| FORO DE SEGURIDAD CIUDADANA | ||
El año pasado le correspondió a Don Luis Paulino Mora Mora, hacer una intervención sobre el tema y es inevitable tener que reiterar algunos de sus comentarios, ya que la realidad nacional y judicial es prácticamente la misma que entonces. Pareciera que estamos como país, aún más enfocados en la periferia del problema que en las soluciones. Como decía don Luis Paulino, no es este un espacio para venir a hacer un diagnóstico de las causas de la violencia y la criminalidad. Si existe un tema que ha sido sobrediagnosticado es este y sobre todo su impacto en lo que se ha denominado como seguridad ciudadana. Sobre sus causas y posibles soluciones existe la más variada gama de teorías y propuestas desde la mano dura, las soluciones alternativas, la teoría de la ventana rota, la gestión del conflicto, en fin, para todos los gustos. Lo que está claro es que el Poder Judicial es un espejo de la realidad nacional y por ello, todo el aumento en la conflictividad y violencia social repercute en forma directa sobre el Poder Judicial y sobre el sistema de justicia en general. Creo que nunca antes en la historia habíamos manejado tantas denuncias en temas relacionados con la violencia, incluida por supuesto el área penal. Tenemos más denuncias que nunca antes, más personas en la cárcel, más presos sin condena y además sentenciados con penas prolongadas. Para darles un ejemplo, de 1999 al 2009 es decir 10 años, el ingreso de casos en las oficinas del Ministerio Público y los delitos de acción privada ingresados en tribunales penales fue de 105, 929 y aumentó a 245, 595, es decir más del doble. En materia penal juvenil pasó de 9.554 a 15,585. En cuanto a los presos sin condena, es decir sin sentencia, tenemos datos también dramáticos y que reflejan cómo la judicatura está aplicando la prisión preventiva en forma notablemente superior a años anteriores. A diciembre, el número de detenidos en esta condición era de 1,675. Al comparar la cantidad de personas encarceladas sin sentencia tanto en juzgados penales como en tribunales de juicio, con respecto al año 2008 y con el trimestre anterior se observa un incremento del 47.0% en juzgados penales y 10,2 en tribunales de juicio. La gran mayoría de los detenidos son hombres de nacionalidad costarricense, ya que las mujeres privadas de libertad, representan poco menos del 10% de la población carcelaria, y de éstas, las recluidas en el Buen Pastor, el 74% de ellas están allí por delitos relacionados con drogas, la mayoría por introducción de droga en centro penal, para su pareja, o expendio de la misma junto con su pareja. Son delitos generados, en la mayoría de los casos por la existencia de relaciones de violencia doméstica. Esto ha sido determinado por la Defensoría de los Habitantes y la Defensa Pública mediante importantes investigaciones. El fenómeno delincuencial es vivido de manera diferente por las mujeres, tanto en relación con la comisión de delitos, como en relación a su posición de víctimas. La mayoría de los detenidos sin sentencia (en prisión preventiva) son por robo, homicidio y venta de droga: La presión de la última década sobre los servicios de justicia particularmente en materia penal y que se ve claramente reflejada en estas cifras que les he citado, nos ha obligado a aumentar el número de personas en la Fiscalía, Policía y Judicatura, sin que los recursos públicos que se nos asignan, aumenten al mismo ritmo de la demanda social. Actualmente para el presupuesto del 2011 tenemos entre el Ministerio Público y la Policía Judicial 3,286 plazas, mientras que en la Defensa Pública tendremos 679. Aparte de aumentar en número de plazas y recursos asignados a la materia penal, participamos activamente en la Comisión de Alto Nivel sobre el tema de Seguridad Ciudadana convocada por el Poder Ejecutivo. Prácticamente la agenda que sacó el Poder Legislativo fue producto de la iniciativa del Poder Judicial. Me refiero a la creación de los Tribunales de Flagrancia y las iniciativas en materia de Víctimas y Testigos y Crimen Organizado. Que por cierto, la iniciativa de víctimas y testigos vino a darle a esta población el mayor reconocimiento de sus derechos en la historia del derecho procesal penal. El nivel de compromiso que tiene el Poder Judicial con el tema, se refleja en la distribución de su presupuesto: más del 42% se destina a áreas relacionadas con la seguridad ciudadana. La voluntad política de darle prioridad a este tema, se ha reflejado en los últimos veinte años, en la acción más importante de la institución: destinar la mayor cantidad de su presupuesto para dar una respuesta. Sin embargo, esta experiencia evidencia grandes interrogantes hacia el futuro, básicamente, nuestras preocupaciones van en los siguientes sentidos: 1) En primer lugar, si existe un recargo evidente del sistema judicial como última barrera de defensa de la institucionalidad, debería existir una claridad política de que esa responsabilidad debe ir acompañada de los recursos adicionales necesarios para hacerle frente a esa demanda. Lamentablemente, como decía, si bien se nos han dado algunos recursos adicionales, éstos siempre vienen en forma insuficiente y tardía. Como consecuencia tenemos áreas del sistema de justicia muy comprometidas, con la evidente afectación del servicio público y peor aún con la deslegitimación del sistema legal. Si al acudir al sistema judicial no pasa nada, el mensaje a la ciudadanía es muy inconveniente y deriva en iniciativas de justicia de mano propia y de deslegitimación de la ley. Agresiva Política de Prevención 2) El problema es mucho más complejo que un tema de recursos, es una agresiva y sostenible política de prevención, y además reformas legales estratégicas. Quiero aclarar que el hecho de que estime que este problema no se resuelve sólo con recursos, en nada contradice nuestra posición de que necesitamos esos recursos. La explicación del tema descansa en que partimos del hecho de que en este momento existe un serio desequilibrio social y es importante restablecer la ley y el orden en forma urgente y eso necesariamente pasa por una asignación de recursos importantes a los órganos represivos del estado para poder atender con eficiencia ese incremento en la demanda. Y en esto último quiero ser muy enfática. A nosotros en el Poder Judicial nos llega el conflicto al mostrador, sin que podamos hacer nada para evitarlo. Lo que nos corresponde una vez presentado es aplicar la ley, pero nada podemos hacer para devolverle la vida de un hijo a una madre, o de un esposo a una familia. Ya está el muerto, la droga etc. De tal forma que el evitar que ese conflicto se produzca es en lo que realmente deberíamos estar enfocados como sociedad. Sin una política de prevención es difícil que ningún Poder Judicial pueda por si sólo sostener la institucionalidad del país. La solución comienza por reconocer que si bien es cierto en este momento existe un desequilibrio social y que el respeto a la ley y el orden debe ser garantizado a la ciudadanía, quedarnos sólo allí es poco responsable y probablemente insuficiente. Eso no quiere decir que los recursos no sean necesarios, simplemente que si la inversión en represión no viene acompañada de una mayor inversión en prevención, siempre estaremos en déficit y apagando incendios en todas las instituciones del sector justicia y con la ciudadanía. La solución comienza por entender que nuestra sociedad exhibe una serie de patologías que ponen en entredicho la política pública en materia social, educativa y preventiva en general. Y aquí naturalmente no me refiero a un gobierno particular, sino a varias décadas de omisiones que se reflejan ahora en los niveles de desigualdad y exclusión que alimentan en mucho los niveles de delincuencia. En este tema de nada sirven las comparaciones con otros países que están peor que nosotros a nivel latinoamericano. Lo importante es que el nivel de violencia que exhibe nuestra sociedad es más de lo que estamos dispuestos a soportar y compromete la base misma de nuestro pacto social que es la estabilidad, paz y respeto a la ley, esencia histórica de nuestro pueblo. La solución a un problema tan complejo y multicausal como es este, naturalmente no es fácil ni barata, por eso seguimos con el problema a pesar de que sabemos, que lo causa y lo que nos cuesta como sociedad que exista. Definitivamente el tema es muy delicado. De allí que me parece necesario que lo tratemos fuera del ámbito político partidista, sino como se ha dicho, con una convocatoria de todos los sectores del país. El primer reconocimiento que hacemos desde el Poder Judicial es señalar con toda transparencia que este problema social nos ha puesto en jaque como sociedad y nos ha revelado nuestras propias deficiencias y limitaciones no sólo en el sector justicia sino en el sector político en general. Entre las deficiencias que podemos reconocer en el Poder Judicial, lo primero que tenemos que señalar es que nuestro sistema judicial estaba diseñado para absorber y manejar bien –como se hizo históricamente- niveles razonables de violencia social. Es decir nuestra estructura, presupuesto y capacidad de respuesta estaba basada en un comportamiento histórico diferente. Ahora tenemos una sociedad cuya manifestación de la violencia social se ha hecho mas compleja. Este fenómeno ha sido –históricamente hablando–, muy súbito y nos tiene ocupados apagando incendios desde hace varios años y pasándonos la bola unos a otros en el Estado. Para mencionarles el impacto que ha tenido a lo interno del Poder Judicial, en los últimos años, las jurisdicciones relacionadas con la violencia social en todas sus formas han crecido más de un 250%, mientras que nuestros recursos no. Mientras tanto la ciudadanía ya pasó de sentirse desamparada a cuestionarse si la institucionalidad sirve y si conviene más brincarse todo el sistema de derecho y buscar justicia por su propia mano. Es decir, esta ola de violencia social nos tiene ya trabajando al límite de nuestra capacidad de reacción y aquí es donde nosotros debemos cuestionarnos lo absurdo e inconveniente de no replantearnos como sociedad todo el abordaje que hemos venido haciendo de este tema. Como ya señaló don Luis Paulino en este foro, es sorprendente que la clase política y la ciudadanía realmente esperen que a punta de leyes y de sentencias se pueda resolver o siquiera sostener esta avalancha de violencia y eso es un engaño. Ninguna sociedad puede resolver este complejo problema con un abordaje tan simplista como ese. Ojalá la respuesta la tuviéramos nosotros los del Poder Judicial. Simplemente metemos más plata, más jueces/as, fiscales y policías y todos a vivir en paz y armonía otra vez. Sabemos que eso no va a pasar porque ya lo hemos intentado. Debemos ser realistas. No podemos pedirle a la administración de justicia que soporte por sí misma todo el peso de la sociedad, eso no es serio ni efectivo. Entonces dejemos de esperar que sea el sistema judicial el salvador de la sociedad y construyamos un abordaje integrado a este tema. Ya no podemos cada sector, por su lado, abordar esta problemática. Yo diría que el primer aporte que podríamos hacer es crear una Comisión Interinstitucional que sirva de foro permanente para articular políticas conjuntas. Este foro debe tener dos área de trabajo, la que articule políticas preventivas y la que fortalezca las políticas de respuesta del sector justicia como un todo, desde la detención de la persona hasta la ejecución de su sentencia. Esta sería una propuesta macro a nivel externo de la Administración de Justicia. Política de persecución penal: A nivel interno, en el Poder Judicial, existen ajustes que hacer en la política de persecución penal . La acción del Ministerio Público debe garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, con una perspectiva democrática e inclusiva. El sistema judicial debe darle una respuesta a las violaciones de los derechos que sufren las personas, cualquiera que sea su ubicación social, su sexo, su condición económica, etc. Es importante el control de la ciudadanía sobre esta política, y la colaboración, en su formulación, de operadores importantes en el campo penal, concretamente, al menos de la policía judicial. Esto requiere una reforma legal. El objetivo debe ser trasladar a este ámbito los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas.br /> Tan importantes son las estrategias y los protocolos para perseguir e investigar el denominado crimen organizado, los delitos relativos a la corrupción, como el crimen no organizado, los denominados de bagatela, los relativos a la violencia contra las mujeres, o la materia penal juvenil. El primero es el tema de los llamados delitos de bagatela o insignificancia del hecho y su contribución a la impunidad e inseguridad ciudadana. Existen múltiples teorías, entre ellas la de la “ventana rota” utilizada en varios países, como en algunos estados de los Estados Unidos, que la han empleado exitosamente y que muy resumidamente parten de la base de abordar lo pequeño antes de que se extienda y se convierta en un tema fuera de control. Actualmente el Ministerio Público utiliza el criterio de oportunidad para “seleccionar” los casos, pero es importante repensar, no es que vamos a perseguir todo, porque ello es imposible, pero sí es necesaria una reestructuración del sistema contravencional y de la persecución penal de delitos de baja afectación patrimonial, hacia algo realmente funcional. También, es necesario, que la política de persecución penal esté focalizada a los barrios y zonas más problemáticas para hacer desde ahí un abordaje de lo pequeño y lo grande. Además es indispensable que el abordaje de esas zonas sea integral y articulado entre todas las instituciones del Estado y no de cada una por su lado. Un reto fundamental, es repensar el tema del abordaje de la política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres: Si vemos las estadísticas, nos damos cuenta, que con respecto a la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, a partir de su implementación, en el primer semestre del año 2007 y hasta el primer semestre del año 2009, inclusive, ingresaron al Ministerio Público, un total de 25, 199 casos. No obstante, de estos, 17, 138 (lo cual representa un 68.01%) fueron desestimados, y 2,044 ( o sea el 8.1%) fueron sobreseídos definitivamente recién iniciada la investigación, dejándose de abordar el conflicto social correspondiente en el 76% de todos los casos ingresados. El mensaje de impunidad que lanza a la sociedad un tipo de política de persecución penal, como la referida, necesariamente se relaciona con las cifras de femicidios y la cifra de homicidios por razón de género, que están enfrentando las mujeres de nuestro país Muertes por Condición de Género: 2005-2009 Con estos números, cada uno de los cuales representa la vida de una mujer, no podemos caer en el error de invisibilizar la violencia contra las mujeres. Es necesario tener claro que la seguridad ciudadana, incluye las acciones dirigidas a la violencia de género. Las investigaciones revelan que un 60 % de la intervención diaria de la policía administrativa, está vinculada a problemas de violencia doméstica- La democracia y la ciudadanía, comienzan en las familias. Vivir insegura en la familia es no tener seguridad ciudadana- Entre 1995 y el año 2005, la tasa de delitos contra la vida, aumentó en nuestro país, en un 20%, mientras que la de homicidios dolosos se incrementó más significativamente, en un 30%, sin embargo, entre las víctimas de homicidio doloso, las mujeres crecieron bastante más que los hombres: 96,5% vs. 63,7%. Por su parte la incidencia de los delitos sexuales de los cuales, más del 90% son en perjuicio de mujeres, niñas y niños, en este mismo período se duplicaron, pasaron de una tasa del 58,3 en 1995 a una tasa de 119,7 en el año 2005. (esta tasa de delitos es por cada 100,000 habitantes). Cuando hablamos de seguridad ciudadana para las mujeres de este país, estamos hablando principalmente de cuál es su seguridad, en sus casas. La criminalidad por drogas, el robo de vehículos, el sicariato, y otros delitos de criminalidad organizada son importantísimos, pero no son los únicos, ni los que más afectan al 50% de la población de este país. Sin embargo, les voy a decir algo que no es ningún secreto, estas cifras de desestimación y sobreseimiento, son un espejo del resto de las áreas de la materia penal, o sea, lo mismo o algo muy parecido está sucediendo en las investigaciones del resto de los delitos- Coincido con el Dr. Luis Pasara, quien en un estudio que realizó para la institución, señaló que “es indispensable el seguimiento y monitoreo de la actuación y la calidad del trabajo realizado por el Ministerio Público”. Por otra parte deben, considerarse las nuevas estructuras de mercado en la organización de las instituciones represivas. Actualmente, una buena parte de la criminalidad urbana común, responde a la estructura de mercado. Un porcentaje muy grande de la criminalidad moderna tiene esta estructura, en la que están inmersos casos simples y casos complejos, actores simples (personas) o complejos (bandas, empresas, organizaciones criminales). Esto es particularmente significativo porque pareciera que se trata de cambiar la mirada hacia las grandes organizaciones criminales, como si ellas no estuvieran inmersas y no fueran dependientes de la estructura de mercado en la que realizan su actividad. El hecho de que se trata de una porción muy importante de la criminalidad tanto común como compleja o no tradicional lo muestra el siguiente listado de estructuras de mercado en el fenómeno de la criminalidad elaborado por Alberto Binder. Por ejemplo, tienen similar estructura: 1. Mercados de vehículos sustraídos y repuestos. 2. Mercados de mercadería sustraída a granel. Piratas del asfalto. 3. Mercados de metales (cables, alcantarillas, etc.) 4. Mercado minorista de objetos sustraídos. (relojes, celulares, radios, etc.) 5. Mercado de ganado. 6. Mercado de armas de guerra y explosivos 7. Mercado de armas comunes. 8. Mercado de venenos y drogas 9. Mercado de personas emigrantes. 10. Mercado de pornografía y prostitución infantil 11. Explotación sexual de adultos 12. Mercado de flora protegida o en extinción 13. Mercado de fauna protegida o en extinción 14. Mercado de objetos y marcas falsificadas. 15. Mercado de objetos y “software” al margen de las patentes y derechos de autor 16. Mercado de apuestas y juego clandestino 17. Mercado de influencias y sobornos. El financiamiento de la actividad política. (Obras publicas, contratos del estado, etc.) 18. Mercado financiero y lavado de dinero. 19. Mercado laboral clandestino. Explotación. Servidumbre y esclavitud. Mercado de órganos. 22. Mercado clandestino de servicios profesionales. (asesoramiento impositivo, legal, etc. En tanto forman parte de las actividades ilícitas) 23. Mercado de objetos culturales protegidos o de valor histórico. Se trata de un simple muestreo de ejemplos que un análisis más preciso puede modificar. Para el autor, parece evidente que la organización de la información y el análisis desde esta perspectiva y el diseño de políticas que influyan sobre la estructura es una condicional elemental de eficacia y de asignación eficiente de los pocos recursos que disponen los estados pobres. Algo similar ocurre con otras regularidades sociales que contribuyen mucho también a la criminalidad y que no son dependientes de la estructura de mercado. De un modo u otro en todas estas situaciones la visión sobre la estructura que le da sentido a los casos y las personas es central desde el punto de vista del diseño, ejecución, control y evaluación de cualquier política de seguridad. Las nuevas formas de Inteligencia Policial, las nuevas formas de trabajo integrado entre Policía de Investigación y de Seguridad en base a problemas (POP Orientation), la llamada Persecución Penal Comunitaria y Persecución Penal Estratégica, son nuevas herramientas que están tratando de modificar la mirada sobre el fenómeno criminal y las formas de intervención en él. En definitiva, nuestra percepción del fenómeno criminal y de la violencia está mediada por un mercado de la violencia que se ha expandido a través de los medios masivos de comunicación. Jurisdicción Penal Juvenil. Otro ajuste importante que ha señalado el Presidente de la Corte que debe hacerse es el de la Ley penal juvenil que tiene ya 13 años de vigencia. Este fue un gran tema no abordado en el marco de la Comisión de Alto Nivel y que el Poder Judicial ha solicitado a UNICEF colaborar en un diagnóstico de fortalezas y debilidades del sistema para reforzar las políticas públicas y si es necesario, promover las reformas legales necesarias. Las víctimas; un equilibrio necesario en el proceso penal: No puede desconocerse que la participación de las víctimas en el proceso penal, ha sido tardía y relativamente reciente. Se incurrió en la ficción de considerar que sus derechos los representa el Ministerio Público, y en la práctica éste no ha sido el resultado. El reconocimiento de sus derechos, y los mecanismos para su protección, continúan siendo ambiguos, y en muchos casos esa protección no se otorga por su condición, sino en función del proceso mismo. Mientras que a cada imputado se le garantiza un defensor público, las víctimas no tienen garantizada su asesoría legal, en la realidad está impedida de formular estrategias propias, independientes del Ministerio Público. Sin duda, esta situación sigue incidiendo en el alto porcentaje de desestimaciones. En síntesis, el Poder Judicial costarricense en este tema tiene como fortaleza la inversión que hace de prácticamente la mitad de su presupuesto al área penal, los importantes aportes en el seno de la Comisión de Seguridad de Alto Nivel que le han dado frutos importantes al país en el tema de víctimas y testigos y la creación de los tribunales de flagrancia y crímen organizado y esperamos que prontamente se una a esta lista de contribuciones un diagnóstico del tema penal juvenil. Sin embargo, dentro de los retos que enfrentamos está primero derribar el gran mito de que basta con judicializar la violencia para encontrar su solución. Es imperativo convencer a la ciudadanía y a la clase política que ningún sistema de administración de justicia puede, devolverle por sí sola, la paz social a una sociedad, porque la administración está diseñada para actuar cuando el conflicto se da, no para prevenirlo. Es cierto que coadyuva a que se reduzcan los niveles de impunidad, pero no evita que la gente se siga matando, consumiendo droga, robando, violando, pegándole a la mujer, asesinando jóvenes por un celular, asaltando etc. Todas estas y otras patologías sociales, lamentablemente no se arreglan sólo con sentencias. Es urgente acompañar la acción de las instituciones represivas del Estado con un abordaje preventivo que afronte las causas de esas patologías para recobrar el equilibrio social. Los países que son exitosos en la reducción de la delincuencia como Finlandia, Suecia y Noruega, que tienen el menor número de homicidios per cápita y de policías per cápita, buscan el abordaje de la delincuencia desde el sistema social, buscan reducir la exclusión social a sus límites mínimos. Los países que logran reducir la criminalidad son exitosos como sistemas sociales. En esto coincido con quienes han señalado que con la misma vehemencia que debemos actuar para evitar la impunidad de los delitos, debemos actuar para luchar contra las causas que ocasionan el delito y siento que ahí es donde más fallamos como sociedad. El segundo reto es lograr trabajar en forma articulada con los otros Poderes de la República para hacer un abordaje integral y focalizado de este problema –especialmente en las zonas de mayor conflictividad-, a través de un foro permanente que aborde tanto la prevención como la represión. Poco hacemos cada uno por su lado, trabajando aisladamente. El tercer reto es ayudar al país a recobrar la autoridad y el orden, y eso implica, trabajar al mismo tiempo y con la misma vehemencia, lo grande y lo pequeño por las razones indicadas. Pero de nuevo, en forma conjunta y articulada, no cada Poder de la República por su lado. El cuarto reto está en evaluar todo el desempeño del sistema penal juvenil para asegurarnos que tanto la legislación, como la aplicación de la misma están sirviendo para sus propósitos. A lo dicho hay que siempre sumar en capacitación y actualización de los funcionarios y funcionarias encargadas del sistema penal a todo nivel. El escenario es claro. O hacemos prevención urgentemente y en especial con la juventud o no va a ver sistema judicial ni Estado que pueda responder efectivamente a este flagelo. Lo anterior es nada más y nada menos, que articular la política pública para el abordaje de la violencia social, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, desde todos los niveles, pero siempre con mayor inversión y énfasis en el nivel preventivo-educativo. El costo de no hacerlo, no será sólo sobre la credibilidad del estado de derecho como mecanismo racional capaz de mantener el orden y la seguridad, sino que también tendrá un enorme costo sobre las inversiones en el país, como ya ha sido el caso de Colombia, México y varios países de Centroamérica. Un abordaje especial merece sin duda también el tema de la droga y la delincuencia por ella generada. No hay que perder de vista que somos un país que está en medio de los mayores consumidores y productores de droga del continente. Esto nos pone en un riesgo adicional y el abordaje de nuestra política criminal tiene que tener claro que nuestra realidad no es la Europea por ejemplo. México y Guatemala han llegado a niveles de corrupción y crimen organizado capaces de socavar el sistema político institucional completo. Nosotros vamos hacia esa realidad sino actuamos ya. Ya tenemos zonas enteras del país en esta situación y es urgente actuar como una sola fuerza en esas comunidades para revertir esta tendencia, antes de que se extienda a todo el país. Estos esfuerzos conjuntos que se hacen necesarios en estas zonas, deberían reflejarse en el presupuesto nacional, de tal forma que todas las agencias del Estado que deben intervenir en estas zonas generalmente costeras, tengan un refuerzo presupuestario para un abordaje conjunto de la prevención y represión de la criminalidad. Finalmente creo que el desafío más grande que tenemos como democracia, es lograr devolver el equilibrio y la paz sociales, sin perder nuestro camino y recobrar la credibilidad en la institucionalidad democrática, con respeto al estado de derecho, como forma de resolver nuestros conflictos. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Diseño Gráfico: Iván Pacheco Leon
Colaboración: Departamento de Tecnologías de la Información, Poder Judicial
Poder Judicial de la República de Costa Rica, ® Derechos reservados 2010