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Marvin Carvajal Pérez
Director de la Escuela Judicial |
En una sociedad que crece día a día en tamaño y complejidad, los desafíos del sistema judicial para servir como garante de los derechos e intereses de las personas y como motor del desarrollo nacional, son siempre mayores. Al iniciar la segunda década del siglo XXI, la justicia conserva sus deberes tradicionales de proteger la vida, la propiedad y la seguridad de las personas. No obstante, a estos se suman otros, surgidos a partir de la sociedad de la información, la globalización, la transformación de la familia, solo por mencionar algunos.
Actualmente, resulta inaudito que la delicada función de impartir justicia sea encomendada a personas que, en el mejor de los casos, son poseedoras de conocimientos generales en el campo del derecho, pero que carecen de preparación especializada en cuanto al ejercicio de la Judicatura. El actual sistema de acceso a la Carrera Judicial puso fin a la arbitrariedad propia del anterior modelo; ahora se recluta a las personas con base en pruebas orales y mediante un complejo sistema de calificación de atestados.
La reforma, aunque revolucionaria en su momento, careció de dos elementos esenciales en todo sistema de acceso a la Judicatura. Por un lado, no cerró el acceso escalonado a la Carrera Judicial, es decir, le permite a una persona acceder a todos los diferentes niveles de juez o jueza, dejando de lado la importancia de haber adquirido experiencia en los anteriores peldaños del sistema. Se puede ser integrante de los tribunales de apelaciones o, incluso, de las salas de casación, sin antes haber ocupado cualquier otro cargo jurisdiccional. Por otro lado, no se estableció un mecanismo de formación inicial que garantizara a las nuevas juezas y los nuevos jueces la adquisición y el fortalecimiento de las competencias profesionales propias de la función.
Por años, la Corte Suprema de Justicia y otras instancias del Poder Judicial, así como sectores de la academia, el foro nacional e, incluso, los medios de comunicación, han coincidido en la necesidad de generar los cambios necesarios para el adecuado acceso a la Carrera Judicial, de modo que se asegure, a través de una adecuada selección y formación, que las personas usuarias, razón última del sistema, reciban un servicio público de calidad, ágil, eficaz, accesible, y enteramente comprometido con el Estado social y democrático de derecho.
Pese a la existencia de ese consenso, en sus casi treinta años de funcionamiento, la Escuela Judicial se ha dedicado, básicamente, a la formación continua de juezas y jueces, es decir, a la capacitación para las diversas áreas del desempeño jurisdiccional, mediante programas de especialización y actualización. En todos estos años, nuestros órganos de decisión política no han actualizado el marco normativo de la Carrera Judicial, de modo que se suplan las deficiencias originales del sistema.
A partir de las normas vigentes, la Escuela Judicial y el Consejo de la Judicatura han puesto en marcha, como un plan piloto, el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), destinado a conformar las listas de elegibles para el puesto de juez y jueza 1 genérico, y así demostrar a las autoridades competentes que el mejoramiento cualitativo y definitivo de la justicia, en Costa Rica, requiere de un proceso de selección verdaderamente objetivo y desarrollado científicamente, así como una etapa de formación previa al desempeño de la función jurisdiccional.
Este plan ha implicado un replanteamiento completo en cuanto a la forma como se evalúa a las personas que aspiran a la Judicatura, lo que incluye la selección y conformación de los tribunales evaluadores a partir de determinados perfiles, su capacitación en el uso de herramientas evaluativas modernas y el ofrecimiento de asesoría especializada durante su función, mejorar los temarios y bibliografías de los concursos, así como diseñar pruebas más confiables y transparentes.
Asimismo, la Escuela Judicial ha diseñado un plan de formación basado en el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores propios de la Judicatura. Con ello no se pretende suplir las deficiencias de la educación universitaria, sino ofrecer una formación especializada, la cual hoy día no se ofrece en ninguna universidad. En este sentido, para determinar qué aspectos debía abarcar la formación inicial, se efectuó un amplio diagnóstico, en el cual se estudiaron a fondo diversas fuentes de información, tales como trabajos bibliográficos, estudios relativos a la calidad de la justicia, planes de estudio universitarios y de otras escuelas judiciales, entrevistas a informantes claves de varios sectores, entre otros.
De esta manera se logra el diseño del FIAJ, el cual consta de un año a tiempo completo. Seis meses que se dedican a recibir módulos y talleres presenciales, en temas tan relevantes como la gestión del talento humano, razonamiento jurídico, tutela de los derechos fundamentales, dirección de audiencias, soluciones alternas, toma de decisiones, ética en la función judicial, entre otros. En total, son 1.296 horas dedicadas al estudio, donde se da gran preponderancia al método de resolución de casos, de forma práctica.
El segundo semestre del FIAJ estará dedicado a una Práctica Tutelada en diferentes despachos jurisdiccionales. Tres meses en despachos mixtos dirigidos por jueces y juezas 1, dos meses en oficinas del mismo rango, pero especializadas por la materia y tres semanas en juzgados que conocen, en alzada, las resoluciones de las juezas y los jueces 1. Además, durante todo este tiempo, la persona aspirante realizará visitas didácticas cortas a instituciones con las cuales deberá interactuar al ejercer la Judicatura. Finalmente, cada persona ha de presentar un proyecto de graduación.
A lo largo del año de duración del FIAJ, la persona aspirante recibirá un subsidio mensual de 500.000 colones, recibirá la formación en forma gratuita, así como los materiales necesarios para su proceso de enseñanza-aprendizaje, y empleará, en general, las instalaciones y recursos con que cuenta la Escuela Judicial. En contrapartida, la persona deberá suscribir un contrato de formación, en el cual se compromete a cumplir con todas las obligaciones del FIAJ, y en caso de no aprobar el programa, a regresar el monto de los subsidios entregados, con sus intereses, así como el valor proporcional del programa en sí.
Con el FIAJ, la Escuela Judicial apuesta a un mejoramiento radical y de largo plazo, en la calidad de la administración de la justicia en Costa Rica. En estrecha relación con diversos proyectos institucionales, como el de Gestión Integral de la Calidad (GICA), aplicación de las 100 Reglas de Brasilia, Política Institucional de Género, entre otros, busca impactar decisivamente en el servicio público que el Poder Judicial está llamado a ofrecer.
Esperamos que la experiencia que se está llevando a cabo haga que la Asamblea Legislativa genere cambios permanentes y significativos en la forma de ingreso y ascenso a la Carrera Judicial, que incluyan la formación inicial. Se trata de una pequeña inversión destinada a mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad del país, la seguridad de las inversiones, en fin, de todos aquellos valores intrínsecos al ejercicio de una justicia democrática y de calidad. |