LA SENDA DE LA DEMOCRACIA

Óscar Arias Sánchez

Presidente de la República

Inauguración del Año Judicial 2009

Auditorio Miguel Blanco Quirós, San José

Venimos aquí, una vez más, a reafirmar nuestra fe en el credo democrático, a demostrar nuestra adhesión a los principios fundamentales del Estado de Derecho, y a recordar que es en la justicia y en la equidad, y no en la fuerza o en la imposición, en donde se mide el verdadero alcance del poder legítimo. El poder que se ejerce con la violencia y la arbitrariedad es espurio, sólo el que se practica con la justicia sobrevive el escrutinio del tiempo, y da sostén verdadero a la organización social. La historia del ser humano ha sido un constante experimento de prueba y error para encontrar el camino a ese poder justo, a esa autoridad capaz de velar sobre la convivencia social sin vulnerar al individuo, sin invadir la esfera de derechos inalienables que todos disfrutamos por el hecho de nacer.

            Ha sido un camino largo y empinado, lleno de trampas y desviaciones. Y ha sido, sobre todo, un camino asediado por la tentación de tomar atajos. Una y otra vez ha quedado demostrado que la senda de la democracia, por más lenta, por más imperfecta, sigue siendo la única senda que conduce con seguridad a la justicia. Todas las otras vías que se adopten, el atajo de la opresión y el de la vulneración de garantías individuales; el atajo de la invasión de la esfera de privacidad y el control sobre la vida personal; el atajo de la concentración del poder para agilizar los resultados, son, a lo sumo, pérdidas de tiempo. Esa es una lección que podemos extraer fácilmente de las dolorosas experiencias de repúblicas latinoamericanas, que quisieron llegar a la justicia por la vía de la dictadura, y han tardado años en deshacer el trecho recorrido en la dirección incorrecta.

            Venimos aquí, entonces, no sólo a celebrar la inauguración de un año judicial, sino a inaugurar un año judicial democrático, y eso es algo que tenemos que recordar cuando encaramos los complejos desafíos que el 2009 nos presenta. Como ustedes saben, el mundo enfrenta la peor crisis económica internacional de los últimos ochenta años, una crisis que nos ha afectado visiblemente y que todavía nos puede afectar mucho más. No se trata sólo de los trabajos que se pierden en la empresa privada, o de la inversión extranjera directa que dejaremos de recibir. Hay efectos sensibles para la administración de justicia que deben ser analizados con detenimiento, en las discusiones sobre este nuevo año judicial. Este año habrá menos personas dispuestas a pagar abogados para llevar procesos en los tribunales, y habrá también menos personas capaces de pagar las condenas monetarias que esos procesos impongan sobre ellos. Habrá un incremento en las causas cobratorias, y el precio de los bienes embargables probablemente decrezca. Habrá mayores casos de incumplimiento de derechos laborales, en particular los relativos a la terminación del contrato laboral, y menor capacidad de pago por parte de los patronos. Habrá un aumento en los juicios por quiebra e insolvencia, y una mayor complejidad a la hora de asignar los recursos a los diferentes acreedores. Los ingresos del Gobierno serán menores durante este año, y eso se verá reflejado en el Presupuesto de la República para el año 2010. Y sobre todo, mucho me temo que la crisis internacional tenga un efecto nocivo sobre la criminalidad, al generar condiciones propicias para al surgimiento de la delincuencia.

            A través del Plan Escudo, este Gobierno ha realizado esfuerzos ingentes por proteger a la población costarricense, y paliar los efectos de la crisis internacional, particularmente los efectos sobre la población más vulnerable. Este año llevaremos las pensiones de Avancemos a 150.000 estudiantes en todo el territorio nacional, porque sabemos que los jóvenes en riesgo de salirse del colegio se encuentran también en riesgo de engrosar las filas de la delincuencia. También perdonamos las deudas con el BANHVI a familias que no tenían capacidad de pagar, porque sabemos que el hacinamiento y la falta de un techo digno son factores que inciden sobre los índices de criminalidad de un país. Estamos impulsando diversos proyectos para proteger y aumentar los empleos en nuestro país, y evitar que la falta de ocupación lleve a muchos a buscar fuentes ilegítimas de ingreso. A pesar de las presiones, nos hemos rehusado a flexibilizar irresponsablemente las regulaciones en materia financiera, porque sabemos que el ahorro público debe ser protegido si no queremos incurrir en onerosos errores del pasado.

Todo esto se suma al mantenimiento y expansión de una red de bienestar conocida por todos los costarricenses, desde las pensiones del régimen no contributivo hasta la construcción de CEN-CINAIs, desde el mejoramiento de la infraestructura hasta la capitalización de la banca estatal; hemos adoptado diversas medidas orientadas no a extinguir la crisis –porque eso está fuera de nuestro control-, sino a aminorar sus efectos sobre las clases más desposeídas de nuestro país.

            Sin embargo, y aún a pesar de esto, es probable que la desesperación y la falta de recursos, impulsen a algunos a cometer delitos durante los próximos meses. Es ahí en donde necesitamos la ayuda de ustedes. Hace un año, cuando las condiciones del mundo eran diametralmente distintas a las actuales, les hablé sobre la importancia de establecer juzgados de flagrancia. Hoy esos juzgados son una realidad, y espero que su funcionamiento se fortalezca, para que continúen rindiendo frutos. También les hablé de la necesidad de que nuestros diputados y diputadas aprobaran con urgencia las leyes sobre seguridad ciudadana que se encontraban en la Asamblea Legislativa. Hoy contamos ya con una nueva Ley de Protección de Víctimas y Testigos. Pero hay todavía mucho camino por recorrer, y necesitamos del apoyo y el endoso de todos ustedes. En particular es urgente la aprobación de la Ley contra la Criminalidad Organizada, que se encuentra en conocimiento de nuestro Congreso y que resulta crucial para combatir uno de los peores males que aquejan a nuestro país: el narcotráfico.

            Y necesitamos también que este Poder Judicial haga un ejercicio de consciencia sobre la forma en que su actuación en materia criminal es percibida por parte de la ciudadanía. Muchos me dirán que la percepción es indiferente para la labor de justicia, y yo les diré que, como alguna vez dijo el abogado y escritor austriaco, Franz Grillparzer, “la justicia no sólo debe realizarse, sino que debe verse que se realiza de forma manifiesta e indubitable”. Muchas personas me externan sus preocupaciones porque, según dicen, los juzgados dejan que los criminales salgan libres y existen casos de reincidentes que han sido detenidos decenas de veces, sin que por ello se encuentren en prisión. Yo comprendo las razones jurídicas en torno a la prisión preventiva. Y sé bien que, en la mayoría de los casos, los jueces actúan conforme con la legislación nacional e internacional en el asunto. Sin embargo, esa explicación la merece también el pueblo de Costa Rica. El Poder Judicial no puede ser una logia en donde se comprendan algunos tecnicismos y principios que se desconocen en el exterior. Si vamos a hablar de transparencia, también tenemos que hablar de la necesidad de hacer el proceso judicial y las decisiones judiciales aprehensibles para el resto de la población. Siempre he dicho que la labor de gobernar es la de educar. Hoy les digo a ustedes que la labor de administrar justicia es también la de educar. La de ponerse en los zapatos de quienes reclaman, la de intentar comprender las razones detrás de la angustia ciudadana. El tema de seguridad es la principal preocupación de nuestra población, y muchos de los reclamos que se realizan vienen enfilados a este Poder Judicial. Es hora, entonces, de revisar a consciencia las propias actuaciones, de modificar lo que deba ser corregido, y de defender, con argumentos y razones inteligibles para todos los costarricenses, aquello que debe ser conservado.

            Sé que ninguna de estas tareas es sencilla, y también sé que ninguna de ellas será suficiente para solucionar, por arte de magia, el problema de inseguridad ciudadana en Costa Rica. Pero eso no es razón suficiente para dejar de actuar.

Amigas y amigos:

Hace 65 años, un pensador estadounidense decía que: “la capacidad del hombre para la justicia hace que la democracia sea posible, pero la inclinación del hombre hacia la injusticia hace que la democracia sea necesaria”. La rendición de cuentas que hemos escuchado por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, es una confirmación de ese aforismo. En Costa Rica la democracia es un componente esencial de la administración judicial, y es nuestra responsabilidad que así siga siendo. Debemos perfeccionar esta labor sin abandonar nuestra adhesión a los valores democráticos, sin traicionar nuestra defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales de los individuos. Hoy tenemos frente a nosotros retos inmensos, producto de una crisis internacional que nos golpea con crudeza, y una inseguridad ciudadana que desde hace varios años roba el sueño de la población costarricense. No dudo de que, con la estrella democrática en la frente, y el sentir ciudadano en el corazón, lograremos encontrar la salida a los más intricados laberintos de la justicia.