Proyecto de ley en estudio

FINANCIAMIENTO DE EDIFICACIONES DEL PODER JUDICIAL EN COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

· Las prioridades de construcción del Poder Judicial rondan los 133 mil m2, con un costo aproximado de Ë80.650 millones.

· Zonas como Hatillo, Cañas, Limón, Puntarenas, Liberia, Upala, Jicaral, Cóbano, Nandayure, Matina, Paraíso, Aguirre (Quepos), Garabito, Desamparados, Puriscal, La Fortuna, Poás, San Rafael, Santo Domingo y San Isidro estos tres últimos cantones de Heredia registran necesidades generales de infraestructura.

Andrea Marín Mena

Periodista

Propiciar una fuente de financiamiento confiable para el desarrollo de infraestructura judicial necesaria es lo que se propone con el proyecto “Ley de financiamiento de las edificaciones que requiere el Poder Judicial”, bajo el expediente 17 151, en el cual se trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa para iniciar su estudio.

El nuevo Edificio de Guápiles se inauguró el pasado 24 de octubre.

La iniciativa de ley propone en su único artículo la autorización al Consejo Superior para que tome en arriendo del Fondo de Jubilaciones y Pensiones hasta un 25 % de los dineros disponibles para invertir.

 “… con el propósito de financiar la compra de terrenos, ampliación, remodelación, reforzamiento y construcción de edificios destinados al servicio del Poder Judicial. Las sumas otorgadas en calidad de préstamo devengarán un interés anual, revisable semestralmente, que será igual al mejor rendimiento que a la fecha de los desembolsos o revisión del interés, obtendría el Fondo invirtiendo los recursos, más un punto y medio. El principal y los intereses del préstamo serán reintegrados en los plazos que se indique en cada operación, pero en ningún caso puede ser mayor a 20 años”,  señala el proyecto propuesto.

Los recursos que reciba el Poder Judicial se depositarían en la Caja Única del Estado y se incorporarán al presupuesto de la institución y la ejecución de los dineros seguiría los lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico en materia de ejecución presupuestaria.

“La Asamblea Legislativa no tramitará presupuestos del Poder Judicial que incluyan montos para la compra de terrenos, ampliación, remodelación, reforzamiento y construcción de edificios con recursos provenientes del Fondo, si no se incorporan en la subpartida respectiva del presupuesto, los dineros necesarios para abonar el principal y los intereses de los préstamos que se autorizan en este artículo”,  indica el texto del proyecto.

Actualmente las prioridades de construcción del Poder Judicial rondan los 133 mil m2, con un costo aproximado de Ë80 650 millones. Zonas como Hatillo, Cañas, Limón, Puntarenas, Liberia, Upala, Jicaral, Cóbano, Nandayure, Matina, Paraíso, Aguirre (Quepos), Garabito, Desamparados, Puriscal, La Fortuna, Poás, San Rafael, Santo Domingo y San Isidro estos tres últimos cantones de Heredia registran necesidades generales de infraestructura así como los trabajos de reforzamiento estructural que requieren los edificios de Tribunales del I Circuito de San José y el Edificio de la Corte Suprema de Justicia.

En este momento el alquiler de inmuebles ha suplido la carencia de edificios propios, pese a la dificultad de hallar instalaciones que satisfagan las necesidades de los despachos judiciales y por esta razón, en su mayoría deben readecuarse para hacerlos medio funcionales lo que llevan consigo un costo significativo.

Solo por cuotas de renta para el año 2003, el Poder Judicial erogó la suma de Ë834.299.903; en el año 2005 la obligación por ese mismo concepto alcanzó un monto de  Ë1.200.000.000; en el año 2007 el gasto fue de Ë1.326.997.320 y para el 2008, el gasto proyectado alcanza la suma cercana a los  Ë1.832.489.093.

A partir del año 2005, se han incluido sumas muy importantes de recursos para construcciones; sin embargo, ellas siempre han sido insuficientes, dado que los costos de la construcción. Es así como para el año 2005 se incluye la suma de 3.822.406.760, para el 2006, se aumenta a 4.916.880.013 y para el 2007 se llega a 6.850.889.279, sumas que apenas permiten salir adelante con las construcciones programadas de los proyectos de Turrialba, el II Circuito Judicial de la Zona Atlántica y Grecia.

De esta manera la propuesta de ley impulsa un mecanismo de financiamiento que en  corto, mediano y largo plazo permita continuar, a un ritmo si es posible mayor, la política de construcciones de la década pasada, de modo que puedan irse llenando paulatinamente las necesidades de planta física judicial, incluyendo remodelaciones y reforzamientos, lo que además permitirá ahorrar en alquileres.