El criterio se emitió por solicitud de la Asamblea Legislativa.

La Corte Plena señala a los diputados y diputadas mejorar algunos aspectos del  Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República de Costa Rica y la República de Perú, que se firmó desde el 2002 y que se tramita en la Asamblea Legislativa en el expediente # 14.786.

El convenio se firmó  con el objetivo de facilitar la rehabilitación social de las personas sentenciadas, para que puedan cumplir la condena en su país de origen, al igual que existen con otros países.

Algunos de los señalamientos que hacen Magistrados y magistradas de la Corte es que no está muy clara la forma o el modo en que se procedería para revisión o modificación de la sentencia impuesta por parte del Estado trasladante, o sea no se dice cuál sería el procedimiento a seguir en caso de apelación.

Tampoco se aclara  de qué modo es que el Estado receptor implementará las decisiones que se adopten por parte del Estado trasladante. No se indica  qué sucedería si lo resuelto no es posible aplicarlo de acuerdo con la legislación del Estado receptor, y su incidencia en la situación judicial del traslado.

Según el acuerdo de la Corte Plena, es importante tener claro que esta normativa es de interés institucional, básicamente por dos razones. La primera, porque alude a personas que estando ya en cumplimiento de su sentencia aquí en Costa Rica, pero siendo extranjeros se deban trasladar a cumplirla a Perú y, a su vez, porque Costa Rica recibiría nacionales que estuviesen cumpliendo penas en ese  país y facilitaría además el que pueda tener contacto con sus familiares mientras cumple la condena.