Los Magistrados y Magistradas de Corte Plena aprobaron la “Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada”

Como parte del Proceso de Cumplimiento de los Compromisos derivados de la adopción de las Reglas de Brasilia, recientemente la Corte Plena aprobó las “Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada”, que aplicara el poder Judicial:
La propuesta de política del Poder Judicial de acceso a la justicia para las personas migrantes y refugiadas, parte del reconocimiento de un contexto complejo y multidimensional y establece los principales lineamientos y orientaciones que deben asegurar que ese acceso sea efectivo, con independencia de su situación migratoria y las causas que definen el desplazamiento migratorio entre cualquier Estado y el Estado Costarricense.
La iniciativa fue presentada al pleno de la Corte por las Magistradas Anabelle León, Ana Virginia Calzada y el Magistrado Román Solís, en su condición de Coordinadoras de la Comisión de Accesibilidad, Asuntos de Migración y Refugio y Presidente de la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ”.
Para lograr la confección de dicho documento, se convocó a un amplio grupo de personas que trabajan en las diversas materias, tanto dentro de la institución, como en otras instituciones del Sector Público y de la sociedad civil.
El grupo en materia de migración y refugio trabajó durante el segundo semestre del 2008, generando discusiones y aportes del más alto nivel sobre los temas fundamentales de la materia y sobre los desafíos de dar cumplimiento a la legislación nacional, a los convenios internacionales que tutelan los derechos fundamentales de esta población y finalmente, a las Reglas.
Durante el presente año se contó con el apoyo estratégico del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y recursos propios del Poder Judicial.
Participaron como asesores los señores Michael Herradura y Guillermo Acuña, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), quienes realizaron una importante labor investigativa entre un sector más amplio de actores e integraron el resultado en el documento.
Costa Rica cuenta con un marco legal para tutelar los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas: la Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764, así como la aprobación de convenios y tratados internacionales contribuyen a presentar un adecuado marco que corresponda a las necesidades y requerimientos de la administración migratoria en el país.
Dichas política pretende coadyuvar con el cumplimiento de una serie de instrumentos y tratados internacionales que establecen el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas e incorporar los compromisos asumidos con la aprobación de las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia por parte de estas poblaciones. 
La aplicación de la propuesta de política institucional garantizará el desarrollo de una cultura de servicio y administración de Justicia basada en el respeto y el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas, sin distingo de su nacionalidad, situación la condición migratoria y jurídica, diferencias tareas, de género, étnicas, políticas y culturales.

La política pretende garantizar el acceso a la justicia para toda persona en condición de migración y refugio.

Requiere de la participación consciente y decidida de diversas instancias dentro del Poder Judicial y de un permanente seguimiento y monitoreo por parte de instancias u organizaciones vinculadas con el quehacer, las condiciones y la integración social y económica de las personas migrantes y refugiadas en el país.
La propuesta de “Política institucional de acceso a la justicia para personas migrantes y refugiadas”, se regirá por los siguientes principios generales: principio de la dignidad humana e inalienabilidad de los derechos humanos, prohibición de la discriminación, derecho a la vida y a la integridad personal, presunción de buena fe, derecho al debido proceso, derecho a la información y a comunicarse en una lengua que entienda, tratamiento individual a cada persona migrante y refugiada, derecho a solicitar la condición de refugio y a obtener asilo y el principio de no devolución, principio de confidencialidad, protección especial a personas migrantes y refugiadas con necesidades especiales y el principio de Reunificación Familiar.
El objetivo general de dicha política es garantizar el acceso a la justicia para toda persona en condición de migración y refugio, con independencia de su condición y estatus sociojurídico, a partir de la instalación de una cultura institucional que promueva y proteja los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
Como objetivos específicos se señala el de fortalecer los mecanismos institucionales a partir de los cuales se dotará  de una adecuada administración de justicia a las personas migrantes y refugiadas en el país, promover los canales y las herramientas adecuadas para propiciar información oportuna y veraz sobre cualquier trámite vinculado con la administración de justicia a las personas migrantes y refugiadas en el país, así como procurar un adecuado marco institucional que proporcione confianza y seguridad a fin de que las personas migrantes y refugiadas se acerquen y usen los servicios que brinda la administración de justicia.
Además se establecieron una serie de lineamientos estratégicos con el fin de definir las metas, líneas y las acciones de dicho plan.
Para la implementación de la política se recomienda crear una instancia coordinadora, la cual sea responsable de dar seguimiento a la política y orientada a estimular un intercambio permanente de reflexiones e inquietudes y una búsqueda de respuestas a las necesidades de estas poblaciones dentro del Sistema Judicial Costarricense.
Esta instancia estaría encargada de elaborar y sugerir los lineamientos particulares para los procesos de información, divulgación y sensibilización hacia adentro y hacia fuera de la institución.  Se recomienda que trabaje al amparo técnico y profesional de CONAMAJ, por ser el espacio natural que ha impulsado la agenda y el enfoque de poblaciones migrantes y refugiadas en la institución.
Se pretende la sensibilización, formación y capacitación a personal del Poder Judicial, una coordinación interactoral, la prestación de servicios de justicia especializados para población migrante y refugiada y servicios jurídicos al alcance de las personas migrantes y refugiadas.
Se procura propiciar el fortalecimiento de fondo para testigos y víctimas y otros recursos existentes en la institución así como lineamientos prácticos para facilitar el acceso a la justicia por parte de poblaciones migrantes y refugiadas.