El informe que analizó Corte Plena fue emitido en apego a las normas de control y en pro de la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La Corte Plena avaló el informe presentado por el Auditor Judicial, Hugo Ramos en el sentido de que dicho órgano auditor en procura de la transparencia en el uso de los fondos públicos solicitó al Ministerio Público presentar una liquidación general de gastos confidenciales, ante el Departamento Financiero Contable.
La intención es que la Fiscalía General presentara información cuantitativa sobre los montos gastados, no así revelar datos secretos sobre las investigaciones que tienen a su cargo.
Por ello, en el informe queda claro que la Auditoría Judicial no solicitó a la Fiscalía General el detalle de los casos a investigar ni la documentación (facturas, formularios, etc), puesto que toda esa información es de uso exclusivo de la Fiscalía General de la República y la misma es custodiada por esa dependencia, por lo que dicha liquidación de ninguna forma genera la pérdida de confidencialidad.
Cabe destacar que el informe fue emitido en apego a las normas de control y en pro de la transparencia en el uso de los recursos públicos.
De igual manera, es importante mencionar que tanto los formularios, facturas, liquidaciones, como el libro de Gastos Confidenciales son de uso interno de la Fiscalía General y del OIJ, de ahí que estos Despachos mantienen la confidencialidad del caso y en ningún momento se pretende que sean remitidas al Departamento Financiero Contable.
La Auditoría es consciente que en virtud de la naturaleza de los Gastos Confidenciales, el uso de esos recursos no pueden ser administrados en estricto apego a los procedimientos típicos establecidos para el manejo de los recursos públicos. No obstante, se estima que deben existir controles básicos que garanticen el uso adecuado de éstos, siempre y cuando la normativa a establecer no se traduzca en un obstáculo para la rápida reacción frente a la criminalidad.