“Me desenamoré y me empecé a sentir más como una cosa que como un
profesional valorado dentro de la institución”, dijo la psiquiatra Rocío Arce.
(Foto: Katya Alvarado)
“El Poder Judicial se debilita todos los días”
Por Vinicio Chacón | vinicio.chacon@ucr.ac.cr
17 enero, 2024
Testimonios de profesionales especialistas que han
presentado su renuncia revelan un panorama lúgubre.
Las implicaciones de
la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, sumado a una desproporcionada reforma al sistema de pensiones, son
factores que junto a las escasas oportunidades de capacitación generan una
desbandada de personas funcionarias del Poder Judicial, que más temprano que
tarde incide en atraso de procesos y menoscabo de la calidad del servicio.
Así lo hicieron ver
dos profesionales, ambos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que presentaron
su renuncia recientemente.
El primer caso es el
del odontólogo forense José Manuel Fernández, cuya carta de renuncia fue
ampliamente divulgada la semana pasada y en ella denunció situaciones como un
salario bajo, nulas posibilidades de capacitarse, sobrecarga de trabajo y
expresó preocupación por “ver cómo el Poder Judicial se debilita todos los
días, pero esto no afecta solo a la institución como tal, esto afecta el
ejercicio de la justicia en Costa Rica”.
Consultado por
UNIVERSIDAD, dijo que tras la divulgación de su renuncia se le informó que más
bien se quedó corto en la lista de de 23
profesionales en medicina forense y 12 en psiquiatría que citó, pero subrayó
que además que han renunciado, a parte del personal de ciencias forenses,
investigadores, fiscales, jueces, “esto está afectando a todo el Poder
Judicial”.
El odontólogo forense Juan Manuel
Fernández apuntó que “cada día se siente peor el ambiente, cada día hay más
restricciones y cada día hay más cosas que lo impulsan a uno solo a querer
irse”. (Foto: cortesía de Juan Manuel Fernández)
Las causas son
varias, pero claras. Fernández apuntó que dejara de ser atractivo trabajar para
ese poder de la república, “desde la ley que congeló los salarios, que congela
absolutamente todo, la Ley Marco de Empleo Público”, hasta “la reforma a
la pensión del Poder Judicial, hay mucha gente que queda atrapada con esta
ley”.
En efecto, en 2018 se
aprobó la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, la cual entre
otras cosas dispuso que las personas trabajadoras pasaron de poder jubilarse a
los 60 años de edad o 30 de servicio, a tener que hacerlo a los 65 años de edad
y 35 de servicio.
“Es como que usted le
cambie el préstamo de su casa a 30 años y que le digan que no le vamos a subir
la cuota o se la vamos a sostener, pero va a ser a 50 años”, acotó.
“Esto ha empezado a
generar un agotamiento mental en la gente, una desmotivación, gente con más de
30 años de servicio que decidió renunciar y gente valiosísima, desde la Unidad
Canina, fiscales, médicos forenses, que se han ido y que se van a seguir yendo”,
añadió.
Informó que el
fenómeno alcanza no solo a quienes tienen muchos años de trabajar en esa
institución, “hay residentes recién graduados, que terminaron presentaron la
tesis y dos días después ya estaban renunciando. Eso no es normal”.
Fernández también se
refirió a las desigualdades que existen, “desafortunadamente en el Poder
Judicial sólo tienen derecho a ganar los que están en cargos muy altos y hay
gente que está en cargos muy altos que ni siquiera tiene la preparación
académica comparada con la que tiene los médicos forenses, con la cantidad de
años de universidad, porque la mayoría tenemos especialidades varias y
maestrías”.
“La desmotivación es
porque en realidad todos estamos tan conscientes de que la cosa no va a
mejorar, que cada día se siente peor el ambiente, cada día hay más
restricciones y cada día hay más cosas que lo impulsan a uno solo a querer
irse”, lamentó.
Desilusión
Rocío Arce es
psiquiatra forense quien renunció en noviembre pasado tras haber dado sus
primeros pasos en el Poder Judicial desde 2018, cuando debió hacer el servicio
social para graduarse y la institución requería de ese tipo de profesionales,
pues varios psiquiatras habían renunciado pues no se les reconocía derechos
como vacaciones profilácticas u horas extra.
Aunque la formación
que recibió fue de psiquiatra clínica, le apasionó el trabajo forense de
determinar, entre otras cosas, si las personas están en capacidad de enfrentar
un juicio y eventualmente cursó una maestría en Criminología para estar mejor
capacitada.
A partir de febrero
de 2019 fungió como funcionaria judicial, “yo ya sabía las condiciones
salariales, de hecho para el momento en el que yo entré los psiquiatras de ahí
eran los psiquiatras con el menor sueldo del país”, pero el hecho de que se
pagara entre 60% y 65% de más por prohibición “redondeaba bastante bien”, pero
luego la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas bajó esos porcentajes,
“a mí lo que me correspondía era un 20%”.
Con ello, Arce
comenzó a describir la primera de tres causas de su salida. Pues además de los
efectos de la draconiana reforma fiscal de Carlos Alvarado se sumó los efectos
de la drástica Ley de Empleo Público de Carlos Alvarado, y la imposición del
llamado salario global.
“Mi salario actual no
era alto, pero me daba para vivir bien. Sin embargo, no me proyectaba dentro de
10 o 12 años ganando lo mismo. Llega a ser muy frustrante ver que uno tiene una
licenciatura de una buena universidad, un posgrado de una buena universidad,
dos maestrías y saber que el salario va a ser el mismo por años de años de
años”, manifestó.
A ello se sumó que
logró una oportunidad valiosa para formarse en su especialidad en la
Universidad Complutense de Madrid. Llegó a la última ronda de personas
seleccionables para los escaso campos reservados para América Latina, pero la
institución no solo cerró las puertas a cualquier apoyo económico, sino que se
le dijo que tenía que usar el tiempo de sus propias vacaciones, incluso
profilácticas, para acudir dos semanas al año a actividades presenciales en
España.
“Ese momento sí fue
duro, porque yo dije de verdad que aquí somos nada más un peón más, que esto es
una maquila que saca dictámenes y que al final la calidad no importa tanto,
tener gente formada no importa tanto. Ahí me desenamoré y me empecé a sentir más
como una cosa que como un profesional valorado dentro de la institución”,
expresó.
Finalmente, describe
un ambiente laboral problemático, donde empezó a conocer que se daban
“presiones” para que los dictámenes de ciertos casos salieran más rápido. Ello,
sumado a la negativa institucional de permitir el teletrabajo terminaron de
cansarle.
“Finalmente puse la
renuncia, 15 días de preaviso para tratar de sacar todos los casos que pude y
me fui muy desilusionada del sistema y muy triste, porque es realmente algo que
me apasiona”.