Lunes 31 de Agosto de 2009
Opinión
Resolver la ecuación del riesgo
Edición 733
Francisco Dall’Anese
El indicador más elemental de seguridad ciudadana es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que aumentó de 8,2, en 2007, a 11,2 en 2008; un crecimiento del 37%.
Estos datos permiten afirmar que Costa Rica tiene menor inseguridad que otros países, pero no descartan la curva ascendente que nos afecta de modo negativo.
Resulta innegable el aumento de la inseguridad ciudadana, de donde se impone diseñar y ejecutar una política de prevención criminal de largo plazo, así como una política de seguridad de corto plazo.
La primera debe incorporar temas de inversión social, oportunidades de ascenso social, creación de fuentes de trabajo, acceso a vivienda, educación y salud. Pero en el corto plazo, debe contarse con sistemas que permitan a la policía anticipar y frustrar la comisión de delitos.
“Prioridad: evitar las actividades del crimen organizado; solo en segundo lugar, la represión” .
Una política de seguridad ciudadana verdadera, responderá a las necesidades reales impuestas por la criminalidad, de modo que elimine el riesgo o el peligro de sufrir delitos.
El riesgo es la suma de la causa del peligro, más la probabilidad de concreción del daño, más el costo de ese daño (R > C + P + Cd). El objetivo estratégico de una política de seguridad, debe orientarse a eliminar los elementos de la derecha de la ecuación, con lo cual desaparece el riesgo de la izquierda.
Para ello es imperativo contar con un método de identificación de riesgos en materia de seguridad, y, establecidos estos, se debe eliminar su causa, suprimir o minimizar la probabilidad de concreción del daño o asumir el costo. Sin embargo, asumir el costo del daño en materia de seguridad ciudadana resulta inaceptable en la mayoría de los casos.
Establecidos la causa y la probabilidad (¿qué combatir?), debe pasarse al cómo combatirlo. Esto último significa analizar cada peligro y decidir la utilización de los recursos disponibles –humanos, materiales y tecnológicos– para eliminarlo. Costa Rica no cuenta con forma alguna de diagnóstico de riesgos criminales. Una meta de gobierno debería apuntar a suplir esta falencia.
Amén de lo anterior, no somos conscientes del espacio urgido de seguridad. La responsabilidad del Gobierno no solo es la Costa Rica continental, sino también el espacio marino del Pacífico, gran corredor de naves rápidas clandestinas, que transportan drogas ilícitas, armas, personas, etc. Debemos resguardar una gran puerta. Al no contar con un servicio de vigilancia marina robusto, falta información y se ignora la actividad de las organizaciones criminales en el mar, lo que torna imposible determinar el riesgo en esa parte. Tampoco tenemos vigilancia en nuestra costa del Caribe.
A esta, que pareciera nuestra mayor debilidad, deben sumarse los “puntos ciegos” de las fronteras con Nicaragua y Panamá, por donde miembros de las redes criminales ingresan y salen sin control.
El crimen organizado genera criminalidad colateral: En la parte baja, por ejemplo, los homicidios y lesiones cometidos por adictos para robar celulares o bienes de escaso valor, en procura del dinero para las dosis del día. En la cúpula, la corrupción generada con los actos de legitimación de capitales, lo que repercute en desmejora de los servicios públicos, deterioro de la vida, desempleo y más criminalidad. Por eso, la prioridad debe ser evitar las actividades del crimen organizado y, solo en segundo lugar, la represión de los delitos cometidos.
En resumen: más y mejores policías, un diagnóstico de riesgo criminal, pensamiento estratégico para afrontar ese riesgo con decisiones congruentes, vigilancia costera y marítima eficaz, control de fronteras y recuperación de áreas cuasi perdidas.
Estas, en mi modesta opinión, deben ser las bases de una política de seguridad ciudadana.