Corte Plena aprobó la solicitud de la Defensa Pública de participar en dicho convenio.

Participar activamente en el Convenio suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Internacional de Defensorías Públicas (AIDEF), en la atención de casos internacionales específicos de víctimas costarricenses, es la responsabilidad que asume la Defensa Pública, luego de que los magistrados de Corte Plena aprobaran dicha participación.
El acuerdo de Corte Plena estableció aprobar la solicitud de la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, de autorizar la participación activa de la Defensa Pública en el este convenio, pues esta institución es integrante de la AIDEF.
Se estableció en el acuerdo tomado por el Alto Órgano del Poder Judicial, que dicha competencia se limitaba a la asesoría técnica a víctimas de nacionalidad costarricense, en las materias que legalmente competen a la Defensa y de conformidad con los recursos presupuestarios existentes.
Para Muñoz Cascante dicho acuerdo de Corte, representa un gran compromiso para la institución que dirige pues “implica un aprendizaje constante en todo lo referente a la jurisprudencia y actuaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual ya los defensores y defensoras públicas han recibido capacitación”.
Por parte de Costa Rica se seleccionaron a dos defensores públicos que tendrán la responsabilidad de atender estos casos, quienes son José Arnoldo González Castro y Ricardo Barahona Montero, quienes ya se han capacitado en China y México.
“Este es un paso muy importante que se da a nivel internacional en defensa de los derechos fundamentales, pues son esfuerzos que aseguran las condiciones para acceder a la justicia nacional e internacional y así, mediante la asistencia gratuita que brindamos evitamos la discriminación”, puntualizó Marta Iris Muñoz.
El Convenio internacional establece que en los casos en que presuntas víctimas carezcan de recursos económicos o de representación legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos será la AIDEF quién designe al defensor o defensora pública perteneciente a la asociación, para que asuma su representación y defensa legal durante todo el proceso, con el fin de que sus derechos sean efectivamente garantizados.
En el caso de la Defensa Pública costarricense, asumirá los casos en donde las partes sean nacionales y que se encuentren en el rango de las materias que atienden legalmente.
Para tal coordinación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicará a la coordinación general de la AIDEF sobre la necesidad de representación legal, y ésta tendrá un plazo de 10 días hábiles para la designación de la defensa.
Para la aplicación de este convenio, ya se trabaja en un manual operativo para el defensor o defensora interamericana.
El convenio entró en vigor desde el 1 de enero del 2010 y se acordó que tendrá una duración indefinida.