Las condiciones adversas creadas por las leyes de Empleo Público y Fortale - cimiento de las Finanzas Públicas ex - pulsan al
personal valioso del Poder Judicial, en momentos en que el Ejecu-
tivo no sabe cómo enfrentar la crisis de seguridad.
(Foto: Katya Alvarado)
Renuncia de personal especializado socava seriamente al Poder Judicial
Por Vinicio Chacón | vinicio.chacon@ucr.ac.cr
17 enero, 2024
Adversas condiciones salariales, agravadas por la
Ley de Empleo Público y la reforma fiscal de 2018, han incidido en que, desde
entonces, más de 800 personas han dejado la institución, incluido valioso
personal del OIJ.
La reciente batahola
generada por la renuncia de un odontólogo forense al Departamento de Medicina
Legal constituyó la más reciente muestra de un problema que no es nuevo pero sí
creciente en el Poder Judicial: la fuga de personal especializado, altamente
calificado.
Se trata de un
fenómeno causado por la Ley Marco de Empleo Público (No. 10159), la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635) y la reforma al Régimen de
Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Entre 2018 —cuando se
aprobó la Ley 9635 y la reforma a las pensiones— y 2023 se registró un total de
834 renuncias, según datos de la Dirección de Gestión Humana del Poder
Judicial. Se trata de personas investigadoras, fiscales, jueces y profesionales
con pericia en áreas científicas de trabajo como el odontólogo Juan Manuel
Fernández o la psiquiatra forense Rocío Arce. (Ver nota aparte)
De hecho, hace poco
menos de un año, este Semanario reveló cómo entre 2020 y 2022 las renuncias en
este poder de la república habían aumentado un 132%.
“Lo que está
sucediendo es alarmante”, expresó mediante un comunicado Francisco Eiter Cruz Marchena, presidente del Colegio de Abogados y
Abogadas.
Cruz instó al Poder
Ejecutivo y al Poder Legislativo a que “atiendan con urgencia el tema de
brindarle las herramientas necesarias para que el Poder Judicial resuelva esta
crisis de funcionarios y funcionarias de todas las áreas institucionales”, ante
la realidad de que Costa Rica “vive en estos momentos indicadores de crímenes y
violencia nunca antes vistos”.
El representante
gremial recordó que muchas personas trabajadoras del Poder Judicial han
descrito sus condiciones de trabajo como “inaceptables” y añadió el “dato
alarmante” de que, entre 2021 y 2023, oficialmente renunciaron 151 jueces y
juezas, 199 personas del OIJ, 76 personas funcionarias de Dirección y
Administración, 62 del Ministerio Público y 28 personas de la Defensa Pública.
Ello se ha debido
“principalmente a recortes presupuestarios, reducciones salariales por debajo
de lo que indica el Servicio Civil; debilitamiento de su régimen de pensiones,
ausencia de formación y educación exclusiva, devaluación de la experiencia, sumándole
a esto la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público”.
En efecto, esas
condiciones adversas que describió Cruz devienen de la entrada en vigencia de
esa Ley que implica entre otras cosas congelamiento salarial para muchas
personas; pero también de la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas y su
draconiana regla fiscal, así como de la reforma al Régimen de Pensiones y
Jubilaciones del Poder Judicial, que aumentó al mismo tiempo la cantidad de
años servidos y la edad para jubilarse.
Justa retribución
“El problema número
uno es de ingresos”, expresó sin tapujos Jorge Cartín, secretario general del
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud).
Explicó al respecto
que “estamos viviendo una situación de congelamiento salarial importante”, que
se suma a que “ha habido un desfase desde el 2010” en los estudios de mercado
necesarios que se supone se debe hacer periódicamente para determinar si los salarios
de la institución son competitivos.
Cartín recordó que
han sido tres los factores que han incidido en el congelamiento salarial.
Primero, la incidencia de la regla fiscal contenida en la Ley 9635. “Después
vino una ley temporal durante la pandemia, que congeló los aumentos salariales
correspondientes al 2021 y 2022, los trabajadores judiciales hicieron un esfuerzo
de más de ₡5.000 millones”, apuntó.
Finalmente, la Ley
10159 estableció “unas escalas salariales que, dependiendo del escalafón donde
se ubique el profesional, puede ser que no tenga aumentos salariales por un
periodo importante”. Esa Ley de Empleo Público estableció la diferencia entre
el salario compuesto (base más complementos), y el salario global, que elimina
muchos de esos complementos pero la base es más alta, y dispuso que los
salarios compuestos que sean más altos a los globales para el mismo puesto
deberán congelarse hasta que el nuevo los alcance.
Respecto al desfase
salarial, Cartín indicó que en base a un criterio de la Procuraduría General de
la República (PGR) el Sitrajud planteó una gestión de
actualización de esa política salarial y que incluso la Dirección de Gestión
Humana del Poder Judicial les dio la razón, pero responsabilizó a los
magistrados y magistradas de Corte Plena porque no se ha visto el tema, “me
parece que no hay un interés real de los señores y señores de Corte Plena de
poder ver este asunto”.
“Ya el paciente está
más que diagnosticado, ya tiene los motivos y las razones porque hemos venido
insistiendo año con año en esta situación desde el 2017, lo que hace falta es
tomar acciones concretas”.
Otro aspecto señalado
por Cartín fue la “completa deshumanización de la relación
patrono-jefaturas-trabajadores”, y mencionó el ejemplo de una persona en que el
Sindicato debió intervenir para que se le diera un permiso con goce de salario,
para acompañar a un familiar, persona mayor, a recibir tratamiento de
quimioterapia.
Respuesta de la Corte
La gravedad del tema
no pasó desapercibida por los magistrados y magistradas quienes vieron el tema
en la sesión de Corte Plena del pasado lunes, en la que se acordó encargar a su
Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público un informe
sobre la política salarial de la institución y la situación de las personas
funcionarias e idear acciones y estrategias para afrontar la fuga de cerebros,
según se comunicó.
En esa Comisión se
integrará se integrará por disposición de la Corte la magistrada Roxana Chacón,
de la Sala Segunda, quien hizo en ese momento la propuesta de revisar la
política salarial.
Durante la sesión de
Corte Plena, la magistrada Patricia Vargas afirmó que la renuncia del
odontólogo Fernández refleja “un descontento generalizado” de la población
judicial, debido a que las condiciones laborales “son cada vez más complicadas,
producto de las reformas que se han operado en materias jubilaciones y
pensiones y por supuesto las restricciones que en términos económicos han
supuesto la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de fortalecimiento de las
finanzas públicas”.
Por otra parte,
Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, o Sala III, manifestó
que en materia de seguridad “de nada sirve que venga nueva legislación, si
nosotros no tenemos el talento humano para poder abordar todos los temas que
están siendo sometidos a nuestro conocimiento”.
Presidente de Corte:
renuncias se deben a leyes
Consultado por UNIVERSIDAD, el
magistrado presidente de la Corte, Orlando Aguirre, en primer lugar dijo que se
ha insistido en que el Poder Judicial debe contar con “las mejores personas
profesionales y técnicas, en buenas condiciones laborales”, para garantizar una
administración de justicia eficiente, que “responda oportunamente a las
necesidades del país”.
Sin embargo, coincidió en señalar que
“las remuneraciones y las expectativas de jubilación del funcionariado se han
visto directamente afectadas por leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas
por el Legislativo, como Fortalecimientos a las Finanzas Públicas o Empleo
Público, lo que ha desembocado en más de 800 renuncias en los últimos cinco
años”.
Reconoció que ello presenta el desafío
de que quienes sustituyan a las personas que han renunciado “deberán atravesar
una curva de aprendizaje y recibir capacitación, lo que significa, para la
institución, inversión en tiempo y recurso económico”.
Agurre aseguró que el
asunto es prioritario, citó la mencionada tarea asignada a la Comisión para la
implementación de la Ley Marco de Empleo Público, cuyo informe debería ser
presentado en un mes, “pero debido a su complejidad es posible que se amplíe. A
partir de ese diagnóstico podremos conocer cuál es nuestro margen de acción y
las posibilidades reales que tenemos”.
Anunció que “en las próximas semanas”,
se presentará ante Corte Plena una propuesta de “Política Integral de Bienestar
y Salud Laboral del Poder Judicial”, al tiempo que destacó que, a pesar de
todo, se ha logrado reducir el rezago judicial en distintas jurisdicciones.
“Cierro recalcando la importancia para
Costa Rica, para la democracia, la institucionalidad y la seguridad nacional,
de un Poder Judicial fuerte y sólido, con los recursos económicos necesarios y
el mejor personal profesional y técnico en sus filas”, apuntó Aguirre.