PODERES JUDICIALES:   

Necesarios en tiempos de paz, indispensables en las crisis

Dr. Luis Paulino Mora Mora

Presidente

Corte Suprema de Justicia

Apertura Año Judicial 2009

Auditorio Plaza de la Justicia

Reciban una calurosa bienvenida las magistradas, magistrados y demás servidores judiciales de países amigos que nos visitan con motivo de la celebración del Taller preparatorio de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana.  Esta Cumbre se ha constituido en un importante foro en el que nos reunimos los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y  los máximos exponentes de los Consejos de la Judicatura Iberoamericanos, para discutir temas que nos conciernen a todos y buscar soluciones viables a problemas comunes.  Los talleres preparatorios constituyen la forma que se ha ideado para el análisis detallado, por parte de expertos, de los temas que ocuparán la atención de los Presidentes en la Reunión de Cumbre, la que se celebra cada dos años, la siguiente será en Uruguay el año próximo. Igualmente saludamos efusivamente a la delegación del Ministerio de Justicia de Francia que nos acompaña como parte del apoyo al convenio del proyecto piloto de “Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial” conocido como GICA-Justicia, que tiene como objetivo implementar en el país un sistema de acreditación de calidad en cada despacho judicial, orientado a brindar a los usuarios un servicio de justicia de excelencia. Nos sentimos honrados de tenerlos  a todos ustedes en este acto tan significativo para nosotros, en el que rendimos cuentas a la ciudadanía de los avances y retos del sistema de administración de justicia costarricense.

            A los galardonados de este año, Dr. Rafael Sanabria Rojas, Premio Ulises Odio Santos, Dra. Jenny Quirós Camacho, Premio Fernando Coto Albán, y señora Maribel Blanco Ruiz, Premio al Buen Servidor mis sinceras felicitaciones. Sin duda son ustedes ejemplo de la calidad de funcionarias y funcionarios que tiene esta Institución, este reconocimiento también debe apreciarse como un signo de agradecimiento de la Institución para con sus servidores. Veo con mucho agrado que se reconoce, por segundo año consecutivo, el liderazgo que tiene  la mujer en todos los aspectos de la administración de justicia. Este año son dos las homenajeadas.  En el caso de la Dra. Quirós, me siento doblemente satisfecho no sólo porque su reconocimiento obedece al impulso que le ha dado a la oralidad, tema que ha sido una de mis prioridades como política de Presidencia y al que me he dedicado muchos años, sino porque fue mi alumna (también don Rafael lo fue) y a través de la academia tuve la oportunidad de conocerla no sólo en sus aspectos intelectuales, sino por su calidad humana. Felicitaciones también a las familias de los galardonados que sin duda han compartido con ustedes sus desvelos y proyectos.

Debido a la ocasión especial de celebrar este acto en medio de un foro internacional sobre temas de justicia, del que nuestro país es sede, quiero aprovechar esta ocasión para referirme a asuntos menos domésticos o propios de nuestra realidad interna, a efecto de destacar los esfuerzos regionales en pro del fortalecimiento de los sistemas de justicia y de nuestras democracias, y especialmente de la importancia de los poderes judiciales en tiempos de crisis, como la que nos ocupa ahora a nivel mundial.

Para difundir los resultados de nuestro trabajo específico y  con el objetivo de que sea escrutado por los ciudadanos, hemos repartido en versión digital e impresa, un pormenorizado informe de labores del Sector Justicia, integrado por los tribunales de justicia, así como los órganos auxiliares y administrativos; espero que ese informe sea fiel reflejo de cómo invertimos los impuestos de los ciudadanos, con los que se financia al Poder Judicial, y facilite la fiscalización de nuestro actuar en el cumplimiento del mandato constitucional de resolver los conflictos de manera pronta y cumplida.  El hecho de que procuremos año con año dar mayores detalles sobre ese actuar es parte de la política de transparencia que ha tomado como propia la Corte Suprema que me honro en presidir. 

Agradezco profundamente las palabras del Dr. Miguel Julián Collado Nuño, Miembro del Consejo General del Poder Judicial español quien habló en representación de las delegaciones extranjeras. Comparto con él la idea de que en el tema del mejoramiento de la justicia hemos crecido mucho como región y nos hemos fortalecido con el intercambio de experiencias e inquietudes en los distintos foros que ha convocado la Cumbre. Para Costa Rica pertenecer a ese foro y poder aportar y nutrirse de las experiencias  de los países hermanos con quienes nos unen, lazos de amistad, y una herencia cultural común, es un ejercicio necesario y positivo para el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia.

Hace apenas dos décadas, la mayoría de la región apenas iniciaba un tránsito lento hacia la democracia, en el que los poderes judiciales habían jugado un tímido rol frente a las dictaduras. Hoy sabemos que el avance hacia la democracia sólo ha sido posible de la mano de poderes judiciales fortalecidos y comprometidos con el respeto al imperio de la ley.

Pero si una judicatura sólida es importante en tiempos de paz, lo es más aún en tiempos como la que nos presenta la realidad mundial actual, marcada por la crisis económica y la violencia generalizada en todas sus formas. Ciertamente, este siglo que recién comienza nos muestra sociedades convulsas por el descalabro del sistema financiero internacional, aunado a crisis energéticas y retos ambientales que agudizan más la pobreza y desesperanza que ya reinaba en muchas de nuestras poblaciones más vulnerabilizadas. Son miles los empleos y millones de dólares que se perderán en cada uno de nuestros países, solo para agravar el panorama de una América Latina que tendrá que seguir luchando incesantemente por hacer realidad los anhelos y aspiraciones de una vida  próspera, en paz y libertad, con igualdad y dignidad para todos.

En un acto de responsabilidad y transparencia, usted señor Presidente, nos ha anunciado con la debida antelación, que también a nuestro país le toca vivir una época de “vacas flacas”  -para usar su propia frase-   y quiero asegurarle y a los costarricenses, que el Poder Judicial se prepara para hacer frente a esta crisis con la solidez de una institución de más de 180 años. Estamos conscientes que vamos a tener un impacto serio en varios de nuestros servicios y que el golpe de la crisis se va a sentir aquí con mayor fuerza que en ningún otro Poder de la República, ya que a fin de cuentas los Poderes Judiciales somos los receptores de todo el conflicto social y si hay algo que generan las crisis es, sin duda alguna, más conflicto. En ese sentido, anticipamos que el impacto de la crisis se va a sentir con mayor fuerza en algunas jurisdicciones como la de trabajo, debido a los despidos masivos que ya se empiezan a presentar, así como también, se reflejaría en un aumento en la violencia social, que impactará aún más las áreas penales, de pensiones alimentarias y violencia doméstica, que ya de por sí han crecido más del 250% en los últimos años.

La importancia de que las democracias tengan administraciones de justicia fortalecidas, es porque están en capacidad de contribuir a construir sociedades que -tanto en tiempos de paz como de tormenta-, se afinquen sobre valores esenciales que nos permitan mantener un rumbo democrático. En el caso de nuestro país, sin duda alguna el haber invertido en el fortalecimiento de esta institución desde hace muchas décadas fue una sabia decisión de nuestra sociedad, lo cual nos permite tener hoy en día un poder judicial fuerte, integrado por personal calificado, capaz de cumplir su función de guardián y garante del estado de derecho, frente a la avalancha de casos que debe resolver, por ello podemos estar tranquilos en los tiempos difíciles que se avecinan. Estoy absolutamente convencido de que cada una de nuestras funcionarias y funcionarios está comprometido con el país, y hará los esfuerzos necesarios para contribuir con una cuota de sacrificio adicional, durante el tiempo que sea preciso, tal y como ha sido siempre la costumbre de los miles de mujeres y hombres que hoy trabajan al servicio de la justicia. Puedo asegurarles a los ciudadanos que cada uno de nosotros, desde la cúpula judicial hasta el más sencillo de nuestros funcionarios, somos primero que todo costarricenses y vamos a estar a la altura del reto de ayudar al país en estos tiempos difíciles en todo aquello que nuestro ámbito de competencia nos permita.

Hace más de 40 años don José Figueres Ferrer,  sabiamente señaló, que si  los Poderes Judiciales son importantes en tiempos de paz, resultan indispensables en las crisis. En sus propias palabras expresó que:   “…la administración de justicia  no debe ser vista sólo como administración de litigios, sino como pivote del mecanismo social, como ancla del navío nacional en tiempos claros y azotes de tormenta...”

Don Pepe entendió lo inevitable de las crisis así como la necesidad de construir una administración de justicia que pudiera soportarlas. Por eso fue que abogó durante su gestión para que el presupuesto del Poder Judicial fuera de un mínimo del 6% del nacional, consciente de que no hay solidez sin inversión, porque el estado de derecho no se puede sostener en el vacío.  Desde su punto de vista  -tantas veces confirmado por la historia- invertir en justicia es una necesidad estratégica para las democracias.

Señoras y señores  -ciudadanos-   mi mensaje en nombre las compañeras y compañeros magistrados, juezas, jueces y funcionarios de este Poder de la República es de confianza y esperanza. Creemos que tenemos una solidez ya prácticamente bicentenaria con la que enfrentar los tiempos difíciles y lo vamos a hacer con el mayor compromiso, como ha sido tradicional en la judicatura costarricense. Aquí estamos presentes como bastión del Estado, de ese Estado unitario que implica que todos los poderes caminemos juntos por construir las bases del presente y del futuro.

Señoras y Señores, es cierto que enfrentamos una tarea difícil, pero no imposible, si trabajamos juntos en la búsqueda de los temas de interés nacional. He manifestado públicamente en varias ocasiones y lo reitero ahora, que  extraño un diálogo permanente entre los poderes del Estado, diálogo que me parece sano y ventajoso en tiempos de normalidad, pero obligatorio en tiempos de dificultad. Sólo resultados positivos pueden salir de los esfuerzos conjuntos que todo Estado unitario debe tener. Para ejemplo, hace dos años aquí mismo en este foro, propuse que trabajáramos juntos en pro de una agenda conjunta para el mejoramiento de la seguridad ciudadana;  en esa oportunidad anuncié al país la necesidad de promulgar una Ley de Víctimas y Testigos  y hoy esa Ley es una realidad gracias al esfuerzo concertado de los tres poderes del Estado. También lo será próximamente la Ley de Crimen Organizado que fue fruto de ese esfuerzo. Ha resultado ser también un aporte significativo para la lucha contra la violencia urbana, la  creación de los Tribunales de flagrancia, aportes todos, de este Poder de la República, a la causa común de devolver por medio del derecho, el equilibrio social a los ciudadanos. Pero me parece que los esfuerzos de coordinación no se deben quedar ahí; deben ser permanentes, como permanentes son los retos que debemos enfrentar las democracias. Si nos une un destino común y compartimos unos intereses y valores comunes como nación, también como Estado, debemos asumir las responsabilidades en forma conjunta, cada uno desde su ámbito de competencia y naturalmente con el respeto a la división de poderes que es propia de toda democracia. El diálogo entre poderes es  -a mi modo de ver-,  un imperativo, por ello hago un llamado a los Presidentes de cada uno de los Poderes de la República aquí presentes, para que abramos los espacios necesarios para que ese diálogo sea posible y permanente. Es hora de tender puentes y hacer un frente común para el fortalecimiento de la paz social y el cumplimiento del Estado de Derecho, a que estamos llamados por mandato democrático.

En nuestro caso, en lo que a nuestras competencias propias se refiere, para hacerle frente a la avalancha de casos que nos presenta la realidad actual, incluida esta nueva crisis que nos acecha, el Poder Judicial ha venido reforzando todas las áreas donde se atienden materias socialmente relevantes. El 100 por ciento de los jueces supernumerarios que me corresponde administrar como Presidente de la Corte, están dedicados a reforzar áreas sociales como: violencia doméstica, pensiones alimentarias, penal, laboral para mencionar algunas, y estarán durante el tiempo que sea necesario, destinados a reforzar dentro de éstas, aquellas que representen mayor impacto.  Esto coincide con el énfasis que hemos venido dando a las áreas sociales como parte de nuestro compromiso con el Estado Social, de manera que se ve reflejado en una inversión de prácticamente el 64% del presupuesto. Es decir que ya tenemos una importante inversión con qué hacerle frente a las áreas que creemos serán impactadas en forma más directa por la crisis.  Por otra parte, creo que debe llamarnos a la reflexión el hecho de que del total de nuestro presupuesto, más de la mitad se invierte a materias relacionadas con la seguridad ciudadana, llámese policía, ministerio público y demás servicios  relacionados. Esto nos da un panorama muy claro de que el país se enfrenta, lamentablemente con mayor fuerza cada día, a un deterioro de las áreas que garantizan una paz y equilibrio social, como son la familia, el respeto a la propiedad privada e integridad física de las personas, de la mujer, la salud, el trabajador, en fin, de todos los valores esenciales en que se sustenta nuestro desarrollo humano.

Sin duda alguna los poderes judiciales tenemos la obligación de ayudar a construir mejores sociedades, mejores democracias, la construcción de sociedades libres e igualitarias no es posible sin el compromiso de los jueces. De ahí que junto con el reforzamiento de las áreas sociales y el impulso a las Reglas de Brasilia para la atención de las poblaciones más vulnerabilizadas, hemos también atendido el  llamado que ha hecho el Poder Ejecutivo en cabeza del señor Presidente, para tomar medidas concretas que nos ayuden a superar la crisis económica que nos afecta.  Ya la Corte le pedió al Sector Administrativo que le presente una propuesta sobre medidas a tomar para contener el gasto y en la semana próxima nos reuniremos para analizar algunas de esas propuestas.  Revisaremos las partidas correspondientes a gastos de viaje en el exterior, la creación de nuevas plazas, el gasto en combustible.  Comprendemos que debemos tomar medidas para disminuir el gasto en energía eléctrica,  hacer un uso más racional del agua y de los teléfonos, especialmente cuando las comunicaciones puedan hacerse utilizando otros medios de menor valor, así como disminuir el uso de papel -que conlleva también un gasto exagerado en toner- en la tramitación judicial y diferir todos aquellos gastos que no resultan indispensables para mantener un servicio aceptable para la ciudadanía. Vamos a extremar aún más, los controles a la política de sustituciones que representa en la actualidad un monto de 4 mil millones de colones. En este tema yo personalmente tengo muchas dudas de que la política actual de sustituciones sea de verdadera utilidad para el servicio público.

Aparte de eso, estamos en posición de darle un impulso importante a la construcción de obra pública en más de 47 comunidades distintas en los próximos 2 años, que van desde San José a Cóbano, en caso de aprobarse el proyecto “Ley de Financiamiento de las Edificaciones”  que se tramita bajo expediente legislativo número 17.151. Es por ello que insto al señor Presidente de la Asamblea Legislativa, que nos honra hoy con su presencia, para que nos ayude a agilizar esta propuesta que vendría a ser un impulso importante a la generación de empleo en diversas comunidades del país, sin afectar los recursos financieros del Estado, como ya lo aceptó el señor Ministro de Hacienda al contestar la audiencia que se le confirió por parte de la Comisión que analiza el proyecto. Las obras programadas representan un área de construcción de 157, 400 metros cuadrados,  para una inversión total de más de ¢110 diez mil millones de colones.

Por otro lado, además de una inversión millonaria y generación de empleos y beneficios para el sector de la construcción, el proyecto nos permitiría eliminar el gasto de alquileres que para el año 2008  fue de más de 1,550 millones de colones y dotar de mejores condiciones para los usuarios internos y externos que acuden a los tribunales de justicia. Sobra decir que independientemente de estas razones económicas, nos impulsa el empeño de dejar de vernos obligados a alquilar casas y edificios no diseñados para los servicios judiciales -por falta de infraestructura adecuada- y que por ello mismo nos pone en incumplimiento de lo dispuesto en otras de la Ley 7600 “De igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, población que es prioritaria para este Poder de la República, no sólo por el compromiso legal, sino principalmente por el deber ético de facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerabilizadas de nuestro país, según el compromiso adquirido al participar en la aprobación de las Reglas de Brasilia.

           Ciertamente, la realidad actual en general y esta crisis por la que atravesamos, nos confronta con una mayor participación de los poderes judiciales en la vida social, intervención que aumenta conforme aumentan los conflictos.  ¿Cuánto activismo judicial es sano y cuánto es pecado para una democracia? Esta respuesta hay que medirla según la realidad de los tiempos. Lo cierto es que la tendencia de nuestras sociedades se inclina cada vez con más fuerza a apoyarse en la justicia para resolver los conflictos, no sólo personales de los ciudadanos, sino también de las crisis institucionales. Esa realidad, debe constituirse como un llamado a reflexionar sobre hasta que punto resulta posible que los poderes judiciales soportemos el peso de los conflictos institucionales y de las patologías sociales -y ahora también las económicas - y podamos hacerlo efectivamente. Yo no creo que sea sostenible realizar  el proyecto político y social  meramente desde el esquema de expedientes judiciales, porque las  sociedades requieren una construcción conjunta, ciudadanos y Estado y sin duda el Estado se refiere a los tres poderes como un todo.

Por lo pronto, si las democracias tienden a apoyarse en exceso en los sistemas de justicia, lo prudente es entender los efectos positivos y negativos de esas tendencias, pero sobre todo, tener claro que mientras esa realidad no cambie, es necesario invertir en justicia, porque al hacerlo estamos invirtiendo en equilibrio y paz social. Si perdemos eso, perdemos la legitimidad del estado de derecho, columna vertebral del sistema democrático.

Tengo que reconocer públicamente que el gobierno de la República que usted Preside, don Oscar, por medio del señor Ministro de Hacienda, ha sabido entender los signos de los tiempos y por lo tanto la importancia institucional del Poder Judicial y del peso que actualmente tiene en la coyuntura actual, y hemos podido llegar a entendimientos importantes, a pesar a las dificultades que atraviesa nuestra economía. Estoy confiado que esa misma visión será la que guíe nuestras relaciones futuras en materia presupuestaria, después de todo, como bien lo señala en su “Teoría de la Justicia” John Rawls,: “La justicia es la primera virtud de la instituciones sociales...”, por lo tanto,  ser una democracia de calidad o una democracia “light” dependerá en mucho, cuánto entienda la sociedad y la clase política esta realidad.

Señores Presidentes de los Supremos Poderes de la República, compañeros judiciales, invitados especiales, señoras y señores, sin duda alguna la justicia y la gobernabilidad representan un factor de vital importancia en el momento histórico que estamos viviendo. Mi mensaje a ustedes es claro: en el Poder Judicial costarricense, vamos a estar presentes para soportar la cuota que nos corresponde en estos momentos de dificultad, y lo hacemos con responsabilidad, conscientes de que del éxito o fracaso de lo que hagamos depende en gran parte la confianza en la institucionalidad democrática; seremos un bastión en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Los jueces tenemos claro que las mejores leyes se vuelven inútiles sin un efectivo sistema judicial capaz de hacerlas cumplir, por eso no vamos a claudicar en nuestros esfuerzos por cumplir nuestro mandato constitucional de ser los guardianes del estado de derecho. No vamos a ceder -crisis o no-, ni un solo espacio para cumplir nuestro deber.