| APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2010 | ||
El informe concreto de labores ha sido repartido previamente para que el detalle de nuestras actuaciones sea conocido por todos ustedes y la comunidad y sea objeto de fiscalización y debate, todo con el fin de enriquecer el diálogo con la sociedad. En este acto protocolario es difícil que pueda abordar todos los aspectos contenidos en ese informe, de tal forma que quisiera en esta ocasión, sólo referirme a aquellos temas que me interesa resaltar. Es muy grato que en esta actividad nos acompañen autoridades de gobierno y del gobierno local y la comunidad, a quienes agradecemos su interés de compartir con nosotros este sencillo, pero significativo acto de transparencia y fortalecimiento democrático. Quisiera comenzar por lo que considero más importante y es darles a todos los empleados de este circuito judicial, mi más sincero agradecimiento por su esfuerzo y entrega para la institución y el país, se que aunque cuesta que se nos reconozca, han hecho muchos esfuerzos por mejorar la atención del usuario, por responder oportunamente a sus requerimientos, por hacer que la justicia tenga rostro humano. Todos ustedes desde sus distintos ámbitos, ayudan a fortalecer la democracia costarricense. Talvez muchos no estén conscientes de ello, porque en la cotidianeidad, muchas veces se olvida porqué estamos aquí y qué sentido tiene lo que hacemos. Se olvida que la justicia en democracia es diferente y debe ser diferente a la justicia de otras denominaciones políticas. En democracia la justicia debe tener como norte de su acción al ser humano. Normalizar la convivencia social es su fin primordial, así como posibilitar el desarrollo económico, político y social. No voy a entrar en consideraciones de filosofía política sobre el valor de la justicia y sus alcances, pero sí quiero recordarles que detrás de cada expediente y trámite que se hace en esta Institución, existe una persona, un ser humano, que es nuestra razón de ser. Nos corresponde como Institución hacer cumplir la Constitución y la Ley, que son la columna vertebral del estado de derecho, y a su vez de la democracia, la cual precisamente tiene su sustento en una serie de valores y principios que el ordenamiento jurídico tutela por medio del derecho, y que corresponde a la administración de justicia -en sus distintas instancias-, hacer cumplir, para que la voluntad de la mayoría, expresada en la ley por medio de sus representantes, sea respetada. En síntesis, no podría existir democracia sin respeto al estado de derecho, a nuestra institución le corresponde custodiar esos principios y valores en nombre de la sociedad costarricense. Por lo tanto, todo lo que cada uno de ustedes hace, es parte de un eslabón que sostiene a fin de cuentas la democracia misma. Es una forma muy digna de construir patria, de hacer la diferencia en la sociedad a favor de la dignidad humana y la paz social. No es pues cualquier tarea, donde los papeles van y vienen, todo tiene una razón de ser que ayuda a servir de soporte y equilibrio al sistema democrático mismo, pero sobre todo le da a la persona, al ciudadano, la posibilidad de que su voz sea escuchada, su conflicto sea atendido, por medio de mecanismos racionales y civilizados. Para muchos de ustedes podrá ser un trabajo más, una forma de ganarse la vida, pero espero que estén conscientes, como ya lo señalé, de que detrás de cada expediente, hay un ser humano que sufre, que necesita ser escuchado y que viene en busca de soluciones, sea una señora que busca alimento para sus hijos, o que busca justicia frente al puño de su agresor, o una víctima que procura que la perdida de la vida de su hijo no quede sin consecuencia frente a un conductor borracho o un asesino; un obrero que espera le sean reconocidos sus derecho; un niño que quiere saber quién es su padre. Dentro del esquema constitucional nos corresponde entonces administrar el conflicto social de conformidad con la ley, y eso en estos tiempos que nos ha tocado vivir, significa lamentablemente, millones de causas al año. El mundo -y desdichadamente nuestro país no es la excepción-, vive una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad y nuevos desafíos como la creciente presión sobre los recursos naturales por ejemplo, que añade una gran tensión en las sociedades y que se juntan con viejos conflictos como el crimen organizado y la corrupción, para generar gran inestabilidad y tensión en nuestras sociedades, lo que al fin de cuentas acrecienta la demanda de servicio en el judicial, pues todo ello desemboca en conflicto. Todo este conflicto o al menos buena parte de él, termina judicializado y eso pone una enorme responsabilidad sobre el sistema de justicia en general y en particular sobre el poder judicial. En resumidas cuentas, la sociedad costarricense vive un exagerado proceso de judicialización de temas políticos, sociales y económicos. De una u otra forma, todos los caminos llevan al expediente judicial y la sede constitucional es sólo un ejemplo de ello. La situación es peligrosa para el Poder Judicial, pero crítica para el equilibrio del sistema político costarricense y el respeto al estado de derecho. Es crítica para nosotros porque representa una masiva demanda de servicios a la cual debemos enfrentar con prácticamente los mismos recursos, pero es aún más crítica para el equilibrio político, porque no es sano para ninguna democracia que se pretenda que el peso de cumplir con el estado social de derecho, recaiga sobre los jueces. No es posible, ni sostenible que la instrumentalización del proyecto político contenido en la Constitución, le corresponda llevarlo sobre sus espaldas al poder judicial. Toda esta judicialización extrema de que vive la sociedad costarricense, es lo que determina que ustedes tengan una cantidad creciente de trabajo y deban trabajar en muchos casos prácticamente con las uñas, haciendo malabares para poder darle a las personas usuarias el servicio que requieren. Yo mismo durante mi carrera judicial estuve destacado en Limón y otras zonas alejadas de la capital y soy consciente -porque lo viví-, de los esfuerzos que hay que hacer y la creatividad que hay que tener, para poder cumplir con el trabajo. Les aseguro que así como ustedes hacen malabares, nosotros también procuramos hacer milagros con el presupuesto que debe cubrir más de 11 mil funcionarios a lo ancho y largo del país y millones de conflictos traducidos en expedientes y gestiones de distinta índole, en cada uno de los circuitos judiciales. Pero –por fortuna- si algo ha definido al empleado judicial, es su mística y disposición para servirle a la ciudadanía. Eso es algo digno de resaltar y agradecer a cada uno de ustedes, lo que ahora hago en nombre de mis compañeras y compañeros magistrados. Es ese mismo espíritu es el que nos ha permitido afrontar el año que recién concluye, con gran solidez, porque hemos logrado hacer realidad muchos de los fines que nos proponíamos, a pesar de ser un año marcado por una crisis económica mundial, que afectó nuestra economía y nuestras aspiraciones presupuestarias. Es sin duda el valor del recurso humano y su empeño, lo que nos permitió mantener estables nuestros indicadores especialmente en materias sensibles. Afortunadamente también nos sobró fuerza aún, para impulsar diferentes proyectos concretos dirigidos a mejorar la administración de justicia. De seguido comento algunos de ellos. En particular, estamos satisfechos respecto de la manera en que está desarrollándose el cambio hacia la oralidad en todas las materias y en particular, la profundización de la oralidad en la materia penal, y el impulso en laboral, cobratorios y contencioso administrativo, así como el buen desempeño pensiones alimentarias, en donde se ha demostrado, por la experiencia del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela, que la justicia puede aligerarse, que es posible utilizando nuevas herramientas y empleando nuevas formas de gestionar el despacho, que plazos de 18 meses pueden llevarse a unos días. También tenemos muchas esperanzas en el inicio de los juzgados electrónicos que pensamos poner a trabajar en circuitos diferentes de los de San José, cero papel como se les conoce en la doctrina; ya tenemos bastante experiencia en su uso, espero que lo ocurrido en pensiones alimentarias y cobratorios pronto lo tengamos en otras materias y también en todo el país. Es claro que el cambio no es fácil, que vencer tradiciones y conductas centenarias, conlleva muchas horas de trabajo laborioso, también requiere que tengamos a disposición nuevas herramientas de trabajo, estamos concientes de que primero debemos esforzarnos por elevar la calidad y condiciones de la tecnología de que se dispone, en eso se está trabajando. Comprenderán que un cambio hacia la oralidad luego de casi dos siglos de recargo en la escritura, no se logra de la noche a la mañana ni sin quebrar algunos huevos. Como decía Winton Churchill, “no se puede hacer un omelette, sin quebrar algunos huevos”. Tenemos muchas esperanzas en el inicio del funcionamiento de los juzgados electrónicos que pensamos poner a trabajar en circuitos diferentes de los de San José, pondremos el mayor esfuerzo para que al hacerlo se cuente con un sistema operativo ágil y amigable, sustentado en poderosas redes de trasiego de datos. En el ámbito presupuestario también hemos hecho avances significativos, naturalmente insuficientes para nuestras aspiraciones, pero hemos logrado posicionar de mejor manera al Poder Judicial en el debate presupuestario. Esos esfuerzos nos han significado superar la asignación presupuestaria del 6% constitucional a más de un 7% del Presupuesto Nacional, diferencia que se traduce en muchos miles de millones de colones a favor de nuestro presupuesto. Sin embargo los recursos son limitados también para el país en general, y eso nos limita en reforzar al mismo tiempo, todas las áreas de la administración de justicia que necesitan atención, utilizando para ello el mismo caudal humano y económico con que estamos dotados. Otro de los temas que ocupa nuestra atención es el de incorporar al ciudadano en la construcción y fiscalización del modelo de justicia costarricense. Lamentablemente en ese proceso hemos tenido que comenzar por interesar a la gente, ya que la mayoría de las personas sienten que el trabajo del Poder Judicial no es algo que deba interesarles, salvo que se trate de sucesos. Hacemos intensos esfuerzos para lograr que la gente común y corriente participe y diga lo que cree que debe ser la administración de justicia en todos sus campos. El ideal sería que, en algún grado, la mayoría de las personas pudieran decir que necesitan de la administración de justicia y del Poder Judicial. Tengo claro que esto es un proceso paulatino, en mucho educativo hacia la población, y de hecho, por ejemplo mucha gente, funcionarios públicos e incluso abogados, afirman que no saben lo que se hace en el Poder Judicial y que nosotros no rendimos cuentas a nadie, pero ello es completamente falso. El Poder Judicial hace muchos esfuerzos por actuar de manera transparente, vamos todos los años a entregarle cuentas a la Asamblea de cómo se maneja nuestro dinero. Esta misma actividad es una forma de entregar cuentas y decirle al país y a la región lo que se hace, por medio del informe anual de labores. Además para quienes tienen la posibilidad de la Internet, existe una grandísima cantidad de información de las labores del Poder Judicial que se colocan en Internet y están a la disposición de todos aquellos que quieran verla. También las visitas del Consejo superior a los diferentes circuitos para escuchar de viva voz a las personas con sus inquietudes, los comités de usuarios de la Contraloría de Servicios, sirven como un medio por el cual las personas pueden participar activamente en la labor de administrar justicia y principalmente en la búsqueda de soluciones a los problemas que le aquejan. Pero tenemos que aprender todos a vivir esta nueva forma de hacer las cosas: los empleados judiciales tenemos que aprender que nos pueden preguntar y cuestionar por nuestros actos y que estamos obligados a dar siempre respuestas claras y transparentes; y las personas deben aprender a ser constructivos y no destructivos a proponer cosas y no simplemente quejarse y quejarse, porque eso es lo más fácil, pero no conduce a nada.- La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia está haciendo experiencia con un excelente programa que ya está probado en la zona de San Carlos, para lograr la participación de la ciudadanía en el mejoramiento del servicio que recibe del Poder Judicial, espero que muy pronto este Circuito Judicial también se vea beneficiado con ese programa. Aparte de la participación ciudadana, otra de las grandes líneas que trabaja la institución es el diseño de un modelo de gestión de la calidad en la justicia a partir de un proceso de participación interno del personal y externo con la ciudadanía, bajo ejes transversales propios de una justicia democrática, como son el género, accesibilidad, transparencia, ética y acceso participativo de la ciudadanía. Es un proyecto pionero y novedoso en su campo, que definitivamente abre una enorme oportunidad para el mejoramiento continuo del sector justicia en general y en particular de la administración de justicia. En forma seria y profesional aborda aspectos tales como la racionalización de los métodos, procesos y procedimientos para proveer una administración de justicia eficaz y confiable, que hasta fechas recientes había sido dejado de lado en los intentos de reforma y modernización de la actividad jurisdiccional. Encuentro en este proyecto, la enorme virtud de que nos obliga a retarnos a nosotros mismos continuamente para generar el cambio y el mejoramiento continúo de la justicia, desde cada despacho hacia arriba y en unión con la sociedad civil, sin esperar a que los cambios vengan de la cúpula judicial. Así entendido, estamos pues ante un proyecto de una gran visión y que sin duda promete darle un importante impulso a la transformación del servicio público de justicia, pues toma en cuenta y nos permite concretar, una serie de ideas que hace años venimos procurando impulsar, tanto a nivel internacional como interno. Por otra parte la institución se mueve hacia un modelo de justicia más inclusivo. Este ha sido un proceso que inició hace ya algunos años con el cambio ideológico de una justicia- poder, que estaba en función de sí misma, a una justicia-servicio que está en función de la persona. Ese enfoque dentro del contexto de un estado social de derecho como el nuestro, nos obliga a trabajar todos los indicadores de una justicia democrática, como son el acceso de todas las personas, en especial de aquellas en condición de vulnerabilidad, como las mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adulto mayor, niñez etc. En ese campo hemos suscrito un compromiso a nivel de los países iberoamericanos de respetar una serie de reglas que nos obligan a adaptar nuestro servicio para tomar en cuenta las especiales características y necesidades de estas poblaciones. Esas reglas se han denominado Reglas de Brasilia y son ahora uno de los ejes más relevantes que trabaja el Poder Judicial en la actualidad. He mencionado hasta aquí, cuatro de las grandes áreas que trabaja actualmente el Poder Judicial costarricense: la oralidad, la participación de la sociedad civil en la justicia, el modelo de gestión de calidad en la justicia (GICA) y el mejoramiento de los niveles de acceso a la justicia de las poblaciones en especial riesgo de vulnerabilidad (Reglas de Brasilia). Nos hemos fijado también como meta este año, promover las políticas de cero papel y expediente electrónico y esperamos que junto con la oralidad, nos den resultados no sólo en la reducción de la duración de los procesos, sino también en una justicia menos costosa y amigable con el ambiente. El año que viene no va a ser fácil. Como ya mencioné, el país vive una gran dosis de conflicto en muchas áreas y gran parte de ese conflicto termina judicializado y a nivel político debemos competir con muchas otras áreas donde el país también requiere recursos urgentemente como son el sector salud, educación y seguridad, pero esperamos que las autoridades políticas sepan no sólo valorar nuestros esfuerzos que son además ejemplo en América Latina, sino que valoren que mientras el peso del conflicto social recaiga sobre nuestras espaldas, es absolutamente indispensable fortalecer la justicia costarricense, en cada uno de sus sectores como último bastión que sostiene actualmente nuestra institucionalidad, en la actualidad, debilitada por los factores mencionados. No hacerlo sería un error histórico que pasaría una factura difícil de revertir para una democracia que en estos momentos exhibe fracturas importantes. (Experiencia con un Ministro de Hacienda) Aprovecho que está aquí presente el señor Ministro de Justicia y Paz para agradecerle el apoyo y solidaridad con la Institución y para solicitarle su apoyo en esta nueva administración; se que él es uno de los nuestros, pues su paso por el Poder Judicial lo debe haber marcado, por ello se que será un gran aliado nuestro para lograr un presupuesto más digno para la justicia y el impulso necesario a las reformas legales de nuestro interés. Los esfuerzos que he mencionado por fortalecer y extender la oralidad, el acceso a la justicia, la participación de la sociedad civil y calidad y otros como los de transparencia y fortalecimiento de los valores y la ética, son parte de nuestra intención de procurar una justicia más democrática e inclusiva, que esté en función del ser humano que es a fin de cuentas la razón de ser del Estado. Luego de 184 años de formal instalación del Poder Judicial, no es sino hace apenas unas décadas que dejamos un modelo de justicia cerrado, que existía en función de sí misma, poco transparente y accesible, para procurar construir un modelo de justicia democrático que incorpore los principios y valores recogidos en nuestro texto constitucional, que nuestro constituyente estableció como principios rectores de una justicia democrática y que hasta hace poco estaban poco desarrollados, al menos en su enfoque integral. En este esfuerzo, el país tiene el lujo de contar no sólo con la dedicación y mística de todos ustedes en cada uno de sus trabajos, sino también con el liderazgo de mis compañeras y compañeros magistrados, que aparte de ser cada uno en su función jurisdiccional, algunos de los profesionales y mentes más brillantes del país, tienen en su función política, la virtud de ser un grupo comprometido con la construcción de una política judicial democrática, y es a ellos a los que el país debe agradecerles el gran cambio que se está gestando en la administración de justicia costarricense. Es cierto que ese cambio está en sus etapas iniciales, pero ya sus bases esenciales están sentadas y sobre ella se ha de apoyar la justicia de los años por venir. A varios de ellos que están aquí presentes, como también al señor Fiscal General, el Director del Organismo de Investigación Judicial y la Jefe de la Defensa Pública que nos honran con su presencia hoy, quiero aprovechar esta ocasión para resaltar su labor y agradecer su liderazgo y sacrificio, como parte de las buenas cosas que esta Institución puede exhibirle con orgullo a los costarricenses. Todo lo dicho es bueno, pero me falta hacer referencia a una política que desde hace varios años venimos fortaleciendo, se trata de la promoción de los valores en la justicia. De nada nos sirve una justicia eficiente si no cumple con los valores que sustentan nuestro sistema de vida. La justicia debe ser eficaz y eficiente, pero también confiable, para ello debe ser transparente y dejar ver que sus componentes son personas sanas, dedicadas, capacitadas, honradas, responsables, fieles guardianes de los valores que nutren nuestra sociedad. Mi reconocimiento a la Comisión Nacional de Valores del Poder Judicial y sus diferentes filiales a todo lo ancho y largo del país, quienes trabajan tesoneramente por expandir debidamente el conocimiento de los valores de la patria, los que debemos cumplir como personas y los que estamos obligados a respectar como servidores públicos. Para finalizar deseo aprovechar este acto para rendirle tributo a aquellos servidores y funcionarios que este año han puesto mística y esfuerzo en procura de una excelencia de servicio, al punto de dar su vida por la causa de la justicia. La patria les está en deuda. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
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