¿Por qué el Poder Judicial promueve la Participación Ciudadana?
MSc. Sara Castillo Vargas
Abogada y Directora Ejecutiva de Conamaj
A partir de la reforma del artículo 9 de la Constitución Política en la que se declara que el Gobierno de Costa Rica es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, y que es ejercido por el pueblo y los tres Poderes de la República; las instituciones del Estado se ven en la obligación de incorporar en sus políticas de trabajo mecanismos de participación ciudadana.
La participación ciudadana en la gestión pública constituye un proceso de intervención de la sociedad civil, individuos y grupos organizados en las decisiones del sector público.
¿Qué beneficios trae a una institución pública abrir sus puertas a la ciudadanía y pedirle que se involucre en la toma de decisiones? La participación ciudadana tiene un papel de fiscalización de las instituciones del Estado, en un momento en que la desconfianza hacia la gestión pública se incrementa. Mediante la inclusión de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas y planes de trabajo, las instituciones se garantizan la posibilidad de dar respuesta a las necesidades reales de la población. Por otro lado, los procesos participativos tienden a ser más exitosos en términos de eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad.
Consecuentes con ese pensamiento, el Poder Judicial, desde la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), ha liderado un Programa de Promoción de la Participación Ciudadana, que ha iniciado con un Proyecto Piloto en la Región Huetar Norte.
El Poder Judicial tiene amplio interés en incluir procesos participativos pues representan una vía para propiciar el desarrollo de una cultura institucional democrática, incrementando la eficiencia y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones. Mediante este programa busca coexistir con una sociedad civil organizada e interesada en las cuestiones públicas y fortalecer la transparencia y su legitimidad democrática.
El sentido democratizador se alcanza únicamente si existe una ciudadanía activa, que cuestione la gestión pública, demande información, asuma la responsabilidad que le compete y tenga habilidades para deliberar. Por esta razón, una de las principales apuestas del Programa de Participación Ciudadana es el trabajo directo con las comunidades, donde se promueva el desarrollo de habilidades ciudadanas para exigir cuentas y participar en la toma de decisiones.

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