Costa Rica, Sábado 25 de octubre de 2008

/EL PAÍS

Albergue está en la zona de ampliación de la carretera San José-Caldera

Sala IV frena desalojo de hogar de ancianos en Escazú

 Asociación acudió a Sala para detener orden emitida por Ministerio de Salud

 $500.000 costaría al país cada mes de atraso en carretera, asegura el MOPT

Ángela Ávalos R. | aavalos@nacion.com

La Sala IV frenó el desalojo inminente del Hogar de Ancianos Magdala, ordenado por el Ministerio de Salud la semana pasada.

El albergue, donde viven 44 ancianos, está ubicado justo sobre la ruta por la que pasará la nueva carretera San José-Caldera.

Los magistrados acogieron para estudio un recurso de amparo interpuesto por Arturo Álvarez, en representación del Hogar, en el cual argumenta que ninguna institución vinculada con las obras ha ofrecido una solución para reubicar a los ancianos.

Por eso, además de ordenar la presentación de un informe del expediente del caso a los ministerios de Salud y Transportes, la Sala señaló que, en caso de proceder al desalojo, este se realice cumpliendo varias condiciones.

La principal es garantizar a los ancianos el traslado a un lugar que reúna las condiciones para su debida atención.

Plazo. La orden sanitaria número 158-E-R-2008, del 15 de octubre, les daba a los administradores del Hogar dos días de plazo para reubicar a los adultos mayores a su cuidado.

La medida se tomó ante el riesgo inminente que corren las instalaciones del Hogar por la cercanía de maquinaria trabajando en la construcción de la carretera, afirmó la ministra de Salud, María Luisa Ávila.

“Me consta que se le han ofrecido (al hogar) varias opciones de traslado que han sido rechazadas. Nosotros ya giramos las órdenes. Si pasara algo, los responsables de la tragedia serán los de la Asociación”, comentó Ávila.

Por su parte, la ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, detalló en un comunicado de prensa las opciones presentadas al Hogar. Entre ellas, comprar y construir un nuevo centro en Ciudad Colón.

Según González, de no resolverse pronto este problema, el atraso en la construcción de la carretera podría costarle al país $500.000 mensuales.