todo lo ancho del país, un inmenso contingente de servidores judiciales que están comprometidos con hacer las cosas mejor, capacitado y con un espíritu inflexible cuando se trata de cumplir con el deber y dichosamente con altos valores morales en el ejercicio de sus funciones.

Hace una buena cantidad de tiempo fui llamado a formar parte de ese equipo y no he despreciado el honor de participar y tratar de dejar una huella positiva en este proceso de lucha, de mejoramiento y consolidación de nuestro sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de nuestro proyecto democrático.- Hoy quisiera aprovechar esta ocasión, para hacer un llamado a los servidores judiciales para que trabajen por un Poder Judicial orgulloso, valiente e independiente y  dejen -cada uno desde su campo y en su trabajo- una huella y un cambio positivo día a día.-. Sumadas todas las voluntades, habremos procurado borrar muchas lágrimas. Yo he tratado de dejar la mía en cada año de servicio. Buena o mala, la he forjado con la mayor buena fe y el mayor de mis esfuerzos, reconociendo siempre con humildad la limitación que mi condición humana me impone.