OIJ ESPERA RECURSOS PARA PROTECCIÓN

DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

· Cálculo presupuestario para atender el segundo semestre del 2009 alcanzaría los ¢1.559 millones.

· En próximos días publicarán oferta de empleo para contratar 100 agentes protectores.

· Realizan gestiones para contar con cooperación internacional en capacitación del personal.

Andrea Marín Mena

Periodista

“Una vez que se nos den los recursos, el Organismo de Investigación Judicial iniciaría las funciones de protección de víctimas y testigos”, afirmó el Director del OIJ, Jorge Rojas Vargas, ante la obligación que tiene dicha institución con la entrada de vigencia de la Ley de Protección de Víctimas y Testigos.

El director del OIJ, Jorge Rojas aseveró que este trabajo lo realizará esta institución de forma temporal mientras se presenta una reforma de ley ante la Asamblea Legislativa.

Aunque aseveró que este trabajo lo realizará el OIJ de forma temporal, mientras se presenta una reforma de ley ante la Asamblea Legislativa, por considerar que esta labor no debe ser competencia de un órgano creado estrictamente para la investigación y como auxiliar de los tribunales penales de la República, ya se ultiman detalles para iniciar este segundo semestre del 2009.

Rojas Vargas indicó que el presupuesto que se presentó al Poder Ejecutivo asciende a los ¢1.559 millones de colones para cubrir las funciones en los últimos seis meses del año (comprendería 50% del recurso humano y equipo que se requiere). 

Además recalcó que existe un compromiso de parte de las autoridades gubernamentales por remitir el plan de gasto extraordinario al Congreso, para que la oficina comience a funcionar en un plazo máximo de tres meses, pues los recursos con los que cuenta el OIJ están destinados para la investigación criminal y no puede desviarse para otros fines, aunado a que los agentes judiciales están contratados para la realización de investigaciones y no para protección de personas.

 “Estos recursos abarcarían la compra de 30 unidades vehiculares, la contratación de 50 de los 100 agentes que se destinarían en la unidad de protección, así como la adquisición de radios de comunicación, armas de fuego, el alquiler de un edificio cercano que albergaría las oficinas de esta unidad, así como el pago de los gastos administrativos y equipo de cómputo”, explicó Jorge Rojas.

Entre las acciones que se emprendieron para cumplir con esta ley, se realizó un estudio para la selección del personal de la unidad de agentes de protección de víctimas y testigos, el cual ya fue aprobado por la Dirección del OIJ y se remitió al Departamento de Personal del Poder Judicial para su análisis y respectiva publicación de la oferta de contratación de las 100 plazas a disposición de esta unidad.

“Este es un estudio que realizamos para contratar a estas personas, el cual es muy completo porque contiene lo que sería el perfil de los agentes de protección.  Cómo se van a evaluar sicológicamente, la capacidad intelectual,  cual va a hacer la dimensión psicopatológica, las características deseables, la dimensión  de rasgos de personalidad, la dimensión volitiva, la emocional efectiva y cognitiva, porque es muy diferente el perfil de un investigador por las funciones que tiene que asumir, frente al perfil de un agente protector”, puntualizó el Director del OIJ.

Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos de quinto año aprobado, licencia de conducir, tener una conducta intachable, pasar el examen psicológico y psicométrico, el curso de armas y el básico de protección, para el cual se gestionan acciones con países amigos para solicitarles la cooperación en el entrenamiento y capacitación de estos 100 protectores, como es el caso de Colombia, cuyo Agregado Policial ya dio la respuesta afirmativa para brindar la cooperación una vez se cuenten con los agentes seleccionados.

Sobre la formación en aspectos básico de derecho, lo asumiría el Organismo.  El tiempo de duración de esta capacitación sería de un mes aproximadamente.

El OIJ crearía una unidad nueva que tendría a cargo la protección de víctimas y testigos, la cual estaría adscrita a la Oficina de Planes y Operaciones  (OPO), que también dirige la Unidad de Protección a Funcionarios Judiciales y el SPII.

Para el próximo año, se calcula que el presupuesto que mantendría en funcionamiento este programa en un 100% rondaría los ¢2.845 millones.

“Nuestro interés es asumir este programa temporalmente dado que la ley nos obliga.  Un equipo ya trabaja en una reforma legal, que si se logra pasar, esta unidad se trasladaría a la dependencia que la Asamblea Legislativa estime, pues desde antes de  su aprobación nos opusimos a sumir esta funciones porque es claro que el Organismo es una institución creada para investigación y de auxiliar a los tribunales penales de la República y no para dar protección,  pues he creído que esa labor es de Seguridad Pública”, afirmó Jorge Rojas.

El jerarca indicó que la ley viene a saturar de funciones al OIJ, por su complejidad, de ahí que esperarán el momento político indicado para la presentación de la reforma, en momentos en que la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso está abocada en discutir y analizar la iniciativa de ley sobre crimen organizado.