Dra. Doris Arias Madrigal En el días de la no violencia

En nombre de la Corte Suprema de Justicia y en representación de la Presidenta en ejercicio Magistrada Zarela Villanueva nos unimos a la conmemoración oficial del día Internacional y Nacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Quisiera iniciar contando una experiencia personal, recientemente la Asamblea Legislativa me ha designado como la VII (8ava) mujer magistrada en la Corte Suprema de Justicia, contribuyendo con ese paso a saldar en parte una deuda histórica y política, a saber: el rezago de las mujeres para acceder a los más altos cargos de la judicatura y del ejercicio de la vida pública y política. Es importante que las mujeres lleguemos a la cúpula del Poder Judicial, tanto porque somos el 50% de las y los costarricenses, es decir, somos mujeres que ejercemos nuestra ciudadanía, lo cual contribuye a fortalecer la democracia; como porque la integración de mujeres en los Tribunales aunada a la perspectiva de género, permite visibilizar los derechos de las mujeres, y en especial su derecho a no ser víctima de violencia.

Los datos estadísticos de la violencia contra la mujer en Costa Rica reflejan, que en el 2010, 36 mujeres han muerto, ya casi rozando las cifras de año anterior, es precisamente frente a estas numerosas víctimas que debemos plantearnos qué pasa con la seguridad ciudadana que reclama este segmento de la población.

Múltiples sectores de la sociedad costarricense, de los poderes estatales y de la sociedad civil, se muestran preocupados por el deterioro en la sensación de confianza pública, un aumento en los índices de criminalidad convencional y no convencional, así como un aumento significativo de la violencia como forma de relación entre los habitantes; en consecuencia se observa un deterioro en la calidad de vida de los y las habitantes. En ese escenario, las mujeres por su parte, en la actualidad visualizadas como sujetas plenas de derechos han resultado particularmente afectadas por la violencia: sexual, económica, emocional, en el ámbito privado y en la vida pública, lo cual persiste en todos los países del mundo. Pese a los esfuerzos en lograr una mayor seguridad humana centrada en las personas, ello no implica que se comprendan los riesgos que enfrentan las mujeres y las niñas en los diferentes espacios.

La seguridad de las mujeres,  transita por diversos rumbos, desde la aprobación de políticas públicas con perspectiva de género, por una legislación que garantice sus derechos, el compromiso de los operadores de justicia que limiten la impunidad, la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, hasta, en un marco democrático, un equilibrio entre las medidas preventivas y punitivas, que permita asumir y garantizar que en condiciones de paz,  las mujeres no sean víctimas de la violencia.

El Poder Judicial es consciente de este flagelo que se presenta contra la mujer. Frente a los desafíos de la violencia ejercida en contra de las mujeres el Poder Judicial, en cumplimiento de los instrumentos internacionales y legislación nacional, que tutelan derechos fundamentales; y que imponen a los Tribunales de Justicia la solución de los conflictos para una convivencia humana pacífica asume un compromiso con acciones concretas encaminadas a reducir la violencia contra la mujer. Una de ellas es la jurisprudencia intencional o con propósito, en la que juezas y jueces con decidida orientación hacia la perspectiva de género, garantizan los derechos fundamentales de las mujeres.

Finalizo reflexionando que cada día las juezas y los jueces hacemos efectivos los derechos humanos de las personas que nos someten su conflicto y muchas veces su drama, para ser solucionado, una enorme tarea... sin embargo muchos obstáculos pueden ser derribados si desde la Administración de Justicia se rompen los estereotipos, prejuicios y mitos que se tejen alrededor de las mujeres.