Los recurrentes señalaron que son reiteradas y graves las supuestas agresiones físicas, verbales y psicológicas que reciben los menores en el centro educativo, que fueron denunciadas ante las autoridades (foto con fines ilustrativos).

Darle resolución a las denuncias de varios alumnos por supuestas agresiones de parte de una educadora de un centro educativo en Pérez Zeledón, fue lo que ordenó la Sala Constitucional en un recurso de amparo.
El amparo fue declarado parcialmente con lugar y estableció la responsabilidad de actuar tanto al Ministerio de Educación Pública (MEP) como a la Defensoría de los Habitantes.
“Se declara parcialmente con lugar el recurso por violación al artículo 41 de la Constitución Política. Se ordena a Leonardo Garnier Rímolo, en su calidad de Ministro de Educación Pública, o a quien ocupe ese cargo, que dicte las disposiciones correspondientes, para que se notifique en forma inmediata a los recurrentes, en el número de fax que se señaló en el escrito del 27 de octubre de 2008, que consta en el expediente administrativo que aportó ese Ministerio, la resolución N° 541-2010-AD, dictada por su Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, se ordena a Ofelia Taitelbaum Yoselewich, en su calidad de Defensora de los Habitantes de la República, o a quien ocupe ese cargo, que dentro del término de un mes, que se contará a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva por acto final los tres expedientes que la Defensoría levantó en el año 2008, para investigar las denuncias por agresión en la citada Escuela Talari, y les comunique las resoluciones a los ahí denunciantes”, indicó la resolución 2010-9081.
El amparo lo presentó una mujer de apellidos Martínez Chinchilla y otros, a favor de un grupo de estudiantes de la Escuela Talari de los Ángeles de Rivas de Pérez Zeledón y contra varias instituciones públicas.
Los recurrentes señalaron que son reiteradas y graves las supuestas agresiones físicas, verbales y psicológicas que reciben los menores en el centro educativo, que fueron denunciadas ante las autoridades. Pese a que la educadora fue trasladada a la Dirección Regional del MEP en Pérez Zeledón, en lo que restó el curso 2009, la preocupación de los alumnos volvió pues para este año lectivo regresó la docente denunciada, por lo que los niños se niegan a ir a clases y sus padres los apoyan por su protección.
Ante tal situación nuevamente acudieron a las autoridades para hacer las gestiones respectivas por el caso de agresión, sin embargo alegaron que no han tenido respuesta alguna.
Para los padres de familia es alarmante lo que ocurre pues más de la mita de los estudiantes no está acudiendo a clases, lo que genera una violación al derecho de educación.