Dr. Luis Paulino Mora Mora Presidente, Corte Suprema de Justicia 12 de noviembre de 2010

Mi agradecimiento a las autoridades del Ministerio Público por la oportunidad que me brindan de participar en esta actividad en la que se celebra el treinta y cinco aniversario de esa institución.

Sin duda alguna todo lo que representa el Ministerio Público en la actualidad ha sido un proceso de construcción paulatina, un gran esfuerzo de muchas personas que, como ustedes, han puesto su empeño para hacer la diferencia y contribuir a que nuestra democracia -aún dentro de las circunstancias más difíciles- sea una donde la ley se cumpla sin distingos, como lo manda la Constitución Política.

Esta solidez, constituye un marco indispensable para enfrentar los retos de estos tiempos que, a mi modo de ver, no pueden ser más complejos y amenazantes. En nuestra sociedad actual el deterioro social no muestra señales de remisión, sino al contrario se agrava a consecuencia de fenómenos tan complejos como la delincuencia organizada de todo tipo, la pobreza, la desigualdad social, la pérdida de valores, especialmente el respeto por la vida y dignidad humana. Basta con abrir el periódico, escuchar las noticias en la radio o verlas por televisión para darnos cuenta de la violencia, que corre a todo galope, a lo largo y ancho de nuestro país. Lamentablemente, el Poder Judicial y el Ministerio Público hemos terminado asumiendo casi en forma solitaria las consecuencias de todas esas patologías sin que haya una política de estado integral y sostenible, para hacer un abordaje serio de los temas de fondo que nos hacen vulnerables a estas disfuncionalidades.

Esta compleja realidad implica para el Ministerio Público una responsabilidad histórica sin precedentes; un trabajo extraordinario para tratar de sostener una sociedad que se deteriora aceleradamente frente a la pasividad de un Estado que se ve desbordado frente a esta realidad.

El papel protagónico del Ministerio Público es pues inevitable en la coyuntura actual de nuestro país y es ahora más que nunca que se potencia su misión política como actor fundamental para el buen funcionamiento de un sistema de justicia democrático, lo que implica –dentro de muchos otros de la misma envergadura- dos compromisos que van de la mano y me interesan destacar esta tarde: la promoción y protección de los derechos de las víctimas y la oralidad en el sistema acusatorio.

En el pasado quedaron los Códigos de Procedimientos Penales de 1910, redactado bajo la influencia de la legislación española de 1870 de claro corte inquisitivo, y de 1975, con una tendencia al sistema mixto estructurado con base a una instrucción de corte inquisitiva y una etapa de juicio marcadamente acusatoria, mixtura que poco aportó al desarrollo de un sistema penal plenamente democrático, para dar paso al Código Procesal Penal que entró en vigencia en 1998. Este último, enfocado a una justicia democrática donde la investigación y represión de los hechos delictivos quedan claramente subordinados al cumplimiento de reglas y principios que son garantía para el respeto de la dignidad humana, dentro de los que destaca el derecho de defensa que ahora vemos como absolutamente básico.  Derecho que se garantiza con la existencia de un buen Ministerio Público, pues no se puede construir un sistema que proteja el derecho de defensa, sin que exista un ente acusador, que se encargue de señalar cuál es el hecho que le atribuye al sindicado; sistema que se completa con la existencia de un juez imparcial, quien dentro de las tesis de acusación y defensa debe hacer aflorar la verdad a efecto de devolver a la sociedad el orden roto por la comisión del delito.

El Ministerio Público tradicionalmente ha sido concebido como el órgano para perseguir y lograr la sanción de conductas nocivas constitutivas de delito de quienes no adecuan su actuar a las exigencias del sistema penal. De esta manera, el Ministerio Público contribuye -notablemente, reconozco- en el resguardo de la protección de los bienes jurídicos que sostienen el ideal de convivencia pacífica y democrática. Los poderes de investigación y de acusación que le han sido entregados tienen sin duda alguna un peso enorme en la comunidad, más aun porque nos hemos acostumbrado al ejercicio justo y prudente de tal función por parte de quienes la han tenido a su cargo hasta ahora.

Más allá de esta visión tradicional, el Ministerio Público también es un actor principal en la justicia democrática y en sus manos está entender y ejecutar con éxito su nuevo rol en la promoción y protección de los derechos de las víctimas, una constante por cierto en los nuevos sistemas procesales en América Latina. La víctima, actor tradicionalmente olvidado en la configuración de los sistemas inquisitivos, adquiere un nuevo protagonismo con los procesos de reforma traducidos en la consagración normativa de un conjunto de derechos en su favor, buena parte de los cuales deben ser articulados por el Ministerio Público, quien asume la obligación de promoverlos y tutelarlos. Este acercamiento con el ciudadano era un paso necesario e inevitable para un país que aspira a tener un sistema de justicia humano que esté en función de la persona.

Quienes tuvimos la ocasión de desempeñarnos como jueces bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1910, de claro corte inquisitivo, podemos apreciar, lo que de seguro ustedes, o al menos la gran mayoría, no puede hacerlo, el aporte importante que significó posibilitar que el juez se desenvuelva de manera imparcial en el proceso, sin tomar partido a favor de la víctima o del victimario; sin ser parte de la acusación o la defensa. Buscando solamente, como ya lo señalé, rescatar el orden social perdido con la comisión del hecho delictivo.

La redefinición de la labor del Ministerio Público va aparejada de un cambio en la ideología procesal, con varios siglos de reinado, y, en particular, nuestro mayor esfuerzo está concentrado en dar los pasos necesarios y contundentes para el real y efectivo establecimiento de la oralidad como eje central de los procesos judiciales. Esta línea de esfuerzo se deriva de un profundo convencimiento de la existencia de una contundente vocación democrática de la oralidad como mecanismo de realización de la justicia estatal. La oralidad promueve el contacto directo, la inmediación entre el juez y las partes, incluido el Ministerio Público, con los elementos de prueba. Así todos los actores se empapan de primera mano de la mayor cantidad de elementos de juicio. Todo esto es, sin duda alguna, una mejora democrática respecto de sistemas procesales secretos, oscuros y complejos, cargados de ritualismo, de escritura, cuyo diseño no busca convencer a las partes sino más que todo impresionarlas. Procedimientos dentro de los cuales el juez se olvida de que está resolviendo problemas de convivencia, para centrarse en resolver expedientes, sin conocer ni siquiera la cara de quienes buscan protección, pues ellos desaparecen tras la carátula de un cúmulo de papeles.

Esta redefinición del rol tradicional del Ministerio Público como defensor de la víctima, junto con su nuevo papel en el sistema acusatorio, son entonces dos de los grandes cambios que han de consolidarse con éxito en los años venideros, y que representan un ejemplo de cómo, la ciudadanía se apoya y apuesta cada vez más a esta institución.

Me parece que en estos treinta y cinco años, el Ministerio Público se ha ganado un lugar de respeto y confianza de los habitantes y por eso, pese a las dificultades de nuestra realidad actual,  me siento confiado de que tenemos solidez suficiente con que hacerle frente a los retos mencionados y a los demás cambios que demanda nuestra sociedad.

Quiero felicitar a don Francisco Dall’Anese por el justo reconocimiento que ahora se le hace, al otorgársele el premio “Francisco Chaverri”. Sin duda alguna, ese reconocimiento es producto del reconocimiento de su encomiable labor al frente del Ministerio Público durante años muy difíciles, en los que la Institución ha sido puesta a prueba.  Ello se une a otra circunstancia que es motivo de orgullo no sólo para el Ministerio Público, sino para el Poder Judicial y, en general, para el país por su reciente designación por parte de la Organización de Naciones Unidas como Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Para nadie es un secreto que con don Francisco me une una gran amistad, circunstancia que de seguro incidió positivamente durante el tiempo en que él fue Fiscal General, me llena de satisfacción la manera en que llevamos adelante la relación del Poder Judicial con el Ministerio Público. Pienso que lo hicimos bien, tratando siempre de colaborar y siempre respetando ese ámbito de autonomía funcional que hace valiosa la intervención de la Fiscalía en aquellos momentos en que nos ha correspondido pedir cuentas, en cumplimiento de los poderes-deberes que nos corresponden.

Es indudable que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han salido fortalecidos de esta experiencia compartida y creo que si ambos tenemos claro nuestro papel en el desarrollo democrático costarricense, nuestro futuro se presenta tan lleno de beneficios para nuestro país, como lo ha estado en los últimos treinta y cinco años. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle a don Jorge Chavarría, quien por primera vez participa en este acto como Fiscal General de la República, mucho éxito en su gestión y que celebre muchos aniversarios más a la cabeza del Ministerio Público.

Ya para finalizar, mis felicitaciones a todo el personal del Ministerio Público por ser un ejemplo de rectitud y de esperanza de que aún con obstáculos de todo tipo, se puede hacer la diferencia, todos los días en la construcción de un país; en el que la Constitución Política y ley se respeta sin distingos ni miramientos.

Muchas gracias.

LPMM/LCAB/fmh/K:ofic508/confydis/ministeriopúblicoXXXVAniv12Nov2010