Costa Rica, Domingo 7 de diciembre de 2008

/PROA

Magistrados de la Sala IV

Seis jueces de piso’e tierra

Doña Juanita Mora trabajó muchos años atendiendo huéspedes en la pensión Santiago para que su único hijo pudiera estudiar.

Corrían los años 50, y el joven Luis Paulino Mora Mora colaboraba en la pequeña pensión familiar mientras terminaba sus estudios en Puriscal, cantón donde nació en 1944.

Fue precisamente en aquella pensión donde el adolescente conoció a dos abogados: don Édgar Sáenz y don Alfredo Rodríguez.

Estos huéspedes lo convencieron de viajar a la capital y de estudiar derecho en vez de agronomía, la carrera que tenía en mente el joven Mora.

Hoy, con 64 años de edad, esos consejos rindieron frutos: Luis Paulino Mora preside la Corte Suprema de Justicia.

Es, además, miembro de la Sala Constitucional, órgano cuyo nacimiento impulsó desde su cargo como ministro de Justicia (1986-1990).

En su oficina de tres salones, ubicada en el quinto piso de la Corte, el hoy magistrado mantiene muy presentes sus orígenes humildes como el puriscaleño hijo de la dueña de una pensión y de un comerciante con aspiraciones políticas.

Estos orígenes se los recuerda el cuadro de Los Quesada, estampa de una casa típica de Puriscal que cuelga en una de las paredes de su oficina.

También se los trae a la memoria el título que le concedió el Concejo Municipal de Puriscal como el “puriscaleño más distinguido del siglo XX”.

En el Olimpo. Para Luis Paulino Mora, como para la gran mayoría de los seis magistrados que hoy componen la Sala Constitucional –originalmente son siete, pero uno se pensionó y no ha sido sustituido–, llegar a ese cargo ha implicado un camino largo y extenuante.

Mora tuvo que salir de Puriscal y pedir cobijo temporal en casa de unos familiares en Moravia. Otros de los actuales magistrados, igual tuvieron que dejar su pueblo natal para asentarse en San José. Gilbert Armijo Sancho, por ejemplo, dejó atrás Esparza para estudiar leyes en la capital.

Con más suerte, Fernando Cruz Castro, Ernesto Jinesta Lobo y Ana Virginia Calzada Miranda –quien preside interinamente la Sala– nacieron y se criaron en San José, pero también tuvieron que trabajar mucho para ganarse el respeto de sus colegas y el puesto que hoy tienen. En cuanto a Adrián Vargas Benavides, es herediano, de familia de abogados, como la de Ana Virginia.

Estos seis jueces de la Sala IV –como los conoce la gente– no son magistrados instalados en un Olimpo lejano, omnipotentes y omnipresentes.

Son personas comunes y corrientes. La mayoría ya tiene nietos, hay quienes disfrutan de usar jeans y camiseta en vez de traje y corbata –como Armijo–; otros tocan el acordeón –Fernando Cruz–; están quienes no se pierden un partido de la Liga –Mora–, y quienes disfrutan de la música de Maná –Jinesta–.

Ana Virginia Calzada teje bufandas para sus nietos en su tiempo libre, y sueña con escribir cuentos cuando se retire de la función pública.

Ellos son el rostro de la Sala Constitucional, uno de los instrumentos jurídicos más importantes de las últimas dos décadas en el país.

Esta Sala, creada en 1989, se ha vuelto familiar para los ticos, quienes recurren a ella cuando el Estado no cumple con su obligación de respetar derechos consagrados en la Constitución, como el acceso a la salud, la educación o el trabajo.

En el último año, los fallos de estos magistrados han sido fundamentales para despejar la ruta al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Este año –que califican de particularmente duro y difícil–, será recordado por el voto a favor del secreto profesional de los periodistas y el fallo que obligó a hacer públicos los detalles de la venta de bonos de la deuda interna a China.

El valor de lo pequeño. El magistrado Gilbert Armijo Sancho creció jugando en potreros, comiendo naranjas y trabajando como boy scout de la tropa de Esparza.

Fue en ese cantón puntarenense donde estudió, siempre en instituciones estatales: “Yo soy producto de la educación pública”, contó en su oficina, en el octavo piso de la Corte Suprema. Armijo creció entre sus responsabilidades como boy scout y una nada despreciable cantidad de tías que le enseñaron la importancia de la lectura y de los valores del ser humano. Esto explica por qué, para él, “los pequeños casos (que llegan a la Sala IV) son quizá los más importantes”.

“Recibir historias de personas con discapacidad, de niños sancionados en los colegios sin cumplir con el debido proceso, de enfermos graves, es lo más importante de mi labor como juez”, sostiene Armijo.

“Usted, Caja (Costarricense de Seguro Social), no puede deshacerse de esas personas”, es lo que intenta decir el magistrado a la institución aseguradora cada vez que defiende en sus fallos a un enfermo que clama por sus derechos.

Durante sus 28 años como funcionario judicial, ese ha sido su norte, como también lo fue durante los largos meses de consulta de las 12 leyes para la implementación del TLC, que enviaron los diputados a la Sala Constitucional.

“Una decisión como la del TLC va a definir el futuro del país por los próximos 50 años. Estas leyes de implementación son lo que la gente percibe con más fuerza”, dice el magistrado.

Su colega de piso y de sesiones sobre constitucionalidad, Fernando Cruz Castro, está comprometido con los temas ambientales, particularmente los relacionados con el uso del agua.

Rodeado de fotografías de sus ancestros, Cruz se crió sobre calle 13, frente a la línea del tren. Desde su oficina puede ver el sitio donde nació, hace 59 años.

Aquellos eran otros tiempos... “Había policías en las esquinas. San José era un lugar muy tranquilo”, rememora.

El único hijo de Claudio Cruz y Jetty Castro, considera al TLC como uno de los retos más importantes enfrentados por la Sala IV en los últimos años.

“Es un buque de un calado muy grande. Es de gran trascendencia y traerá consecuencias al país”, dijo el magistrado.

Presiones. Ernesto Jinesta dice que no olvidará nunca las manifestaciones de decenas de grupos que protestaban contra la Sala Constitucional, en momentos cuando los magistrados analizaban las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio.

Según contó, más de una persona a su paso le lanzaba monedas al suelo, como insulto por los pronunciamientos constitucionales que allanaron el camino al TLC. Los trataron de “ladrones” y de “vendidos”.

Jinesta destacó, en este año, el fallo que obligó al Gobierno a hacer pública la información sobre la venta de bonos de deuda interna a China, y el fallo que reforzó el secreto profesional de los periodistas.

Pero con el TLC hubo presión. Todos los magistrados lo reconocen. Adrián Vargas Benavides fue el responsable de revisar el contenido completo del TLC. Fue un asunto más de rol, de suerte, de lotería.

“Fui el ponente en el Tratado, que no tuvo ningún vicio de constitucionalidad. No encontramos ningún roce con la Constitución. Sabíamos que el TLC iba a venir a consulta. El mes de estudio no fue tan angustioso”, dijo.

“El expediente de la consulta llegó en junio, pero yo desde febrero empecé a informarme con gente de mi oficina. El análisis se circunscribió a temas constitucionales”, agregó el magistrado. Fue un mes completo en que solo se habló del TLC.

Vargas está acostumbrado a tratar casos polémicos. Recuerda, por ejemplo, el fallo que obligó a la Caja a dar medicamentos antirretrovirales a los enfermos de sida, y la resolución que obligó a la Dirección de Adaptación Social a no enviar más personas a la cárcel de San Sebastián.

Duro. Ana Virginia Calzada –única mujer en la Sala IV–, admite que este año ha sido “particularmente especial y difícil”: “Hemos estado sometidos a una presión social y política en un tiempo corto. En un año, tuvimos 13 consultas (sobre el TLC) de las cuales tres fueron simples; el resto ameritó un estudio especializado de los casos”, contó la magistrada.

“Ha sido un año particularmente duro, de muchísimas presiones, sin dejar de lado las otras obligaciones: por ejemplo, la de la mujer que tiene un cáncer de mama y también necesita respuesta rápida por parte nuestra...

“Este año nos ha generado un cansancio especial”, admitió la jueza, quien lleva 16 años de formar parte de la Sala.

Aunque Calzada admite que la consulta del TLC fue un gran paso para la democracia, sí cree que la Sala no debe evacuar consultas legislativas.

Luis Paulino Mora lo resume así: “El TLC ha representado un peso anímico muy fuerte que nos afecta en nuestras condiciones personales; con una desventaja: el juez constitucional debe resolver problemas políticos con herramientas técnicas”.

Los seis magistradospropietarios

Luis Paulino Mora Mora

Motor de la Sala.Durante su gestión como Ministro de Justicia, promovió la creación de la Sala IV. Puriscaleño de origen, es fanático liguista. Trata de no perderse un solo partido. Es creyente, católico. Lleva casado 38 años, tiene cinco hijos y cuatro nietos. Vive en Alajuela, pero tiene una finca en Turrubares. “El costarricense ha encontrado en la Sala IV un tribunal que le da respuesta prioritaria a sus problemas”.

Gilbert Armijo Sancho

Creyente y devoto.Tiene 28 años en la función judicial. Fue elegido en la Sala IV en el 2002. Ex- boy scout , originario de Esparza. Casado, padre de tres hijos, aficionado a la lectura y amante de la naturaleza. Profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR). “Lo más trascendente es que la gente siente que le restauraron los derechos. He sido juez de muchas instancias. El trabajo de ser juez es darle la razón a la gente que la tiene”.

Ana Virginia Calzada Miranda

El toque femenino.Originaria del barrio Santa Eduviges, en Tibás, es la menor de cuatro hermanos. Sobrina nieta de Jorge Calzada Bolandi, uno de los que participó en la Constituyente de 1949. Hija del abogado Juan Rafael Quesada y de Emilia Miranda. Profesora de maestría en la Universidad Nacional (UNA). Mamá de cuatro y abuela de tres. Le encanta tejer y leer. Cuando se retire, le gustaría escribir cuentos.

Adrián Vargas Benavides

El ponente.Herediano. Descendiente de una familia de abogados. Fue el responsable de hacer el estudio de constitucionalidad del TLC para presentarlo al resto de magistrados. Disfruta de su finca en Turrúcares, Alajuela. Le gusta leer biografías y libros de historia. Lleva casado 37 años. Tiene dos hijos y seis nietos. “El TLC es un instrumento que va a traer beneficios para el país. Sabíamos que el TLC iba a venir a consulta”.

Ernesto Jinesta Lobo

El más joven.Tiene 43 años, de los cuales lleva los últimos seis como magistrado de la Sala IV. Su tiempo libre lo dedica a escribir sobre Derecho. Aunque sus raíces familiares están en Alajuela, él es josefino. En la Sala, le satisface trabajar por la protección de los menores de edad, madres solteras, enfermos y discapacitados. “(Con el TLC) se inicia un papel importante de la Sala IV de cara a los próximos 25 años”.

Fernando Cruz Castro

Acordeonista.Se confiesa interesado en los temas de ambiente y agua, así como de las municipa- lidades. Trabaja en el escritorio de su abuelo materno, Jesús María Castro. Rodeado de fotos de sus ancestros italianos, le gusta tocar el acordeón. Es josefino nacido en el centro de la capital es el hijo único de Claudio Cruz y Jetty Castro. “La Sala le facilitó al país una decisión de tanta trascendencia. Yo me quedo tranquilo con la posición de la mayoría”.

Un año difícil en el piso ocho

Un tratado para seis magistrados: la revisión de los 13 proyectos de implementación del TLC obligó a los magistrados de la Sala IV a un esfuerzo adicional. Se les consultó sobre temas como telecomunicaciones y propiedad intelectual.

Otros asuntos.Este año, la Sala IV emitió otros fallos: declaró inconstitucional al Instituto contra el Cáncer, también confirmó el secreto profesional de los periodistas y la ruptura de tope para el goce de las incapacidades, y frenó la extradición de una madre extranjera.