Dr. Luis Paulino Mora Mora Presidente Corte Suprema de Justicia 9 de diciembre de 2010

Para la Corte Suprema de Justicia es un honor ser la sede de la conmemoración del aniversario de uno de los mayores acontecimientos de las naciones unidas, como es la promulgación de la Convención Contra la Corrupción  en cuyo honor se establece la celebración de este día.

Costa Rica es uno de los primero países que ratificó la Convención y esta vino acompañara de legislación complementaria, ambas forman parte importante de las políticas públicas del Estado Costarricense. 

No existe duda que ninguna nación grande o pequeña  está libre del flagelo de la corrupción impulsado por la ambición y el egoísmo humano. En el caso de la corrupción en el sector público, está claro que atenta contra el desarrollo de los países y la credibilidad de la institucionalidad democrática.
Como señaló el año pasado el Secretario General de las Naciones Unidas al conmemorar este día, “cuando el dinero público es sustraído para fines privados, significa menos recursos para escuelas, hospitales, carreteras, y obra pública en general. La corrupción permite también que medicinas falsas o deficientes entren al Mercado, basura tóxica y peligrosa sea vertida sobre mares y ríos.

La corrupción agrego yo,  atropella bienes jurídicos y valores de la más alta jerarquía, como la solidaridad, la integridad y dignidad y los degrada a simples mercancías. Ya no importa la salud de un niño, la protección del ambiente, ni los ahorros de toda una vida de la gente, es más importante el materialismo descarnado y la ambición capaces ya hasta de tambalear economías  mundiales por corrupción en el sector financiero. Cuando eso pasa con el dinero público o por la inercia de las autoridades públicas en prevenir acciones de este tipo, se pierde además la credibilidad en la institucionalidad democrática, valor de inapreciable cuantía. Cuando las personas no creen en el pacto social como forma civilizada y capaz de resguardar los más altos valores de una sociedad, entonces se tambalea la base misma de la sociedad. Por lo tanto, el tema de la lucha contra la corrupción, siempre debe estar en el primer lugar de la agenda de todas las agencias del Estado.

En el Poder Judicial costarricense hemos hecho ingentes esfuerzos que nos han valido incluso reconocimiento en varias ocasiones como uno de los Poderes Judiciales más transparentes de América en acceso a la información para efectos de fiscalización, tenemos además una comisión de transparencia presidida por la señora Vice Presidenta que trabaja en la elaboración de un plan de acción institucional en el cual han participado representación de todas las áreas del Poder Judicial.

No obstante estimo que nuestros esfuerzos en material de prevención de la corrupción deben ser más agresivos, debido a que el flagelo del crimen organizado amenaza severamente nuestra institucionalidad. Hay que tener presente que el estar nuestro país ubicado entre los países productores y consumidores de droga, nos causa una vulnerabilidad especial. Basta una mirada por las noticias y los casos judiciales para darnos cuenta que este tema dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad.  Esto nos obliga en el caso de la administración de justicia a determinar nuestras áreas de riesgo en las zonas especialmente críticas y actuar con prontitud, ya que una vez que el crimen organizado se afina en los sistemas de justicia, no solo es difícil su erradicación, sino que los efectos sobre la credibilidad del estado de derecho son devastadores.

Otro tema de corrupción que amenaza los poderes judiciales en la actualidad es la  garra del poder político y si bien nuestro país goza de altísimos estándares de independencia judicial, todos los esfuerzos en esta material deben ser permanentes.

Actualmente los poderes judiciales, especialmente en el caso de nuestro país, definen temas de mucho impacto nacional y político en todas las áreas, desde la penal hasta la constitucional. Este fenómeno al que se ha llamado la judicialización de la política, en algunos países es utilizado por la clase política para tratar de influenciar los nombramientos de los magistrados o jueces, el resultado de los procesos,  o el debilitamiento sistemático de la judicatura para evitar el control de los actos del poder político.

Debo ser enfático en señalar con preocupación que en años recientes, existen una serie de actos y omisiones que afectan el funcionamiento del Poder Judicial y atentan contra su independencia. Uno de ellos es el tiempo excesivo que se utiliza para nombrar o reelegir magistrados, que en períodos legislativos anteriores ha superado el año y ocho meses en muchos casos, a lo cual se une un desinterés en priorizar la agenda de leyes que interesan al Poder Judicial, excepto cuando se trata de debilitar controles, como pretenden algunos con algunas reformas legales.

El discurso de algunos políticos se sustenta en el excesivo número de controles que afecta la gobernabilidad y competitividad del país. No es un nuevo discurso, y definitivaente no creo que el camino hacia la gobernabilidad esté en reducir los órganos de control a  entes decorativos. Por el contrario, es la ausencia de un Estado renovado, debido a que los intentos de reforma del Estado se han quedado a medias, son las innumerables leyes obsoletas y trámites administrativos, claramente denunciados por el Estado de la Nación en sus estudios, y las malas políticas públicas durante años, así como incapacidad de  la clase política para tener un diálogo transparente que busque el interés general, lo que afecta severamente nuestra competitividad. Pero tomando atajos y rediciendo la institucionalidad a la misma mediocridad que aqueja los órganos de acción o ejecución, es a mi modo de ver un error histórico.

Por el contrario, tener órganos de control fuertes e independientes es una garantía para la ciudadanía, no solo de la legalidad de las actuaciones del poder político, sino de la transparencia de sus actos. No puede existir ninguna democracia sólida con los postulados contrarios.

Yo quiero aprovechar este acto, para reconocer y felicitar a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría, los esfuerzos que han venido realizando para la ejecución e implementación de la Convención Contra la Corrupción.  Son miles de horas de trabajo y recursos destinados en talleres de trabajo, revisión de legislación y fiscalización, los que se invierten para garantizar la prevención y la acción contra la corrupción. Igual reconocimiento merece el Ministerio Público que ha sabido mantener el sagrado postulado de igualdad ante la ley, en las circunstancias más difíciles. Nadie está por encima de la ley y en eso descansa la confianza en el estado de derecho. Mi aspiración es que el discurso sobre el debilitamiento y eliminación de controles sea sustituido por acciones  en hacer cumplir los postulados de la Constitución y el estado social de derecho. En la reducción de la enorme brecha que existe entre lo que dice la Constitución y la realidad política. Para ser competitivos necesitamos urgentemente leyes más modernas y menos burocráticas que nos permitan hacer carreteras en plazos razonables,  necesitamos invertir  más en escuelas y en salud, más en justicia y en el remozamiento de nuestras políticas ambientales y fiscales.

Creo que es allí donde estamos debiéndole a nuestro país.

Finalizo con señalar que ningún desarrollo económico es posible sin inversión en desarrollo humano. No creo que ningún país pueda crecer a punta de debilitar y mediocrizar las instituciones encargadas de hacer cumplir la Constitución y la ley. Lo que si es posible es que seguir por ese camino nos lleve a perder nuestro rumbo. Debiéramos estar más ocupados en construir que en destruir.

A doña Rocío y doña Marta Eugenia el aplauso por sus desvelos y esfuerzos en liderar este importante tema, para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática,.

Muchas Gracias