Los Magistrados de Corte Plena realizaron un análisis sobre los ocho proyectos de ley.

Para el proyecto “Reformas a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito Nº 8422 y sus reformas” participó la Comisión de Asuntos Jurídicos.

La importancia de mantener una edad mínima laboral, de normativas especiales en razón de exigir madurez en la atención de una actividad, durante un proceso de reclutamiento y salvaguardar el criterio de idoneidad, fue lo que destacó el informe de Corte Plena sobre el proyecto “Protección especial contra la discriminación de los ciudadanos en razón de su edad”.
El informe estuvo a cargo del magistrado y Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, ante la consulta emitida por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales del Parlamento sobre el expediente 17 125.
A criterio de Corte Plena la propuesta de ley va más allá de la protección de los ciudadanos mayores de 50 años, pues prohíbe a las instituciones de Derecho Público exigir un determinado rango de edad para ser considerado en una contratación laboral. “…lo cual, por ser una normativa posterior, podría dar lugar a interpretar que deroga implícitamente toda normativa anterior que se le oponga. Evidentemente, esa redacción afecta al Poder Judicial, en el que atendiendo razonablemente a la madurez necesaria para cierto tipo de cargos o a las necesidades especiales de éstos, se ha requerido una determinada edad mínima para poder acceder a algunos puestos… Por otro lado, es importante, tomar en cuenta que existe normativa reguladora del acceso a la carrera judicial y a la mayoría de puestos adscritos al Poder Judicial, que no podría vulnerarse -sin afectar el buen servicio público y el derecho de las demás personas para acceder a los puestos de trabajo- para cumplir con el porcentaje contemplado en el artículo 5 del proyecto”, detalló el documento judicial.
Incluso se detalló que la iniciativa podría tildarse de inconstitucional al desconocer incluso requisitos mínimos para ciertos cargos, contenidos en la propia Constitución Política.

Proyecto “Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional basada en la Ley de Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI)”

Resaltar que el proyecto 17 593, procura subsanar una omisión legislativa, ante la falta en el país de normas sustantivas y procesales utilizadas en el arbitraje internacional para dirimir conflictos entre partes de distintas jurisdicciones, cuyas relaciones comerciales se fundamentan en sistemas judiciales diversos, fue lo que determinó Corte Plena.
El informe aprobado por el Alto Órgano Judicial, será remitido a la Asamblea Legislativa, respondiendo a la consulta emitida por la Comisión de Relaciones Internaciones y Comercio Exterior. El análisis estuvo a cargo del magistrado de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga.
A criterio judicial, la propuesta de ley no afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial y que se basa en una ley modelo creada de un consenso mundial, para armonizar las leyes nacionales en la regulación de las etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje a la ejecución del fallo.

Proyecto “Ley de monitorio arrendaticio”

Destacar los alcances positivos de mejora en la respuesta judicial a los usuarios de la administración de justicia en el tema de la contratación arrendaticia fue lo que externó Corte Plena en su informe sobre el proyecto “Ley de monitorio arrendaticio”.
El informe lo desarrolló el magistrado de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, ante la solicitud que remitió la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, ante un texto elaborado directamente por el Poder Judicial.
“La propuesta pretende innovar, introduciendo un proceso de estructura monitoria, con contradictorio invertido, que permite garantías procesales de debido proceso, con base en una etapa de audiencia oral, concentrada, célere y eficaz, para hacer realidad la justicia pronta y cumplida. Al presentarse la demanda se ordena el desalojo, el arrendatario tiene 15 días para ofrecer prueba fehaciente de que no debe nada o que no ha operado el plazo del contrato. Si la oposición es fundada, se señala la audiencia donde se reciben las pruebas y el juez resolverá si confirma o no el desalojo. Este procedimiento será limitado para dos causales: la falta de pago de la renta o servicios y el vencimiento del plazo del contrato. Las otras causales mantienen el trámite por el proceso sumario”, señaló el informe.
También se resaltó que la propuesta autoriza a la Corte Suprema de Justicia a especializar tribunales y la puesta en marcha del expediente electrónico y el uso de la oralidad.

Proyecto “Código Municipal”

La atención de aspectos puntuales que contempla el proyecto 17 420 “Código Municipal”, fue lo que recomendaron los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, luego de analizar y aprobar el envió del informe sobre la consulta de dicho expediente de ley.
La elaboración del criterio judicial estuvo a cargo del magistrado de Sala Primera, Oscar González Camacho, en atención a la solicitud remitida por la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo del Congreso.
El documento señaló la importancia de considerar que el proyecto omite la regulación de las impugnaciones de los actos provenientes de las juntas cantorales, así como la necesidad de que la materia sobre la que se legisla sea consonante con lo que establece el artículo 173 de la Constitución Política y la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la importancia del agotamiento de la vía administrativa ante el jerarca impropio, para luego dar paso a la impugnación de los actos municipales. Así como la necesidad de revisar el tema de los casos de despido que el proyecto remite a dos jurisdicciones distintas, por lo que resultaría conveniente analizar la jurisprudencia constitucional reciente que señala que en asuntos de empleo público son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Proyecto “Defensa y Fortalecimiento del Idioma Español
y las Lenguas Aborígenes Nacionales”

“…la iniciativa legislativa de comentario, constituye un esfuerzo valioso para el mayor reconocimiento de la importancia, no sólo del idioma español, sino especialmente de los idiomas de los pueblos indígenas costarricenses y contribuye al cumplimiento de los deberes del Estado relativos al reconocimiento, a la protección y promoción de sus derechos.”, a esta conclusión llegó el Alto Órgano Judicial, al analizar y aprobar el informe realizado sobre el proyecto de ley “Defensa y Fortalecimiento del Idioma Español y las Lenguas Aborígenes Nacionales”, expediente 17 282.
Dicho documento se remitirá al Parlamento, ante la consulta que solicitó la Comisión Permanente de Asuntos Sociales y estuvo elaborado por la magistrada de la Sala Primera, Carmenmaría Escoto Fernández.
Sin embargo se detallaron aspectos puntuales en los que se debe clarificar la materia regulada, como el caso del tipo penal, que debe señalar de forma precisa cuáles son las conductas que afectan la defensa, la promoción, uso y desarrollo del idioma y las lenguas aborígenes, con su respectiva pena.
Además reiteró que se debe tomar en cuenta que la norma debe ser imperativa en ordenar que en todos los casos se tendrá que nombrar un intérprete y traductor y en las materias donde la defensa pública tenga competencia. También se señaló la importancia de considerar que el Poder Judicial no está preparado lo previsto por la iniciativa de ley sobre la obligación de nombrar defensores o defensoras públicas que tengan conocimiento de la cultura o idioma nativo.
Y se sugieren aspectos de formas como la sustitución del término “lenguas aborígenes”, por el de “idiomas de los pueblos indígenas”. Estas y otras observaciones se establecieron en el informe rendido.