Los participantes profundizaron en temas como la protección procesal y extra procesal, la toma de una postura según las directrices institucionales, así como la experiencia de la protección extra procesal en materia penal juvenil.

Promover espacios de actualización para el personal auxiliares de la Defensa Pública, en temas de interés y que tienen que ver con legislación de reciente aprobación en el país, es parte de los aspectos que contempló la capacitación sobre la Ley de Protección de víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal que recibieron los asistentes judiciales de la Defensa.
El curso estuvo a cargo del defensor público, Tomás Poblador Ramírez y se impartió en el Aula Académica del Edificio de la Defensa en San José de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
De esta manera, se profundizó en la protección procesal y extra procesal, en la toma de una postura según las directrices institucionales, así como la experiencia de la protección extra procesal en materia penal juvenil.
En cada tema se abrió un espacio de preguntas y respuestas, con el fin de aclarar cada uno de ellos y profundizar en la discusión de aspectos específicos sobre el taller.
Durante la sesión de la mañana, se desarrollaron los temas referentes a aspectos sobre la protección de testigos, según lo que estipula la Ley 8720, así como sus antecedentes y el proceso legislativo que finalizó con la aprobación de dicha legislación.
Es así como Poblador Ramírez señaló que uno de los aspectos que caracterizaron la creación y vigencia de esta ley fue el movimiento de populismo punitivo que se comenzó a gestar en el país, ante el surgimiento de diversos grupos sociales organizados que claman por reivindicar los derechos de las víctimas de delitos, aunado a la creciente difusión en medios de comunicación de hechos violentos de manera permanente.
Sobre este aspecto, como referencia resaltó el primer lugar que ocupa Costa Rica a nivel de América Latina en percepción de inseguridad y el cuarto lugar en los índices de criminalidad en homicidios.
La intención de aprobar una ley para el fortalecimiento de seguridad ciudadana, inició con la creación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana en la Asamblea Legislativa, donde se discutió dicho proyecto que integraba la ley de protección de víctimas y testigos, contra el crimen organizado, el aumento y creación de tipos penales y una nueva ley de armas.
Para el facilitador del curso, uno de los proyectos que podría tener un efecto preventivo para el país nunca se concretó como lo fue la nueva propuesta en materia de armas, pues incorporaba reducir el calibre permitido, endurecer los requisitos para acceder a éstas y el incremento de los cánones que se cobraban con el fin de invertirlos en publicidad relacionada con la prevención de la violencia y el uso correcto de las armas.
Así solo se logró la aprobación de la Ley de Protección de Víctimas y Testigos y las reformas al código Procesal y el aumento y creación de tipos penales.