Magistrado Orlando Aguirre Gómez Presidente Corte Suprema de Justicia

Cuando realizamos conmemoraciones, buscamos concientizar, captar la atención y diseminar información sobre temas relevantes para la sociedad. Normalmente se trata de fechas fijas en el calendario que nos recuerdan la importancia de algún evento del pasado.

Sin embargo, las conmemoraciones relacionadas con asuntos de género adquieren un matiz distinto. En el caso de estas, la reflexión impulsa a la acción; y la sensibilización se transforma en un poderoso llamado a la movilización de voluntades, especialmente cuando se trata de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Esto es así porque constituye un fenómeno masivo y omnipresente, que trasciende barreras geográficas, educativas, socioeconómicas y etarias. Está en nuestras comunidades, y no solo afecta a personas que podríamos conocer, sino a todo el conjunto social, representando un obstáculo monumental para la realización plena de la democracia y el desarrollo humano de la colectividad.

Conmemorar nuestra voluntad y los esfuerzos globales para eliminar la Violencia contra las Mujeres y niñas sigue siendo un acto transgresor, en el que rompemos el silencio y la inacción que a menudo rodean estos hechos de violencia en el mundo. Esta conmemoración siempre será un llamado urgente a comprometernos más con el noble objetivo de asegurar para todas el derecho a vivir sin agresiones, sin amenazas y sin insultos.

El tamaño y la intensidad de nuestro esfuerzo debe ser equiparable a la multidimensionalidad y transversalidad de este fenómeno, que se expresa en la economía y el patrimonio personal de las mujeres, en su salud obstétrica y mental, en el acoso callejero y digital, en las lesiones físicas, privaciones de libertad y en el femicidio.

Recientes discusiones han destacado un aspecto crucial de la violencia contra las mujeres: la trata de personas. Este flagelo, que se alimenta de vulnerabilidades económicas, sociales y políticas, afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas en todo el mundo, sometiéndolas a trabajo forzado y explotación sexual, crímenes escandalosamente silenciosos, ligados a estructuras de poder y opresión transnacional.

En este sentido, el Poder Judicial en su conjunto tiene la obligación de ser eficaz en la aplicación de la justicia para las víctimas de estos crímenes, proactivos en la prevención y sensibilización, y contundentes en la aplicación de la ley.

Para abordar efectivamente la violencia contra las mujeres, debemos reconocer que no se reducirá hasta que no disminuyan los índices de violencia generalizada. Esto demanda un enfoque integral que incluya seguridad, justicia, educación, salud, y estrategias contra la pobreza y la desigualdad. Nuestros esfuerzos deben incluir transformaciones institucionales, presupuestos adecuados, estrategias de prevención, protocolos de actuación y un diálogo constante con la sociedad civil y los familiares de las víctimas.

Involucrar al tejido social en la protección de las mujeres en situaciones de violencia es decisivo. Reforzar las campañas de información y concientización es esencial para que la sociedad actúe como un salvavidas para aquellas mujeres que, atrapadas por la desinformación, amenazas y manipulaciones psicológicas, no saben o no pueden pedir ayuda.

Debemos también trabajar hombro a hombro con nuestras comunidades, con organizaciones nacionales e internacionales, y con toda la ciudadanía, para construir una sociedad más justa e igualitaria, en la que honremos el mandato de no dejar a nadie atrás.

Como personas administradoras de justicia, tenemos el deber irrenunciable de asegurar el derecho fundamental de toda mujer a vivir libre de agresiones, amenazas, insultos y acosos. Esto implica no solo erradicar las formas más dramáticas y evidentes de violencia, sino también aquellas expresiones más sutiles y a menudo inadvertidas que limitan los derechos económicos y humanos de las mujeres de todas las edades.

La educación y capacitación de nuestro personal judicial en estas materias es esencial. Debemos asegurarnos de que cada persona funcionaria comprenda no solo las leyes y los procedimientos, sino también el profundo impacto humano y social de su labor. Cada decisión que tomamos, cada fallo que emitamos tiene el potencial de cambiar vidas y de enviar un mensaje claro: que la violencia de género no tiene cabida en nuestra sociedad.

Nuestro compromiso es firme: si una mujer es víctima de violencia, utilizaremos todas las herramientas del Estado para protegerla, apoyarla y asegurar que los responsables enfrenten la justicia.

Reiteramos el compromiso a no dejarlas solas y a difundir el conocimiento sobre este tipo de violencia en aras del fortalecimiento de políticas públicas y leyes dirigidas a su erradicación. En este ámbito ha sido notoria la contribución de la Comisión de Género y la Secretaría de Género que actualmente coordina la magistrada Chacón Artavia.

Anhelamos un futuro en el que los días conmemorativos como hoy no sean necesarios. Pero hasta entonces, seguiremos luchando incansablemente para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Agradezco profundamente su atención y su firme compromiso con esta causa universal.

Muchas gracias.