| SEÑALAN OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR ACCESIBILDAD DE INFRAESTRUCTURA | ||
| ·Acciones deberán emprenderlas Municipalidad de Pérez Zeledón y Registro Civil de Turrialba. | ||
| Andrea Marín Mena Periodista
Impulsar mejoras en una vía pública de Pérez Zeledón y la instalación de rampas en el edificio del Registro Civil en Turrialba, fueron las obras que ordenó la Sala Constitucional al resolver dos recursos de amparo. La preocupación de vecinos de estas zonas los llevó a acudir al Alto Tribunal Constitucional, con la finalidad de que se cumpla con lo establecido en la ley 7600. Uno de los amparos lo presentó un hombre de apellido Hidalgo Fonseca contra la Municipalidad de Pérez Zeledón, ante las condiciones en que se encuentra la calle en el Barrio Morazán, en el sector de Los Almendros de San Isidro de El General. Según explicó el recurrente, tiene una distrofia muscular progresiva, por lo que requiere trasladarse en una silla de ruedas especial, sin embargo la vía pública no cumple con las condiciones necesarias para que la silla eléctrica que utiliza permanentemente, funcione adecuadamente. Máxima que esta situación dificulta el ingreso y salida de su casa. “Se ordena a Kemly Jiménez Tabash, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal, y a Rosibel Ramos Madrigal, en su condición de Alcaldesa Municipal, ambas de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, realizar las gestiones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para garantizar de forma inmediata el tránsito seguro del recurrente con su silla de ruedas sobre el camino ubicado en el sector de los Almendros en Barrio Morazán”, puntualizó la resolución 2010-13671. Una situación similar expuso un hombre de apellidos Binns Grant, contra la Oficina Regional del Registro Civil de Turrialba, pues su principal mecanismo de movilización es mediante una silla de ruedas. Según indicó el afectado, se presentó a estas oficinas par tramitar la solicitud de una nueva cédula de identidad, sin embargo para hacer dichas gestiones se requiere subir tres gradas, que les imposible por su condición. Ante estas circunstancias, el Tribunal Constitucional declaró con lugar el recurso mediante el voto 2010-13672 y ordenó “…a Carlos Ramírez Artavia, en su condición de Jefe de la Oficina Regional del Registro Civil de Turrialba, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, de manera inmediata tome las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que en el plazo de seis meses, se adopten las medidas que sean necesarias a fin de cumplir con lo estipulado en el Transitorio II de la Ley 7600 y proveer de acceso a las personas con discapacidad, en la Oficina Regional del Registro Civil de Turrialba e informar de ello a la Sala”. |
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