Presentan proyecto de ley ante diputadas

PROPUESTA LLENARÍA VACÍO LEGAL EN PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

·        Magistradas propietarias y suplentes, letradas y Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial unieron esfuerzos.

·        Iniciativa de ley incluiría los delitos de maltrato y ofensas a la dignidad que no contengan roces de constitucionalidad.

·        Diputadas de diversas fracciones legislativas comprometidas en darle un trámite expedito.

Otorgarle a las mujeres de Costa Rica, que son víctimas de violencia,  herramientas efectivas para el acceso a la justicia, a través de la tipificación de dos delitos que no rocen la Constitución Política, en temas como el maltratado y la violencia emocional, es lo que encierra la propuesta de ley

que presentaron las magistradas propietarias y suplentes, letradas y representantes de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial el pasado 27 de julio ante la Asamblea Legislativa.
El proyecto nace ante la necesidad de impulsar acciones conjuntas entre Poderes de la República y funcionarias que ocupen cargos públicos de decisión, con el fin de garantizar a las víctimas de violencia doméstica mecanismos legales ante la derogatoria de los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, por resolución de la

En la mesa principal participaron la diputada socialcristiana, Ana Helena Chacón; la magistrada coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, Zarella Villanueva; la vicepresidenta del Congreso, Maureen Ballestero; Hilda González, Presidenta de la comisión legislativa sobre la mujer y Grettel Ortiz, diputada del PAC.

Sala Constitucional.
“La idea con esta propuesta es hacer que se haga efectivo el derecho al acceso a la justicia de las mujeres de este país, porque el Poder Judicial en el fenómeno de la violencia doméstica cumple una función en materia penal, que no es la solución del problema, pero es una solución importante y la derogatoria de dos delitos como fue el maltrato y el maltrato emocional, ha implicado, que se disminuya el  80% de las denuncias, lo que ha impedido que los problemas de las mujeres se conocieran  en los tribunales de manera más clara y específica.  Tratamos de llenar este vacío para hacer posible la finalidad de la ley, que es tipificar el irrespeto a los derechos humanos de las mujeres”, manifestó la magistrada de la Sala Segunda y coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, Zarella Villanueva.
Es así como la iniciativa incorpora los delitos de maltrato y ofensas a la dignidad, en cuya redacción se procuró salvar de roces de inconstitucionalidad, respetando el sentido original y la finalidad con las que se promulgaron las normas anuladas.

El nuevo artículo 22 tipifica el delito de maltrato y establece que “el que por cualquier medio golpeare o maltratare físicamente a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, sin que incapacite o le produzca una incapacidad menor a 5 días para sus ocupaciones habituales se le impondrá pena de prisión de tres meses a un 

Magistradas y legisladores asistieron a la presentación del proyecto el pasado 27 de julio en la Asamblea Legislativa.

año".

La pena se aumentaría de seis meses a dos años de cárcel contra quien cause daño en el cuerpo o la salud de una mujer y que le produzca una incapacidad para sus ocupaciones habituales mayor de cinco días o menor a un mes.

En el caso del artículo 25, se propone el delito de Ofensas a la dignidad, que establece una sanción de prisión de dos meses a un año “al que ofenda de palabra en su dignidad o decoro, de manera pública o privada a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.  Si las ofensas son parte de una conducta sistemática destinada a denigrar o manipular el comportamiento de la mujer y no constituyen el delito de lesiones graves o gravísimas, la pena será de seis meses a dos años de prisión”. 
Según el proyecto de ley, estas penas se aplicarían aún cuando la convivencia haya cesado por la aplicación de medidas de protección.
La iniciativa se construyó bajo la coordinación de una comisión redactora conformada por la magistrada suplente y jueza penal María Elena Gómez, la letrada constitucionalista Nancy Hernández y Jeannette Arias Meza,  jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. 

Penalización en cifras

Los datos estadísticos recopilados por el Poder Judicial en materia de aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, permitieron detectar debilidades internas de aplicación, el establecimiento de acciones correctivas y la necesidad de la incorporación de los dos artículos inconstitucionales subsanados.

De acuerdo con Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género del

Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género expuso datos sobre la aplicación de la ley desde el 2007.

Poder Judicial el 80% del total de casos ingresados por violencia doméstica desde que entró en vigencia la ley de penalización, se resolvieron por desestimación.

Arias Meza indicó que desde la vigencia de la ley los delitos de maltrato y violencia emocional representaban un promedio de 39,08% y 33,72% respectivamente, del total de denuncias interpuestas en aplicación de la ley.  Sin embargo a partir del 15 de octubre con el voto de la Sala Constitucional también se registró un descenso significativo de los casos denunciados.

Mientras en el segundo y tercer trimestre del 2008 los casos rondaban los 4300, para el cuarto trimestre los datos registraron 2867 denuncias presentadas. Solo en el último trimestre del 2008, se registraron 3284 causas terminadas de las cuales el 69,67% se registraron por solicitudes de desestimación (2288 casos) y un 8% (263) por solicitud de sobreseimiento definitivo.
La legislación permitió invertir poco más de ¢2953 millones en el 2008 y ¢2814 para el 2009 en la creación y funcionamiento de 155 plazas especializadas en la implementación de la ley, así como la Comisión de Monitoreo de ley y de la implementación de mecanismo estadísticos de control de casos tramitados. Además se utilizó para la capacitación de funcionarios y funcionarias judiciales destacados en puestos relacionados con la aplicación de la normativa y la Creación de la Fiscalía Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica.

Estas acciones permitieron detectar debilidades a lo interno del Poder Judicial que impiden la efectiva utilización de la ley como lo son la especialidad en plazas asignadas al conocimiento de la materia, formularios inadecuados para la toma de denuncias, la carencia de asesoría legal a las víctimas, desconocimiento de los motivos de terminación de casos, mayoritariamente por desestimación o sobreseimientos

La actividad tuvo como objetivo contar con el apoyo de las diputadas para la tramitación de la reforma a la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer.

definitivos.

“Sin embargo ante estas situaciones hemos emprendido acciones correctivas como los son el respeto a la especialización de las plazas, la formulación por parte del Ministerio Público de un protocolo para la investigación de los delitos generados en esta materia y el establecimiento de un formulario de denuncia adecuado, mayor capacitación al persona destacado, la exclusión de estos casos de las Unidades de Trámite Rápido y de las solicitudes orales masivas de desestimación”, puntualizó Villanueva Monge.

Aunados a la directriz que emitió la Fiscalía General de la República, al momento de derogarse los artículos 22 y 25, de que los casos tramitados bajo estas normas, se pudieran configurar siguiendo lo establecido en el Código Penal.

Acciones legislativas

La propuesta de los dos nuevos artículos fue apoyada por diputadas de las diversas fracciones legislativas que asistieron a la actividad de presentación, que tuvo lugar en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.

Diputadas integrantes de la Comisión de la Condición de la Mujer estuvieron presentes y entre las primeras acciones que acordaron fue la creación de una subcomisión que se encargaría de

La jueza Marielena Gómez, co redactora de la iniciativa de ley, explicó los alcances del documento.

analizar el proyecto de ley propuesto por las autoridades judiciales, realizarse las observaciones que consideren necesarias y luego presentarlo a la corriente legislativa con las firmas de las diputadas del Congreso y los diputados que tengan en interés de incorporarse al impulso del proyecto.

La magistrada Zarella Villanueva mostró su satisfacción por la respuesta de las legisladoras y evidenció la unificación de esfuerzos que puede darse entre los Poderes de la República.

“Esto evidencia al país que las mujeres en cualquier cargo público  podemos llegar a tener una agenda común y trascender las diferencias partidarias y otras más, pues viendo un problema tan evidente, las mujeres somos las primeras llamadas a unirnos en el hogar,  en la función pública que ocupemos  para solucionar la problemática. Y este es un ejemplo de las señoras diputadas que han sido muy abiertas y se han comprometido a que esto se le  va a dar un trámite rápido haciendo las consultas que proceden”,  puntualizó Villanueva Monge.

Voces femeninas

Julia Varela Araya
Magistrada Sala Segunda

“En vista de la derogación de los artículos de la Ley de Penalización consideramos que había que retomar este tema y hacer una propuesta. Pretendemos que siempre se tengan esa tutela efectiva a las mujeres que de una u otra forma son víctimas de violencia, al grado de calificar en un tipo penal.  Consideramos que ésta es una forma de desestímulo de la violencia contra la mujer”.
 

Hilda González
Diputada PLN
Presidenta de la Comisión de la Condición de la Mujer, Asamblea Legislativa

 “Estas propuestas han sido revisadas por expertos y expertas y se cambiaron algunos verbos para que no tengan ningún problema constitucional. Vamos a hacer lo posible para que se tramite rápidamente en la Comisión de la Condición de la Mujer. Ojalá que en las sesiones extraordinarias puedan ser analizadas, votadas y llevadas al plenario”.
 

Nancy Hernández
Letrada y corredactora de propuesta

 “La propuesta revela tres cosas fundamentales, primero que a nuestra sociedad no le sobra ninguna madre, ni ninguna hija, ni esposa, ninguna mujer. Segundo que este es un tema de derechos humanos y nos debe concernir a todos. Tercero, esto demuestra que el Poder Judicial está dispuesto a salir de sus paredes de mármol para venir a construir con los demás Poderes de la República, las soluciones que necesita el ciudadano y especialmente las poblaciones más vulnerables de la sociedad como lo es la mujer”.
 

Ana Helena Chacón Echeverría
Diputada Socialcristiana 

“Con la propuesta que nos hacen hoy las señoras magistradas, de poder tener de nuevo estos dos artículos en un proyecto de ley y de nuevo tener una ley integral y que complemente el tema de violencia en contra de las mujeres nos ha parecido sumamente importante. Vamos a darle una revisada a esta propuesta que hacen las compañeras magistradas para presentar este proyecto de ley en el más corto de los plazos”.
 

María Alexandra Bogantes Rodríguez
Magistrada Suplente, Sala Segunda

 “El problema de violencia contra la mujer es un problema de salud pública, en la que todos y todas debemos estar involucrados.  Tenemos que unir esfuerzos conjuntos, en este caso la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial en pro de una reforma concreta, que venga a llenar el vacío que dejó la inconstitucionalidad que decretó la Sala Constitucional, y que venga a solucionar este flagelo que día con día lo vemos en los medios de comunicación colectiva y que es necesario que nos involucremos todos”.
 

Grettel Ortiz
Diputada PAC

 “Esta iniciativa que nace del poder judicial es una respuesta al clamor de las mujeres no solo la ciudadana sino de las mujeres que ocupamos un cargo público relevante,  en tanto que existe hoy en día un vacío jurídico en la Ley de Penalización de la Violencia contra la mujer. Vamos pedir que se convoque a sesiones extraordinarias, en el entendido de que cada una de las fracciones se compromete a darle un trámite. Estamos aquí para la lucha de los derechos humanos”.
 

Jeannette Arias
Jefa Secretaría Técnica de Género
Poder Judicial

 “Realmente hay una voluntad política de las que asistieron a la reunión y que van a comprometer a sus fracciones, primeramente a las diputadas y a cualquier diputado que quiera adherirse para presentar el proyecto.  Uno de sus principales objetivos que desarrolla la Secretaria dentro de la administración de justicia es el velar por un acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en este país”.