REVISTA IBEROAMERICANA DESTACA PROYECTOS DE LA CORTE
• Revista publica información sobre la Plataforma Integrada de servicios de Atención a la Víctima (PISAV), GICA-Justicia y el papel del Juez
como trabajador de la información

Marcela Fernández Chinchilla
Comunicadora

La Vicepresidenta de la Corte Zarella Villanueva explicó las ventajas del PISAV.

Dar a conocer proyectos en los cuales trabaja el Poder Judicial de Costa Rica, fue lo que promovieron la Vicepresidenta y dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en artículos publicados en la Edición Nº 13 de la Revista de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

La Vicepresidenta de la Corte, Zarella Villanueva Monge escribió sobre la Plataforma Integrada de servicios de Atención a la Víctima (PISAV), la cual consiste en analizar la estructura interna de la administración de justicia, para reunir los servicios que se le prestan, centralizarlos, evitar la repetición de actuaciones que revictimicen, y propiciar una tramitación expedita y oportuna dentro de la normativa aplicable.

Según señala la Magistrada, con este proyecto se pretende una respuesta estatal única creando las facilidades y coordinaciones para acceder a otro tipo de servicios prestados por instituciones públicas y privadas, muchos de ellos no relacionados con la justicia, de acuerdo a las necesidades de la persona afectada.

Con esta plataforma no será necesario trasladarse a distintos sitios, porque se concentrarán esos servicios en el mismo lugar.

Se propicia la coordinación con otras instituciones públicas, fundamentalmente, para integrar, en la misma plataforma, la posibilidad de obtener los servicios existentes, en respuesta a las necesidades.

El Magistrado Vega Robert detalló la importancia de la calidad en la justicia.

Villanueva Monge explicó que las instituciones que se integren a la plataforma de servicios compartirían un mismo espacio físico y actuarán por medio de convenios interinstitucionales.  Se espera concentrar la denuncia, la reposición de documentos, recibir atención psicológica si la necesita, la ayuda económica para casos calificados y los mecanismos de protección.

Con la PISAV se propicia una política pública para la atención a víctimas, cuyos principios rectores serán: El abordaje integral: Interdisciplinario e interinstitucional, con asesoría jurídica, la existencia de servicios especiales que cubran las necesidades de las víctimas, en especial con condición de vulnerabilidad y la participación de las víctimas en la formulación de políticas y elaboración de protocolos de atención.

De acuerdo con la Vicepresidenta de la Corte, el desarrollo de la propuesta, está previsto en tres fases, una de diseño y creación de protocolos, la segunda de un plan piloto y la última de evaluación y conclusiones para la creación del modelo.

En su artículo, Villanueva Monge destacó que con el desarrollo de este proyecto, se dará respuesta a las necesidades fundamentales de las víctimas de delitos: la accesibilidad y la integralidad de los servicios que requiere para enfrentar en mejores condiciones el proceso judicial y las consecuencias del evento.

Por su parte, el Magistrado de la Sala Segunda, Rolando Vega Robert reflexionó sobre el tema de la Calidad aplicada a la Justicia. En su artículo, el Magistrado comentó que la  calidad de la justicia debe ser concebido como un eje transversal en todo el accionar judicial, ya que no solo involucra la satisfacción de las personas usuarias en relación con el servicio público recibido, sino que también incorpora la celeridad y simplificación de los procesos, el aprovechamiento de todos los recursos y la mejora continua en la gestión integral de los despachos u oficinas judiciales.

Vega Robert explicó que mejorar la productividad judicial requiere de acciones de diversa índole. “Es necesario hacer uso adecuado de los recursos, sean humanos, de aprovisionamiento, o tecnológicos, entre otros”.

Es necesaria la creación de sistemas de información que les permita a los y las operadoras de justicia contar con las herramientas adecuadas para hacer su trabajo de forma más eficiente. Se requiere, además, la construcción e implementación de indicadores que permitan controlar la gestión de los recursos judiciales, con el objetivo de identificar oportunamente aquellas actividades “improductivas” y “cuellos de botella” que afectan la entrega del servicio de conformidad con los objetivos de la administración de justicia.

El Magistrado indica en su artículo que una mayor productividad judicial se logra a través de la simplificación de procedimientos, de la identificación de riesgos y sus correspondientes acciones preventivas, así como de la generación de planes correctivos y de mejora continua que coadyuven a la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de los despachos judiciales.

Los Poderes Judiciales han ido creciendo en tamaño y complejidad; la exposición, cada día más marcada, al escrutinio por parte de la ciudadanía que reclama una buena atención y fundamentalmente, el requerimiento de obtener respuestas rápidas y de calidad del sistema judicial, son parte de las razones que motivan la necesidad de mejorar la gestión judicial.

El Dr. Rolando Vega considera que la Cumbre Judicial constituye una plataforma ideal para integrar equipos de estudio y de trabajo para crear las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de sistemas de gestión de calidad que garanticen la sostenibilidad de la mejora continua y así poder trazar los lineamientos de una normalización que posibilite una acreditación judicial.

“Se requiere un alto grado de compromiso de las altas jerarquías institucionales materializada en el desarrollo de una política pública de gestión de calidad basada en la normalización de los procesos y medida a través de indicadores y objetivos que permitan una adecuada y oportuna toma de decisiones para lograr los niveles de eficiencia esperados” señaló Vega.

Finalmente, el Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, integrante de la Sala Primera desarrolló el artículo titulado “El Juez, trabajador de la información” en el cual expone que el denominado Juez tecnológicamente avanzado no es un objetivo de futuro, s no una necesidad del presente.

Los Poderes Judiciales no sólo tienen como reto modernizar sus oficinas, adquiriendo computadores y otros equipos sofisticados. También el Juez tiene que modernizarse y disponer de los medios que le permitan constituirse en parte activa del cambio.

El Magistrado Luis Guillermo Rivas escribió sobre el papel del Juez como trabajador de la información.

En su artículo, el Magistrado indica que de nada sirve un entorno de alto nivel tecnológico, si el que tiene que juzgar no es capaz de aprovechar las enormes ventajas y oportunidades que los avances de la tecnología pueden aportar en aras a la consecución de una Justicia más eficaz.

“El Juez como pilar central de todo el sistema de Justicia no puede ser ajeno a esos cambios. De él se requiere también un compromiso básico para adaptar sus métodos de trabajo a ese nuevo paradigma” dijo Rivas.

Agregó que “los jueces manejan argumentos, datos, información, conocimiento, y la relación entre ellas, para que de ese contraste y análisis, aparezca la verdad investigada, con el objeto de tomar la decisión y conceder la razón a quien corresponde”.

Rivas Loáiciga indica que la nueva tecnología de la información, basada en la computadora, depende de los datos; lo que hizo fue recolectarlos, sistematizarlos, manipularlos, analizarlos y presentarlos organizadamente y con rapidez. 

“El juez, desde siempre, como descubridor de unos hechos preexistentes, mediante el análisis de elementos probatorios aportados por las partes y su contraste, para aplicarles normas, cuyo alcance debe determinar para el caso concreto, para dar solución, realiza una labor semejante. De manera que, me parece, el juzgador es un trabajador de la información” explicó el Magistrado Rivas.

Según Luis Guillermo Rivas, la información la aportan las partes por medio de los elementos de prueba, en el contradictorio; las partes dan sus argumentos y se registra, ahora, en forma digital.

El juez debe sistematizar esa información y organizarla para extraer de ella la demostración de los hechos que las partes pretenden acreditar y el juez debe descubrirla, para subsumir lo demostrado en el derecho aplicable. El Magistrado de la Sala Primera indicó que el juez informático es valioso para la Institución, es propietario de su conocimiento, e indispensable para ella, porque hace lo que le es esencial: resuelve el conflicto, por lo que deberá ser inducido a aceptar esa nueva realidad en beneficio de los destinatarios.

Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
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Colaboración: Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial
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